“Hay que actualizar el reglamento del CISNS; está obsoleto y no da seguridad jurídica”

Manuela García Romero, consejera de Sanidad de Islas Baleares, conoce en profundidad el sistema sanitario. A su experiencia como médico especialista en Anestesiología y Reanimación durante 25 años, se le añade la actividad representativa tanto en su sociedad científica, como en el Colegio de Médicos de Baleares, que presidió. También ha tenido responsabilidad como vicepresidenta segunda en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. La consejera de Sanidad de Islas Baleares ha concedido una entrevista a Diariofarma para analizar las claves de su gestión, así como la visión que tiene en relación con la gobernanza del sistema sanitario.

Pregunta. ¿Qué balance realiza de estos primeros meses de legislatura?

Respuesta. Yo creo que es positivo. En estos meses hemos puesto en marcha medidas de fidelización y captación de profesionales sanitarios que han tenido un buen efecto. Había una situación de déficit muy preocupante en algunas zonas, como Ibiza y Formentera. Desde agosto hemos contratado 30 especialistas médicos para Can Misses y tres para Formentera. También hemos desarrollado la estructura de la Dirección General de Salud Pública y hemos iniciado el pacto político y social por la salud para fijar unas líneas estratégicas que intenten ir más allá de colores políticos y que abarquen más de una legislatura. Además, hemos incrementado el presupuesto en 110 millones de euros y hemos elaborado un plan de infraestructuras por 437 millones.

P. ¿Qué otras prioridades se han marcado para la legislatura?

R. Debemos potenciar la prevención y la promoción de la salud y los hábitos de vida saludable ya que, no se trata solo de tener una amplia población mayor, sino de que lleguen a esa edad en las mejores condiciones posibles. Además, también tenemos que tratar dignamente a los pacientes con cronicidad, para lo que hay que adaptar el sistema sanitario a los pacientes del futuro, con la creación de nuevas plazas en hospitales y centros sociosanitarios con este perfil.

P. Más allá de las dificultades propias de Baleares por su insularidad, ¿qué otros retos deberán afrontar?

R. Tenemos que conocer a todos los actores que van a formar parte de un proceso para que estén convencidos. Por ejemplo, queremos que la farmacia comunitaria aporte en el control de la medicación de crónicos. Si esto lo hacemos en forma de imposición no tendrá éxito ya que choca con otras competencias y estamentos profesionales. Por ello, lo que hacemos es constituir equipos de trabajo multidisciplinares para generar el proyecto. En cuanto a la prevención, si no solucionas la parte asistencial es muy difícil que las personas valoren la parte de la prevención. Queremos trabajar en bienestar emocional, prevención de salud mental y hábitos saludables, pero estos efectos se verán a medio y largo plazo. Por eso, trabajar en esto choca con la realidad asistencial del momento, ya que hay muchas necesidades que deben estar cubiertas.

P. ¿Esto está relacionado con el pacto social y político que mencionaba?

R. El pacto queremos que se centre en seis retos fundamentales: profesionales; situación de la atención primaria; abordaje de la cronicidad; promoción de la salud; atención a la salud mental; reducción de listas de espera.

P. Ha comentado sobre el papel de la farmacia comunitaria…

R. Sí, es un grupo de trabajo que está aparte, pero que podría entrar perfectamente en el grupo de atención primaria.

P. Baleares es una de las comunidades con menor inversión sanitaria per cápita…

R. … Bueno, este año ya no tanto. Con el incremento presupuestario hecho llegamos a 2.000 euros por cartilla. Es cierto que en años atrás estábamos más bajos. En 2022 en 1.600 y en 2023 en 1.800, lo que sí era la zona baja. Nosotros creemos que deberíamos recibir más financiación por parte del Gobierno Central a nivel sanitario y, además, no tenemos las ventajas que se le dan a Canarias, Ceuta o Melilla, cuando tenemos una situación asimilable ya que tenemos necesidades extra de transporte por vía aérea.

P. De cara a la posible revisión del modelo de financiación autónoma, ¿cuáles serían las peticiones principales?

R. Nos debería dar un plus adecuado por la insularidad y similar a la aportación a Canarias.

P. En un desayuno informativo realizado con la colaboración de Bidafarma ha comentado que muchos profesionales sanitarios del SNS comparten actividad en el ámbito privado. Eso supone que hay mucha sanidad privada en Baleares…

R. Sí, hay mucha cobertura y una proporción elevada. Más del 50% de los profesionales médicos trabajan en sanidad privada, bien en exclusiva o compatibilizándolo.

P. Además, tienen un plan para garantizar la cobertura sanitaria a visitantes extranjeros a través de esos centros privados, ¿no?

R. Sí, estamos intentando encontrar la fórmula legal. Esto ya se hizo por el anterior gobierno durante la pandemia. Baleares duplica su población en periodo estival y son personas que deben ser atendidas. Lo que sucede es que se colapsan las urgencias de los hospitales públicos, por lo que intentamos que quienes vengan con la tarjeta sanitaria europea puedan ser atendidos en los hospitales privados.

P. ¿Cómo valora las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, en relación con el ‘blindaje’ de la gestión directa? ¿Cómo afectaría a Baleares?

R. Ese blindaje no se entiende mucho ya que debería ser algo para todos los territorios y, que yo sepa, en Cataluña, el 70% de la sanidad se ofrece mediante gestión indirecta. Creo que es una equivocación ya que la gestión directa en muchas ocasiones es eficiente, rápida y puede favorecer obtener resultados en corto plazo.

P. ¿Y qué posición tendría Baleares ante un propuesta firme de derogación de la Ley 15/1997 de nuevas formas de gestión?

R. Nosotros defenderíamos la existencia de gestión indirecta.

P. Ya que hablamos de la ministra. ¿Cómo valora estos primeros meses?

R. Creo que todavía es pronto para hacer una valoración. Cuando alguien llega a un puesto de responsabilidad tiene que adaptarse, pero las primeras actuaciones que tomó acabaron irrumpiendo en las competencias de las comunidades autónomas. En esta línea, el rechazo a la orden comunicada del uso obligatorio de las mascarillas no va sobre las mascarillas, sino sobre el fondo, que no estábamos en situación de alerta y menos en Baleares, por lo que se debería haber adaptado, si acaso, a la situación de cada comunidad autónoma. Además, ya habíamos empezado a tomar medidas de control. Supuso una invasión de competencias.

P. Desde el Ministerio se argumentaba que se querían evitar los colapsos habituales e históricos por la gripe y han anunciado que quieren acordar con las comunidades autónomas un plan para evitarlos. “Los colapsos del invierno se previenen en verano”, decía Mónica García.

R. Pero esos planes ya existen. Cada comunidad, cada hospital, tienen sus planes de contención. Este año en Baleares el impacto de la gripe ha sido bastante suave. Ha habido un poco de presión en urgencias, pero pese a ello se ha podido incrementar la actividad quirúrgica en un 15%. No había nada que justificara esa medida. Los profesionales sanitarios sabemos cuándo utilizar la mascarilla. Lo que es indispensable es trabajar en la información de la población, tratándoles como personas responsables y, por otro lado, hacer una campaña por la vacunación.

P. ¿Ha bajado tanto en Baleares como en el resto de España?

R. Sí, porque en Baleares siempre hemos estado por debajo. Hay que adaptar las campañas de vacunación a los ciudadanos de ahora. Si hay que pedir cita, mal vamos. Por ese en un momento determinado abrimos la campaña, diseñada por el equipo anterior, a acudir sin cita y en dos semanas vacunamos el triple. Hay que cambiar la forma de hacer las cosas. El año que viene habrá tres vías: con cita, con horarios determinados, pero sin cita y con vacunación de los niños en los colegios.  Además, iremos por los centros sanitarios para vacunar a los profesionales.

P. En algunos países las farmacias también ponen este tipo de vacuna. ¿Lo están valorando?

R. De momento no lo hemos valorado. Sí que creemos que es importante el papel de altavoz de los farmacéuticos para potenciar la vacunación. Además, también creemos que la farmacia puede trabajar en screening de cáncer de colon o enfermedad de Chagas y estamos valorándolo con ellos.

P. Volvamos al tema del Consejo Interterritorial. Ud. fue muy crítica con la orden comunicada y anunciaron que la iban a recurrir. ¿Cómo está este asunto?

R. Está ahora mismo en la abogacía para interponer el recurso. Tenemos dos meses. Creemos que se invadió una competencia de la comunidad autónoma. Y, además, no estaba justificado. La evolución epidemiológica era normal y, por otro lado, no se había convocado a los expertos en salud pública y alertas. No se realizaron los pasos del procedimiento, no se llegó a ningún consenso y, es más, hubo unanimidad en negarnos a aprobar el documento que se nos dio ya que no lo habíamos podido estudiar con nuestros técnicos. Además, en nuestro caso particular no había ninguna emergencia.

P. Hasta la pandemia e CISNS era un órgano que emitía recomendaciones alcanzadas por consenso, pero desde entonces, por la vía de los hechos se ha impuesto que sea una Conferencia Sectorial… ¿Cree que el Consejo Interterritorial debe ser un órgano ejecutivo?

R. Yo creo que las decisiones se deben discutir y, posteriormente tomar las decisiones por votación, como se hizo en la pandemia. Es importante que se llegue a una conclusión, que sea de la mayoría.

P. ¿Pero cree que hay que actualizar el reglamento que está obsoleto…?

R. Sí, porque el reglamento habla de consenso.

P. ¿Cree que es una prioridad para aportar seguridad jurídica?

R. Sí, creo que ahora es una prioridad.

P. ¿Y cómo cree que puede afectar el hecho de que en el CISNS la mayoría de los votos correspondan a comunidades gobernadas por un partido diferente al de la ministra?

R. Yo creo que no debería afectar. La salud no debería tener color político. La mayor parte de las comunidades, sean del color político que sean, debemos estar de acuerdo en una serie de líneas estratégicas y podemos llegar a estar de acuerdo. Pero es cierto que el Ministerio tal vez no tenga interés en modificar el reglamento por la cuestión de las mayorías.

P. El Gobierno está preparando un real decreto sobre Conferencias Sectoriales, según nos enteramos la semana pasada. ¿Cree que eso debería facilitar que el CISNS sea ejecutivo y que se aclare su modo de funcionamiento?

R. Sería algo muy adecuado. Debemos tener unas líneas claras de cómo debe actuar el CISNS.

P. Más allá de los asuntos de recursos humanos, ¿qué otras cuestiones cree que deberían ser prioritarias para el Ministerio de Sanidad?

R. Creo que a nivel formativo el ministerio tiene muchas competencias y aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, el registro de profesionales, que tiene que trabajar conjuntamente con las comunidades autónomas. Creo que es un instrumento esencial para poder tomar decisiones. Además, hay que actualizar los planes formativos, que en algunas especialidades están obsoletos desde hace mucho tiempo. Hay que trabajar en desarrollar la Agencia de Salud Pública, que puede ser un elemento clave para la toma de decisiones. Igualmente, se debe desarrollar todo lo relacionado con la recertificación.

P. A nivel de medicamentos, ¿cómo ve el funcionamiento del Ministerio en evaluación y precio?

R. Las comunidades han salido de los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) y es algo que nos preocupa. Creo que las comunidades autónomas tenemos mucho que decir en evaluación e incorporación de los nuevos medicamentos.

P. Está en desarrollo el real decreto de evaluación…

R. Sí, y nosotros hemos pedido tener un mayor papel.

P. ¿Qué piensa cuando el responsable de Farmacia llega y le cuenta que, en uno, dos, cinco años, van a llegar muchos medicamentos que van a curar enfermedades que hasta ahora no se podría…?

