El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Esta reforma integral actualiza un marco normativo con más de dos décadas de antigüedad con el objetivo de adaptar la regulación a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud (SNS). "El nuevo texto busca reforzar la estabilidad en el empleo, mejorar las condiciones laborales y favorecer una planificación eficiente de los recursos humanos", aseguran desde el Ministerio de Sanidad, si bien, las negociaciones de su aplicación vienen siendo el principal conflicto que, hasta el momento, ha tenido la ministra de Sanidad, Mónica García, con los profesionales médido. La validación de esta reforma se produce un día después de otra infructuosa reunión del Ministerio de Sanidad con seis sindicatos médicos, que mantienen la convocatoria de una huelga nacional del 15 al 19 de junio.
En cuanto al contenido, el documento limita la duración de los nombramientos temporales en plazas vacantes para el personal interino a un máximo de tres años. Asimismo, establece la obligatoriedad de convocar procesos selectivos para la adquisición de la condición de personal fijo al menos con carácter bienal. En los supuestos donde se acredite un abuso de la temporalidad, la ley prevé una compensación económica equivalente a 20 días de retribuciones fijas por año de servicio.
En lo relativo a la ordenación del tiempo de trabajo, el texto introduce regulaciones orientadas a evitar la carga horaria excesiva del personal de los servicios de salud. La jornada máxima semanal se redujo a 45 horas, un límite que el departamento de Mónica García sitúa por debajo de las 48 horas exigidas por la normativa europea. En cuanto a la jornada de guardia, por primera vez se fijó un límite máximo de 17 horas de trabajo efectivo, siete menos que en la actualidad, y se garantizó que se ejecutará sin pérdida retributiva. El texto matiza que la suma de la jornada ordinaria y la guardia no podrá exceder este tope, si bien permite su ampliación a 24 horas en puestos de difícil cobertura, fines de semana o festivos, siempre que medie el consentimiento de los trabajadores y un informe favorable de prevención de riesgos.
Las libranzas y los descansos obligatorios derivados de la actividad de guardia no generarán en ningún caso deuda horaria, lo que impedirá que dichos periodos puedan ser requeridos con posterioridad como jornada ordinaria. La norma estipula además un descanso mínimo de 12 horas ininterrumpidas entre jornadas y un descanso semanal mínimo de 24 horas ininterrumpidas, al cual se suma el descanso diario. Por otra parte, se estructuró la clasificación profesional del personal sanitario y de gestión en grupos que van del cuatro al ocho, atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso conforme al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente.
Oposición de las fuerzas políticas
El principal frente de rechazo político a la iniciativa lo lideró el Partido Popular, que exigió la retirada inmediata del proyecto normativo. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social de la formación, Carmen Fúnez, acusó al Gobierno de promover un "auténtico antiestatuto" elaborado sin consenso con los profesionales sanitarios ni con las comunidades autónomas. La dirigente popular criticó la ausencia de la ministra de Sanidad en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros y señaló que se desconoce la posición de departamentos clave como los ministerios de Hacienda y Función Pública respecto al contenido económico y técnico de la reforma.
Desde el ámbito autonómico, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, censuró que el ministerio intente proyectar responsabilidades propias en las comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad, que convocó un Consejo Interterritorial de Salud para informar a las autonomías, recordó que el texto concede un periodo de cinco años para que los servicios de salud regionales realicen las adaptaciones organizativas necesarias en materia de jornada. Sanidad remarcó que, a partir de este marco básico común, corresponderá a las comunidades autónomas desarrollar e implementar las medidas a través de sus competencias en políticas de recursos humanos y negociación colectiva.
Conflicto con las organizaciones médicas
Pese a que el Estatuto Marco cuenta con el pacto de sindicatos del sector como CC. OO., UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde, las organizaciones médicas mantuvieron sus protestas. El comité de huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, el Sindicato Médico de Euskadi y el sindicato gallego O'mega, consideró la aprobación una mala noticia y una irresponsabilidad. Los facultativos exigen un marco de regulación propio e independiente del resto de profesionales del sistema de salud para negociar sus condiciones laborales, una opción que el Ministerio de Sanidad descartó desde el primer momento.
Los representantes de los médicos denunciaron que, aunque tienen presencia en las negociaciones de la norma común, carecen de voto. Asimismo, criticaron que la limitación de las guardias a 17 horas no modificará el sistema real actual y lamentaron que se les imponga una jornada máxima de 45 horas semanales mientras el resto de los empleados públicos avanza hacia las 35 horas. Como muestra del malestar, facultativos de Madrid, Cataluña y La Rioja optaron por suspender las denominadas peonadas voluntarias destinadas a reducir las listas de espera. La Organización Médica Colegial también lamentó la aprobación al considerar que el texto se sacó adelante sin el consenso de la profesión.
La norma aprobada crea además la categoría de personal estatutario investigador, vinculada a la posesión del título de doctor, donde estos profesionales dedicarán al menos el 50 % de su jornada ordinaria a la investigación sanitaria. Igualmente, el Estatuto Marco determina que los jefes de servicio y puestos directivos no podrán compatibilizar su actividad con la sanidad privada, y establece que la selección de la gestión directiva se realizará mediante convocatoria pública y libre concurrencia. Tras este primer trámite, el anteproyecto inicia el periodo de audiencia e información pública antes de ser remitido al Congreso de los Diputados.
Lilisbeth Perestelo: 
