La SEFH pone el foco en los aspectos jurídicos clave de la farmacia hospitalaria

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) celebró la semana pasada, en su sede, la jornada ‘Desafíos jurídicos en Farmacia Hospitalaria’, una formación dirigida a Jefes de Servicio de Farmacia Hospitalaria de toda España que contó con la colaboración de Ipsen y Leo Pharma.

La jornada contó entre sus ponentes con Jacobo Fernández, Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, que explicó las líneas del Ministerio en los procesos de actualización legislativa en la agenda del departamento. Vicente Lomas, Jefe del Servicio de Coordinación Jurídica del SESCAM, hizo un amplio recorrido por los más recientes pronunciamientos jurisprudenciales con implicación en Farmacia Hospitalaria y gestión de la prestación farmacéutica.

Xosé Manuel Rey, Asesor jurídico de la SEFH y coordinador de la jornada, destacó que la reunión, “trató de poner el foco en múltiples situaciones y actividades propias de los servicios de farmacia hospitalaria que tienen especial trascendencia jurídica y en muchos casos suponen un auténtico desafío. Hemos contado con ponentes de muy alto nivel que han transmitido a los jefes de servicio de Farmacia Hospitalaria (FH) las claves en aquellos aspectos de la profesión que pueden tener mayor repercusión jurídica, tanto desde la perspectiva de los pacientes, como de los profesionales y el propio sistema”.

Nuria Amarilla, presidenta de la sección de derecho farmacéutico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, declaró durante su intervención que, "la dispensación de medicamentos con resolución expresa de no financiación estatal es un aspecto que plantea dificultades de aplicación, especialmente en la práctica de la FH. Dado que hay pronunciamientos jurídicos divergentes, debería ser aclarado en el marco actual de revisión de la legislación farmacéutica estatal. Es necesario un equilibrio entre el acceso a la prestación farmacéutica a cargo del sistema sanitario público en condiciones de calidad y de igualdad efectiva, y las posibilidades de las Comunidades Autónomas en cuanto a su cartera”.

A continuación, intervino Pilar Jiménez Rius, Subdirectora adjunta de la fiscalía del Tribunal de Cuentas, que explicó que la Ley de Contratos del Sector Público “regula una serie de procedimientos para la adquisición de medicamentos y productos sanitarios que permiten una compra eficiente y de calidad. No obstante, se está valorando la regulación de nuevas técnicas para que la adquisición de dichos productos sea más ágil y rápida. Estas nuevas técnicas o sistemas de selección de adjudicatarios que quieren hacerse hueco en nuestro Ordenamiento Jurídico deben respetar, en todo caso, los principios tradicionales de igualdad, libre concurrencia, publicidad y transparencia. Además, dichas técnicas deberían ir acompañadas de los pertinentes recursos administrativos y jurisdiccionales. Así mismo, no puede olvidarse que los fondos públicos deben ser gestionados de un modo eficaz, eficiente, económico, sostenible y transparente. Por último, conviene subrayar que la gestión contraria a la legislación vigente puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias, contables e incluso penales“.

Líneas rojas 

Por último, Pilar Jimeno, Directora General de inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, explicó que, “a día de hoy, en los Servicios de Farmacia Hospitalaria (SFH) se compaginan el cumplimiento de la normativa, que es una garantía de seguridad para todos, las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas de información y, además, el ser punteros en la labor asistencial manteniendo los conocimientos al día a pesar de la irrupción masiva de nuevas terapias“.

Durante la presentación destacó el marco jurídico aplicable a nivel estatal, autonómico y otros reglamentos específicos, regulando aspectos como la autorización sanitaria, el funcionamiento, las instalaciones, el equipamiento y el personal de los SFH.

Jimeno subrayó la importancia de la Inspección Sanitaria como un mecanismo para garantizar la seguridad, la eficacia y la calidad en la prestación de servicios farmacéuticos, con el Plan Integral de Inspección Sanitaria como herramienta clave para la evaluación y control del cumplimiento normativo. Además, analizó las consecuencias jurídicas de sus actuaciones, detallando las diferentes responsabilidades derivadas de posibles incumplimientos en las normativas civil/patrimonial, administrativa, corporativa y penal.