El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) abordará en su reunión de este viernes un delicado punto en el orden del día, tanto por sus consecuencias políticas, como por su complejo encaje legal, como es la designación de una vicepresidencia de dicho elegida por las comunidades autónomas. El punto en el orden del día viene incluido por las comunidades gobernadas por el PP, que consideran que la actual ministra, Mónica García, necesita este apoyo, ya que “no está a la altura”.
Ha sido el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero el encargado de hacer este anuncio en el transcurso de un encuentro auspiciado por Europa Press, este mismo martes. Bancalero se ampara en el reglamento del propio CISNS y su función sería la de ejercer ese cargo “cuando no esté la presidenta”; es decir la propia ministra.
Los criterios que marca el consejero aragonés para ocupar este cargo pasan por que el ocupante sea ya consejero y aúne “la veteranía, la experiencia o el peso específico que pueda tener poblacionalmente” el territorio donde ejerce sus funciones.
Bancalero ha dejado claro que, en su opinión, el Ministerio “no puede decir que no”, ya que el reglamento del CISNS viene establecido que la presidencia recae en la ministra de Sanidad y que la figura de la vicepresidencia “es desempeñada por uno de los representantes de la CCAA y elegido entre ellos”.
Aunque Bancalero no ha querido decantarse por ninguna persona en concreto, fuentes del Partido Popular señalan que ya existe un consenso bastante serio entre las CC.AA. gobernadas por esta formación política por promocionar al consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, como vicepresidente del CISNS. Aunque desde luego no es el único, el perfil del consejero de la comunidad castellana responde plenamente al perfil señalado por Bancalero. Licenciado en Medicina u Cirugía por la Universidad de Valladolid, cuenta con experiencia en la gestión pública, lleva dos mandatos al frente de la Sanidad castellanoleonesa (desde diciembre de 2021), le ha tocado fajarse con tres ministros de Sanidad, dos socialistas (Carolina Darias y José Manuel Miñones) y una de Sumar (Mónica García) y además cuenta también con experiencia política, pues no en vano fue portavoz de la Comisión de Sanidad en las Cortes de Castilla y León.
El Reglamento del CISNS especifica en su punto tercero se su artículo 2 que “será vicepresidente del Consejo uno de los consejeros competentes en materia de sanidad de las comunidades autónomas, elegido por y entre todos los consejeros que lo integran”.
Para su designación "voto favorable de la mitad más uno de los Consejeros, con el quórum de asistencia previsto en el art. 13". Además "la Vicepresidencia podrá renovarse anualmente, siempre que así lo decida el Pleno del Consejo por mayoría simple, y se hallen presentes en la votación al menos doce miembros. Además podrá presidir los plenos, en ausencia de la ministra de Sanidad.
Fuentes vinculadas a sanidad consideran que el nombramiento de una vicepresidencia es factible, si bien el mismo está muy condicionado a la presencia de la ministra, que por lógica preside todos los plenos del CISNS.
Un reglamento para actualizar
Con independencia de ello, el CISNS y su funcionamiento tienen que abordar un profundo proceso de transformación y este no viene basado por las peticiones de las CC.AA., sino por la propia normativa que aprueba el Gobierno de España.
El pasado 4 de mayo el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto 440/2024, de 30 de abril, sobre criterios de funcionamiento de las Conferencias Sectoriales, en el que se deja claro, que los puntos del orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) pueden ser de carácter decisorio o de recomendación y eso debe quedar claro tanto en la convocatoria como en las actas. De este modo, también se establecerá en estas las administraciones para las que el acuerdo, en su caso, sea vinculante. La consideración del CISNS como una conferencia sectorial ha sido una cuestión que ha provocado bastante polémica política y choque institucional a lo largo de los últimos años desde la aprobación de la Ley 40/2015.
La renovación del reglamento del CISNS para adaptarlo a la Ley 40/2015 se planteó entre 2016 y 2018 por el Gobierno popular y encontró el rechazo mayoritario de las comunidades socialistas y las nacionalistas. Posteriormente, con la pandemia y sin mediar cambio alguno en el reglamento, las decisiones se tomaron como si fuera una Conferencia Sectorial, se cambió la descripción en la web y se argumentaron por primera vez las decisiones de acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico de las AAPP. Pese a este cambio por la puerta de atrás, el Gobierno trató de introducir una mención explícita en la Ley de nueva normalidad acerca de la consideración del CISNS como una conferencia sectorial, pero duró un día por las presiones de los partidos independentistas.
Ya más recientemente, el nuevo Ministerio de Sanidad comandado por Mónica García y Javier Padilla, también han hecho uso de la consideración de Conferencia Sectorial del CISNS, en concreto para la obligatoriedad de uso de las mascarillas en los centros sanitarios decretada el pasado mes de enero. Esa circunstancia debería hacer pensar que el Ministerio tendría entre sus planes actualizar el reglamento del CISNS para adaptarlo a la norma, pero el secretario de Estado, Javier Padilla, no está dispuesto a dar ese paso, “no, por supuesto”, en un escenario en el que el PP tendría mayoría en el pleno del CISNS por liderar el gobierno en 12 comunidades autónomas.
Habrá que ver ahora, con ese mandato genérico que realiza este nuevo real decreto, cuando se actualiza el reglamento del CISNS para dotar el órgano de una seguridad jurídica que ahora no tiene y que aboca a continuas críticas y acusaciones de uso partidista por uno y otro lado.
