El debate sobre la confidencialidad de los precios y las condiciones de uso de los medicamentos ha estado presente durante muchos años. Abogar por la transparencia total, sin considerar profundamente sus efectos perniciosos, puede parecer glamuroso, pero no todo es tan sencillo.
Durante años, diversas entidades con objetivos similares han exigido, a través de los procedimientos de transparencia, conocer los precios y condiciones de financiación de los medicamentos con mayor impacto económico, ya sea unitario o total, en el Sistema Nacional de Salud (SNS). No tengo claro cuál es su objetivo al obtener estos datos, pero, por algunos ejemplos en los que han accedido a esta información, parece que lo hacen solo para publicar su cuantía. No he observado casos en los que aporten un valor social al conocer estos importes; como, por ejemplo, determinar si los procesos de negociación de precios de medicamentos en España son mejores o peores que en otros países. Al contrario, la transparencia parece ser un fin en sí misma, cuando debería ser un medio para lograr algo de mayor valor.
Por ese motivo, y dado que estas entidades y fundaciones aseguran tener objetivos sociales, yo me pregunto: ¿Qué es más importante socialmente? ¿Saber el gasto unitario que se produce en todos y cada uno de los medicamentos financiados con fondos públicos o que ese gasto sea más eficiente y beneficie a más personas? Yo no tengo dudas. Prefiero que mi dinero se gaste lo más eficientemente posible, aunque esta fundación no pueda publicar que un tratamiento que cura un cáncer en un paciente desahuciado cuesta 250.000 euros o 325.000. Y, a este respecto, si ser los adalides de la transparencia en precios hace que un tratamiento pase de costar 250.000 a 325.000 euros, pudiendo utilizarlo, por tanto, en menos pacientes, prefiero mantener la situación actual.
Pero bueno, dejando a un lado esta cuestión y dado que el Ministerio de Sanidad está considerando cambiar la política de preservación de datos confidenciales, como anunció la ministra Mónica García y confirmó el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, es crucial analizar las consecuencias de tal cambio, ya que puede tener graves implicaciones para el SNS, pese a que Padilla asegure que “puede hacerse sin que eso repercuta de forma negativa en la capacidad negociadora de los estados ni en las estrategias de negocio de las empresas farmacéuticas, y todo ello dentro de un marco de fomento de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y mejora de la salud de la población”..
La confidencialidad de los precios surgió como solución a dos problemas en el mercado de medicamentos de la Unión Europea. Debido a las diferencias en el PIB per cápita entre países, es razonable establecer precios diferentes. Sin embargo, si estos precios son públicos, todos los países querrían el precio más bajo, lo que podría resultar en un precio único europeo, perjudicando a los países con menor renta. Además, la transparencia en precios podría provocar desabastecimiento de medicamentos costosos en países con precios más bajos, al ser trasladados a lugares donde se venden más caros. Eso ya sucedía años atrás.
Por otro lado, los acuerdos de las condiciones de uso de los medicamentos pueden incluir cláusulas de interés comercial que las empresas tienen derecho a que se mantengan confidenciales para preservar su posición en el mercado frente a competidores. Por tanto estamos ante una cuestión que afectaría tanto a intereses públicos como privados.
Algunos gestores sanitarios, que antes defendían la transparencia, ahora comprenden sus perjuicios para el SNS. Estas medidas cosméticas pueden parecer atractivas, pero sus efectos se sienten tarde y pueden impactar negativamente la capacidad de compra y, por tanto, al número de pacientes que han podido recibir un determinado medicamento. Por ello, no se deberían dar pasos, sin realizar un exhaustivo análisis, hacia esta transparencia de precios puesto que puede tener un impacto económico en el SNS y sanitario y en la vida de las personas.
Además, es interesante destacar cómo España podría estar tomando un camino opuesto al de otros países europeos, como Alemania, que recientemente aprobó la Estrategia Nacional Farmacéutica, un completo plan que abordaba cuestiones desde la agilización de ensayos clínicos, la digitalización, incentivos a la producción o mejorar el marco de investigación, innovación y desarrollo. También proponía una serie de medidas que garantizaran a la industria farmacéutica unas “condiciones marco fiables”. Entre estas últimas se encontraría la adopción de un sistema que funcionara en base a precios de reembolso confidenciales. Si esta estrategia beneficia a Alemania, con los precios más altos de Europa, seguramente beneficiaría aún más a países con precios más bajos.
Por tanto, recomiendo prudencia a García y Padilla antes de tomar decisiones que puedan afectar la sostenibilidad del SNS y el acceso a innovaciones para los pacientes españoles.
José María López Alemany es director de Diariofarma.
Nicolas Gonzalez Casares: