La publicación de la nueva Orden de Precios de Referencia (OPR) ha vuelto a sufrir otro mes de retraso. Iniciada su tramitación el pasado abril, el motivo de la demora ha sido principalmente la obligación de adaptarla a lo que resuelven diversas sentencias del Tribunal Supremo sobre la configuración de seis conjuntos de medicamentos.
Finalizado prácticamente el mes de octubre, su publicación se espera ya para noviembre, lo que supondría que su impacto comenzaría a tener efecto en enero del año 2018, a partir del cual las farmacias tendrían que dispensar a precio nuevo. Este panorama fue descrito por Ana Arana, directora asociada de precio y financiación de MSD, durante el XV Curso de Derecho Farmacéutico de la Fundación Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (CEFI). A su parecer, el hecho de que las OPR (cuatro desde el RD 177/2014) se publiquen cada año más tarde indica que se ha producido “cierta alteración del curso normal de las mismas”.
Arana se preguntaba cómo va a recoger la OPR lo que disponen las sentencias, y los expertos reunidos en la mesa sobre política de financiación y precio de los medicamentos, es decir, Jordi Faus Socio Faus&Moliner Abogados y el propio moderador, Dioniso Docasar, jefe de Área Asuntos Jurídicos de la Dirección General de la Cartera Básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, revelaron que puede haber distintas maneras de interpretar las sentencias.
Otra de las normativas que ha sufrido, más que un retraso, una paralización, es el proyecto de Real Decreto por el que se regula la financiación y fijación de precios, por no gozar del suficiente consenso, señaló Docasar. Sin embargo, tal y como apuntó Faus, sí es necesario contar con una norma que regule estos aspectos de los productos sanitarios, por lo que cree que “hay que confiar en que se reactive el trabajo para renovar este ámbito que se rige por una normativa que data del 1990”, señaló.
Petición de agilidad en el procedimiento de fijación de precios
Durante la mesa redonda se puso de manifiesto la necesidad de que el procedimiento para la fijación de precios de los medicamentos gane en transparencia y agilidad. La subdirectora de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Isabel Pineros, explicó que hacia esta dirección van los cambios realizados en la Comisión Interministerial de Precios, que ha cambiado su composición para aumentar el número de vocales, con más representantes del Ministerio de Hacienda y de las comunidades autónomas.
Pineros aseguró que la voluntad es acortar las negociaciones con los laboratorios (para ello, solicitó que presenten una “buena” propuesta desde el principio) y agilizar la toma de decisiones para que los medicamentos lleguen a los pacientes en el menor tiempo posible. Apoyó estas palabras con datos, según los cuales, el tiempo medio de resolución para la fijación de precios se sitúa actualmente en los 119 días, cuando en 2016 se situaba en 140 y, en 2015, en 164. “Nuestra intención es dotarnos de procedimientos más ágiles, buscando compensar la innovación y asegurando la sostenibilidad”, afirmó.
Mayor transparencia
Otro de los objetivos de la Comisión es dotarla de mayor visibilidad y transparencia, apuntó Pineros. En estos momentos, se está estudiando la fórmula para publicar información sobre las decisiones que se toman relativas a los precios.
Precisamente, la transparencia en el procedimiento fue una de las reivindicaciones que se realizaron durante el desarrollo de esta mesa. Para Faus, hay que poder acceder a los precios a los que financia el sistema, aunque reconoce que hay elementos del procedimiento que es lícito que se mantengan confidenciales, puesto que a ninguna de las partes le interesa hacerlos públicos ni es necesario. En su opinión, hay que encontrar un equilibrio. El jefe de Área Asuntos Jurídicos de la Dirección General de la Cartera Básica coincide con este abogado en que la industria farmacéutica es la primera que no quiere que toda la información sea accesible.
Trabajar en el acceso al mercado desde las fases de desarrollo
Lo que quedó claro con la mesa redonda es que cada vez es más compleja la gestión de la financiación y decisión sobre el precio de los medicamentos. Para Faus, hay que olvidarse de la pretendida distinción entre evaluación sanitaria y económica, dado que las posibilidades reales de financiación juegan un papel muy importante y el medicamento no se para en su autorización.
Según explicó Faus, “se ha acabado la época en que se fijaba un precio para un medicamento y el laboratorio se quedaba tranquilo, dedicándose al siguiente producto. Ahora se van a tener que preocupar del acceso al mercado desde las fases de desarrollo”, así como pensar cómo disminuir un efecto secundario negativo de la innovación, que son las dificultades para permitir el acceso a todos los pacientes. Así, este experto opina que el futuro pasa por la financiación a medida, con fórmulas como el pago a plazos.
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: