El senador del Grupo Popular, Antonio Román, ha registrado una pregunta en el Senado en la que pide al Gobierno información sobre las actuaciones llevadas a cabo contra los sitios web y aplicaciones móviles ilegales identificadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), tal y confirmó ésta en una nota informativa el 7 de agosto.
En su nota, la Agencia admitía que en los últimos meses había "investigado y realizado actuaciones ante diversas denuncias de venta de medicamentos a través de sitios web y aplicaciones móviles, por sospecha de mediar en la compraventa de medicamentos sin cumplir la legislación vigente", haciendo referencia a la normativa establecida en 2013, y que regula la venta a distancia de medicamentos con el objetivo de garantizar la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos".
Como indica el senador popular, la Aemps reconocía en su nota su preocupación, así como la de las autoridades sanitarias de todo el mundo, por el mal uso que se pueda hacer de estos productos, aunque cuando no estén sujetos a receta médica, si los ciudadanos acceden a ellos sin las debidas garantías de calidad, seguridad y eficacia o acompañados de una información incorrecta.
Por todo ello, Román ha mostrado su interés, y el de su formación, en saber "¿qué sitios webs y aplicaciones móviles, plataformas ilegales de venta de medicamentos on line, han sido identificadas como incumplidoras de la normativa vigente?", así como "¿qué medidas y sanciones se han adoptado al respecto, para garantizar a los ciudadanos el acceso a los medicamentos y asegurar el máximo nivel de protección de la salud pública?".
En su día, cuando apareció la nota de la Aemps, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) emitió un comunicado en el que agradecía a la Agencia la información al respecto, constatando así denuncias que viene haciendo el sector desde hace tiempo. Opinaban que esta iniciativa debía "marcar un antes y un después que ponga fin a la existencia de este tipo de plataformas que confunden a los ciudadanos y a los propios profesionales por infringir la normativa vigente" y advertían a las farmacias, concretamente, "de la ilegalidad que supone participar en plataformas de intermediación".