La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha informado de la organizaron, junto con la Consejería de Sanidad de Extremadura, de un encuentro en Cáceres, bajo el título '¿Es posible reducir el gasto farmacéutico sin comprometer la calidad asistencial?', que reunió a expertos, profesionales, ciudadanos, políticos y gestores sanitarios para analizar la evolución del gasto farmacéutico. La conclusión principal a la que habrían llegado es que es preciso acabar con los conflictos de intereses dentro de los sistemas sanitarios para poder limitar el poder de la industria en la negociación de los precios de los medicamentos y así reducir el gasto.
Y es que, según la información que da FADSP, los participantes en el encuentro coincidieron en que el gasto farmacéutico y en tecnologías sanitarias sigue incrementándose (especialmente el de la farmacia hospitalaria) de una manera no proporcional a la salud producida y está poniendo en grave riesgo no solo la sostenibilidad económica del sistema público de salud, así como la seguridad de los enfermos.
En este sentido, criticaron el actual modelo de innovación biomédica, basado en las patentes, y la necesidad de retornos en el corto plazo, que favorecen estrategias comerciales agresivas; el debilitamiento de las garantías que las agencias reguladoras europea (EMA) y estatal (Aemps) exigen para permitir la comercialización de nuevos medicamentos y tecnologías; el control casi absoluto por parte de la industria de todas las fases de la cadena del conocimiento biomédico (generación, difusión y aplicación; la opacidad, la falta de criterios de interés público y desagregación de los procesos de evaluación y fijación de precios, así como los conflictos de interés que afectan a sociedades científicas y asociaciones de pacientes, instituciones sanitarias (colegios profesionales, organismos de investigación, etc.) y líderes profesionales.
Para terminar con estos problemas, se habría propuesto alinear el sistema de patentes con los intereses públicos; mejorar las garantías de las agencias reguladoras de los productos farmacéuticos y de tecnologías e incrementar la transparencia de los ensayos clínicos y los procesos de evaluación y fijación de precios de los nuevos medicamentos tiene un ámbito europeo y nacional. Además, consideran fundamental que desde las comunidades autónomas, que son las grandes perjudicadas del modelo como pagadores, se fomente el debate político y ciudadano al respecto.
Convenio con Farmaindustria
Una de las medidas que fueron abiertamente criticadas fue el acuerdo de sostenibilidad suscrito entre el Gobierno y Farmaindustria, porque obligaría a un crecimiento de este en relación con el PIB, aunque los presupuestos sanitarios no lo hagan en igual medida. Además, aseguraron que el gasto supera la tasa de crecimiento del PIB real y, sin embargo, no se están produciendo las compensaciones monetarias correspondientes al exceso de crecimiento sobre el PIB real.
Al parecer, los asistentes a la jornada habrían coincidido al señalar que el factor que más puede incidir en la reducción del gasto público ineficiente invertido en medicamentos y tecnologías es la gestión de los conflictos de interés dentro de los sistemas de salud, así como el establecimiento de barreras para que la industria pueda influir en los distintos ámbitos de decisión. Para ello, se propuso la elaboración de una propuesta política, basada en las mejores experiencias autonómicas e internacionales, para la prevención, declaración y gestión de los conflictos de interés dentro de los sistemas de salud.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: