No aprovechar todas las estructuras sanitarias, ¿en beneficio del paciente?

Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.

El sistema sanitario español cuenta con numerosas estructuras al servicio del paciente que por diferentes motivos no son utilizadas en toda su extensión. Me estoy refiriendo, especialmente, a todo el sector privado existente nuestro país y, cómo no, a las oficinas de farmacia, entre el mismo.

No alcanzo a comprender cuál es la razón para que desde la Administración Pública se pueda entorpecer la labor que entidades privadas realizan en el ámbito sanitario. Cualquier actuación que hagan, siempre irá en beneficio del sector público al reducir la presión asistencial sobre el mismo. Además, en el ámbito de la farmacia comunitaria, no hay competencia posible que se ofrezca desde el ámbito público por lo que todavía menos entendible que el sistema no las utilice en todas sus posibilidades. Considero que es una ineficiencia que no debería ser aceptable.

El beneficio del paciente debería ser lo único que dirigiera las acciones del ámbito público como regulador. Ese ámbito, tanto nacional como regional dispone de diversas herramientas para promover la salud entre sus ciudadanos. Una de ellas es, lógicamente, los servicios regionales de salud. Pero no son los únicos, como ya comentado antes, cualquier organismo o institución que pueda concertar sus servicios con sistema público debería ser utilizado sin ningún tipo de problema, si el paciente y la sociedad se beneficia con ello. Lo importante no es quien gestiona las estructuras sanitarias sino asegurar que se pueda acceder con financiación pública, que no discrimine, que sea equitativa y sobre todo, que sea de calidad.

En los últimos tiempos, también estamos viviendo una revolución el ámbito de la farmacia comunitaria, en el que ofrece sus servicios profesionales farmacéuticos asistenciales para abordar las demandas de los pacientes y trabajar mejorando su salud. En muchos casos, estar considerado sector privado reduce o anula las posibilidades de cooperación con el sistema sanitario y limita el acceso, por ejemplo, a la historia clínica de los pacientes. Una información que, recordemos, no pertenece al sistema sanitario sino al propio paciente.

Por ese motivo, la historia clínica debería haber sido desarrollada por el Gobierno como un servicio sanitario para toda la ciudadanía. Y, posteriormente, todos los aseguradores y prestadores de servicios, deberían tener acceso al mismo para ir incluyendo la información pertinente de forma indiferente si se trata de ámbito público o privado. De otro modo, muchos contribuyentes, incluyendo a gran cantidad de funcionarios que optan por la Sanidad privada, no se ven beneficiados por el desarrollo público de un elemento tan importante para la seguridad y asistencia sanitaria de cualquier ciudadanos.

Hace unos meses, en el congreso de Atención Farmacéutica celebrado en Burgos, se presentó el proyecto piloto de Medafar. Un proyector la efectividad y seguridad de los tratamientos farmacológicos y que tiene como herramienta la comunicación entre los médicos y los farmacéuticos. A estas alturas del siglo XXI, resulta profundamente llamativo que teniendo las herramientas adecuadas para ponerlo en marcha, existan cuestiones que sin poner al paciente como centro de cualquier decisión, impiden su generalización en todo sistema Nacional de salud.

Otro ejemplo de ineficiencia del sistema es el uso que durante muchos años se ha hecho de la receta médica del sistema Nacional de Salud. Habitualmente la receta ha sido vista tanto por la administración como por los profesionales como un cheque al portador para que el paciente acceda a los medicamentos que el prescriptor consideraba y no un documento clínico. Esto explica que los sistemas de prescripción del sistema público no incorporen todos y cada uno de los medicamentos autorizados por la Agencia Española de Medicamentos (Aemps), independientemente de su estatus en cuanto a su financiación pública.

Esta misma semana, los profesionales de la Enfermería han elevado el tono de sus críticas a la Farmacia. Y a las quejas por una supuesta invasión de competencias, que en algún caso podría estar justificado, se le ha sumado la crítica populista de que impulsar los servicios profesionales farmacéuticos es privatizar la sanidad. Aunque pueda sonar demagógico… ¿qué diferencia hay entre pagar por un servicio (su salario mensual) a un particular, aunque sea enfermero o médico, o pagar a otro particular, un farmacéutico, por servicio? Ambos son ciudadanos 'privados' con los mismos derechos a trabajar con y para el sistema público. 

Creo que va siendo hora de abandonar esos atavismos del siglo XIX, según los cuales la única sanidad ‘válida’, ‘justa’ y ‘financiable’ con fondos públicos es la gestionada directamente por las administraciones públicas.

Yo creo que esta visión no es acertada. Como ejemplifica perfectamente el exconsejero catalán Boi Ruiz acerca del servicio de Taxi: la administración establece las condiciones del servicio, sus precios y las características del vehículo, pero ni el coche es propiedad de la administración ni el taxista es empleado público. Y aún así, ¿alguien duda de que el taxi es un servicio público? Tal vez la solución, entonces, sea ponerle a las farmacias un cartel de ‘SP’ en la puerta.

Más allá, los enfermeros critican que los farmacéuticos no sean ‘legalmente’ especialistas en farmacia familiar y comunitaria. A este respecto cabe recordar que los títulos de especialista se reservan solo para ser otorgados por la Administración, pero eso no quita que se puedan otorgar títulos privados con una formación suficiente y equivalente a la pública para cualificar adecuadamente a estos profesionales.

La lucha entre profesiones frente a la invasión de competencias de otras me recuerda a la lucha contra la innovación y la introducción de tecnologías en el ámbito laboral. La ruptura del status quo que antes hizo la máquina de vapor o, en un futuro harán los robots, hoy lo hacen algunas profesiones que quieren desarrollarse. No digo que cualquiera pueda tomar parte en una cuestión tan delicada como la salud. Pero sí que asegurando un nivel de cualificación mínimo se puedan ofrecer diferentes servicios en beneficio de los pacientes si se realizan con la misma o mayor seguridad, eficacia y eficiencia que si lo hiciera otro estamento.

Por todo ello, creo que la Administración debe ocuparse de utilizar de la forma más eficiente posible los recursos que toman de los ciudadanos en forma de impuestos. La aseguradora pública Seguridad Social no tiene por qué concertar servicios exclusivamente con el proveedor público Sistema Nacional de Salud. Y, además, las profesiones sanitarias deben olvidarse de luchas entre ellas y pensar solo en beneficio del paciente.