Retos del nuevo equilibrio económico de los productos sanitarios en oficina de farmacia

La aprobación del Real Decreto de financiación y precio de los productos sanitarios pone fin a uno de los vacíos regulatorios más prolongados del ámbito de la prestación farmacéutica. Durante años, la ausencia de un marco claro de márgenes en estos productos ha generado tensiones entre industria, distribución y oficinas de farmacia, además de una notable inseguridad económica para los agentes implicados. Con la nueva norma, el Gobierno introduce un sistema de márgenes regulados que busca ordenar el mercado y aportar estabilidad a la cadena de suministro, aunque sus efectos no serán homogéneos y, en el corto plazo, pueden trasladar una presión significativa hacia la industria.

El elemento más visible de la reforma es la fijación de un margen del 21 por ciento para la dispensación en farmacia, así como del 6% para la distribución. Estos márgenes, así como los precios podrán ser revisables cada dos años. La medida responde a una reivindicación histórica del colectivo farmacéutico, que venía denunciando la anomalía de gestionar una prestación sanitaria financiada sin una estructura de márgenes definida. En la práctica, muchos productos sanitarios se suministraban con diferencias mínimas entre el precio de compra y el de dispensación, lo que obligaba a las farmacias a asumir costes logísticos, de almacenamiento y de gestión sin una retribución adecuada.

El impacto de esta situación no era menor. Aunque los productos sanitarios representan una proporción relativamente limitada de la facturación total, en torno al 5 o 6 por ciento, su gestión resulta especialmente compleja. Se trata de artículos con alta variabilidad, frecuentemente personalizados y con demanda irregular, lo que obliga a mantener stocks difíciles de optimizar y con riesgo de obsolescencia. En ámbitos como la incontinencia o la ostomía, además, la dispensación está estrechamente ligada a la continuidad asistencial y a la calidad de vida de los pacientes. Desde esta perspectiva, el nuevo marco refuerza la viabilidad económica de la red farmacéutica, especialmente en entornos rurales o de baja facturación, donde cada línea de ingresos resulta determinante para la sostenibilidad del establecimiento.

No es extraño, por tanto, que el sector farmacéutico haya recibido la norma con satisfacción. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) la ha calificado como una demanda histórica, y desde distintos colegios profesionales se subraya que aporta seguridad jurídica y estabilidad a una prestación que forma parte de la función sanitaria de la farmacia. Es de destacar también que, en términos de política sanitaria, el Gobierno refuerza así el papel de la red farmacéutica como canal exclusivo de dispensación y como elemento de cohesión territorial. Eso sí, se reserva que los centros sanitarios puedan dispensar productos incluidos en la cartera pública.

Desde la industria, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha valorado el Real Decreto como un paso relevante en la construcción de un marco regulatorio más estructurado, aunque ha subrayado la necesidad de avanzar en su desarrollo operativo. En particular, la patronal ha insistido en la importancia de dotar al sistema de procedimientos ágiles que permitan tramitar con rapidez las decisiones de financiación, revisión o modificación de condiciones, evitando demoras que puedan afectar al acceso y a la planificación empresarial. Asimismo, ha planteado la conveniencia de que el nuevo modelo evolucione hacia la incorporación progresiva de nuevas categorías de productos sanitarios, de forma que el esquema de financiación y precio pueda adaptarse a la innovación tecnológica y a las necesidades reales del sistema sanitario, sin limitarse al perímetro actual de la prestación.

Sin embargo, el nuevo equilibrio tiene una contrapartida clara. La fijación de márgenes en un contexto de precios intervenidos implica necesariamente una redistribución de recursos dentro de la cadena. A corto plazo, y especialmente para los productos ya incluidos en cartera, el ajuste recaerá fundamentalmente sobre la industria, que deberá absorber la cesión de margen hacia distribución y farmacia sin posibilidad de repercutir incrementos de precio. El propio diseño del sistema establece un calendario de dos años para revisar todo este mercado y limita las revisiones de precios a situaciones justificadas y excepcionales, lo que anticipa un periodo de tensión económica para los fabricantes, particularmente en segmentos de bajo valor o con estructuras de costes ajustadas.

Esta circunstancia introduce un riesgo relevante. Si la rentabilidad de determinadas líneas se deteriora de forma significativa, podrían producirse ajustes en el portafolio, reducción de inversiones o incluso problemas de suministro en productos con menor volumen. La experiencia en el ámbito del medicamento muestra que eso es habitual. En el caso de los productos sanitarios, donde la diversidad es mayor y los márgenes industriales suelen ser más estrechos, esta necesidad puede hacerse aún más evidente.

A ello se suma una segunda consecuencia institucional. La norma incrementa la presión sobre la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), que asume nuevas responsabilidades en el ámbito de los productos sanitarios. El órgano ya soporta una carga creciente vinculada a los medicamentos innovadores, las revisiones de precios y las evaluaciones de financiación. Sin un refuerzo organizativo o sin la plena operatividad del sistema de evaluación previsto en el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, existe el riesgo de que se acumulen expedientes y se ralenticen los procesos de decisión.

A la búsqueda del equilibrio económico se añade otro elemento relevante que define el enfoque del regulador: la incorporación de mecanismos explícitos de control del gasto. El nuevo modelo no solo fija márgenes, sino que introduce un sistema de evaluación y establece la revisión periódica de precios y márgenes cada dos años. Este diseño acerca el ámbito de los productos sanitarios a la lógica ya consolidada en el medicamento, basada en la evaluación del valor y en la monitorización continua del impacto presupuestario. En términos de gobernanza, el mensaje es claro: la estabilidad que se otorga a los distintos agentes queda condicionada a la sostenibilidad del sistema. La revisión bienal permite ajustar el modelo ante desviaciones de gasto o cambios en el mercado, pero al mismo tiempo introduce un elemento de incertidumbre regulatoria que obliga a industria, distribución y farmacia a operar en un entorno de vigilancia permanente sobre la evolución del consumo y el coste público.

En definitiva, el nuevo marco de financiación y precio de los productos sanitarios corrige una anomalía histórica y aporta certidumbre a la dispensación farmacéutica, pero lo hace redistribuyendo los equilibrios económicos del sistema. El éxito de la medida no dependerá únicamente de la fijación de márgenes, sino de la capacidad del regulador para gestionar sus efectos. En este sentido, debe facilitar revisiones cuando sea necesario, acelerar la introducción de los nuevos grupos en la cartera financiada, evitar sobrecargas administrativas y mantener condiciones que garanticen la continuidad del suministro. Solo así el avance en estabilidad para un eslabón no se traducirá en nuevas tensiones para el conjunto de la cadena y, en última instancia, para el propio sistema sanitario.

José María López Alemany es director de Diariofarma.