En el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense (UCM) se ha celebrado una jornada, titulada 'Retos en Salud Pública para la Enfermedad Hepática', donde se ha analizado lo andado en el tratamiento de la hepatitis C y también lo que queda por andar.
Rubén Moreno, vocal en la Comisión de Sanidad del Senado por el Partido Popular, ha recordado la situación vivida en 2015, con la aparición de los nuevos antivirales de acción directa, que pusieron al Departamento del que él formaba parte en esos momentos en un aprieto, ya que las compañías pedían cantidades superiores a los 60.000 euros por tratamiento. Una de ellas era precisamente Gilead, patrocinadora de este evento.
Moreno recuerda que "el precio de los fármacos era muy caro", y que fue la negociación que llevaron a cabo con las empresas suministradoras, y la colaboración de todo el Sistema Nacional de Salud, las que propiciaron que, a día de hoy, sean ya 140.000 los pacientes tratados. "Si se calcula en términos de PIB Nacional, los ahorros por el Plan (se refiere al Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, que incluía la financiación de los tratamientos) superan un punto del PIB, más de 10.000 millones de euros".
No obstante, se calcula que puede haber actualmente en España unos 70.000 pacientes aún sin tratar, de los que un 30% ni siquiera habría sido diagnosticado. El vocal del PP en el Senado abogó por "aplicar esa misma audacia para dar el último empujón y llegar a la eliminación de la enfermedad".
Se trata de un reto planteado por la OMS para 2030, y que según estudios prospectivos citados por Javier García Samaniego, coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas, solo cuatro países estarían en disposición de poder alcanzarlo: España, Islandia, Egipto y Francia.
Según este experto, España está en "una posición excelente", aunque necesita aún identificar "a los que lo tienen y no lo saben", lo que requiere una fórmula para el cribado poblacional. De hecho, varios de los participantes aludieron a la nueva Guía de Cribado de la Infección por Hepatitis C, publicada por el Ministerio de Sanidad, que incluye un listado de casos de riesgo donde la realización de la prueba estaría indicada. De momento, queda excluida la aplicación a grupos ajenos a este listado, a la espera de que la red de agencias evalúe el coste-efectividad de esta medida.
García Samaniego se refirió también a la posibilidad de aprovechar las operaciones de cribado que se están planificando para detectar la Covid-19 para integrar ahí este cribado de la hepatitis C y poder sacar a la luz un buen número de esos casos que siguen ocultos o desconocidos. Como punto de partida, se sabe que la hepatitis C ataca más a hombres mayores de 50 y mujeres mayores de 70 años.
Con esta aproximación coincidió el ex portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado, José Martínez Olmos, quien opinó que hay ya herramientas, como la historia clínica informatizada, que puede usarse para "a partir de la definición de los criterios de riesgo, comenzar a llamar a personas para realizar el cribado", una solución en la que también coincidió Moreno, quien remarcó la necesidad de que el SNS "deje de ser pasivo, y pase a ser activo", y, en caso de que detecte posibles pacientes de riesgo, vaya a buscarlos.
Tanto Martínez Olmos como Rubén Moreno coincidieron también en las oportunidades que podrían ofrecer las herramientas digitales en esta labor de cribado. Sin especificar el cómo, Moreno se refirió a la e-health, la m-health y la teleasistencia como fuentes de soluciones. Para impulsarlas, citó algunos programas europeos que prometen dar un impulso a la digitalización. Martínez Olmos hizo lo propio citando las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, donde la transformación digital es uno de los ejes para esa remodelación del sistema sanitario.
Otro aspecto que se consideró de utilidad, y cuya importancia también salió a la luz en la Comisión de Reconstrucción, es el de la necesidad de mejorar la coordinación entre el espacio sanitario y el sociosanitario. En el caso de la hepatitis C, tanto los servicios sociales, como organismos no estatales como las ONG, pueden servir como detectores de personas en riesgo. Tanto Moreno como Martínez Olmos abrieron la puerta a la participación de estas organizaciones en el cribado, "pero siempre de la mano de la Atención Primaria, para poder garantizar adecuadamente la calidad asistencial y los derechos de los pacientes".