R. Lo primero son los presupuestos, cómo poder abarcar todo esto. Yo tengo este tema muy claro. Invertir en medicamentos es invertir en salud. Hay medicamentos innovadores, como la inmunooncología y los fármacos biológicos en general, que son muy positivos para los pacientes. Debe haber un equilibrio. En el tema de los CAR-T nosotros estamos ya en condiciones de hacer uno y vamos a optar a hacer un académico dentro del Hospital Son Espases. La mayoría de los nuevos medicamentos se financian y creemos que debe seguir siendo así, pero hay que optimizar mucha parte de la farmacia comunitaria. Hemos creado una subdirección de farmacia dentro del servicio de salud para centralizar y analizar toda esta cuestión. Queremos introducir innovación en la medida que podamos, teniendo intención de que sea la mayoría de la que venga.

P. ¿Cómo valora la evolución del gasto en medicamentos tanto hospitalario como en farmacia?

R. Ha subido muchísimo. Supone ya un tercio del gasto sanitario. No obstante, tengo la idea de que hay muchas innovaciones que tienen un coste-beneficio adecuado. Por ejemplo, los medicamentos biológicos en enfermedades como psoriasis o enfermedad de Crohn, han permitido evitar el uso de corticoides y otros muchos fármacos, así como menos efectos adversos y mejores resultados. Si te quedas solo en analizar lo que gastas en medicamentos, te quedas muy corto. Debe ser lo que gastas y lo que aporta. Muchos medicamentos han cambiado la vida de muchas personas.

P. ¿Qué papel cree que pueden jugar las farmacias en su relación con el sistema público?

R. Los pacientes tienes un contacto mucho más habitual con el farmacéutico que con el médico o la enfermera. Y, además, al farmacéutico le dicen la verdad. Creo que pueden tener una aportación muy relevante, especialmente en zonas rurales. Además, estamos trabajando en dos niveles, con dos proyectos piloto. Por un lado, en un introducir a la farmacia comunitaria en el control de los medicamentos de los crónicos y luego en retornar la dispensación de determinados medicamentos desde el hospital a la farmacia comunitaria, especialmente en tratamientos ya instaurados. Además, creemos que la farmacia es un elemento fundamental en promoción y prevención de la salud.  

P. ¿Estaría de acuerdo en que pudieran acceder a la historia clínica, al historial farmacoterapéutico y que los farmacéuticos puedan también introducir los medicamentos sin receta o del ámbito privado dispensados?

R. Hay que valorar cómo se hace. Sería positivo, pero es necesario trabajarlo de forma multidisciplinar.

P. ¿Cómo se va a solucionar el problema del concurso de 2010 con las 18 farmacias afectadas?

R. Hemos recibido la sentencia y hemos sacado 18 concursos, uno por cada una. Tenemos que retrotraer el proceso a 2010. Los méritos a valorar son los que se tuvieran en esa fecha también. A la vez estamos trabajando en el catálogo de farmacias para el próximo concurso.

P. Las farmacias desde hace más de 20 años están obligadas a devolver parte de su facturación por la aplicación del RDL 5/2000 y desde 2010, hay otra aportación del 15%, algo que también afecta los laboratorios. ¿Cree que habría que pensar en revisar todas estas cuestiones que se pusieron en marcha de forma coyuntural, pero han quedado de forma estructural?

R. Esto debería ser revisado también por el Ministerio ya que es competencia directa suya.

P. Pero al final los beneficiados son las comunidades autónomas…

R. Sí, pero lo tienen que analizar ellos.

P. ¿Tienen en mente alguna medida de control del gasto en materia de medicamento?

R. No, estamos iniciando el trabajo de la subdirección de farmacia y queremos saber en qué nos gastamos el dinero. Previamente no había un responsable adscrito. Ahora estamos revisando todo. Es mucho gasto, una parte muy importante del presupuesto que hay que gestionar de la mejor manera y reducir el gasto superfluo para poder asumir la innovación.