Un día después de que se oficializara la prórroga del convenio entre los ministerios de Hacienda y Sanidad, y Farmaindustria, la secretaria de Sanidad y Consumo del PSOE, María Luisa Carcedo, la ha calificado como un acto "impropio de la relación y lealtad entre instituciones", ya que el acuerdo, opina, se basa en "el uso del chantaje al supeditar la ratificación de este convenio por parte de las CCAA al acceso al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)". Asimismo, se ha quejado de la falta de transparencia sobre los mecanismos de devolución en el caso de que el gasto sea inferior o superior al PIB.
Concretamente, Carcedo se ha quejado de "falta de transparencia, tanto en el texto del convenio, como en las explicaciones de los ministros Monserrat y Montoro", ya que, dice, "no aclaran qué destino tendrán las supuestas compensaciones económicas si el gasto farmacéutico es superior al crecimiento del PIB y menos aún cómo se compensaría a Farmaindustria en caso de ser inferior".
Seguidamente, ha rechazado que, "para asegurar un volumen de gasto farmacéutico a Farmaindustria, el Ejecutivo otorgue al convenio funciones que corresponden a la administración sanitaria y a las instituciones creadas para ello". En ese sentido, indica que "es la Agencia Española del Medicamento quien debe asegurar la calidad y eficacia de los medicamentos y que el papel del medicamento en el Sistema Nacional de Salud debe regirse por su uso correcto y racional por parte de los profesionales".
El uso racional para generar ahorros
Sobre la posibilidad de generar ahorros en la factura farmacéutica, ha señalado que ésta debe partir de la promoción de un uso racional de los medicamentos, vinculado a un diagnóstico y prescripción correctos. Y, en este sentido, ha recordado que el gasto farmacéutico "supone el 18% del total del gasto sanitario en España, frente a un 15% de media en los países de la OCDE, mientras que el coste de la Atención Primaria no supera el 14%".
Por último, Carcedo se ha referido a los otros dos puntos que contempla el convenio, que son la garantía del acceso a los medicamentos existente, así como la introducción de la innovación en el mercado español. En cuanto al acceso, asegura que corresponde a "la administración sanitaria", mientras que las inclusiones de nuevos fármacos en la prestación, opina, debe responder "a la evidencia demostrada de su valor terapéutico, acreditado por la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento".
