La Asociación de Farmacéuticos de Madrid (Adefarma) ha remitido una carta y un documento de propuestas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, alertando del riesgo que corre el sector, que está siendo golpeado, como muchos otros, por la pandemia, como consecuencia de la crisis económica que se prevé que va a venir derivada de la misma.
El presidente de Adefarma, Cristóbal López de la Manzanara, habla de "una reducción de la facturación de un 70%" desde la declaración del estado de alarma, a lo que han tenido que sumar "inversiones en material de protección y ventas a pérdidas". Todo ello, sin contar las bajas humanas, aunque la gran mayoría de ellas, por suerte, solo serán temporales.
"El panorama es terrible, pero el futuro que se avecina, con una recesión económica sin igual, nos hace pensar que la sostenibilidad de la oficina de farmacia, tal como la conocemos hoy, está un poco en el aire", afirma López de la Manzanara. Por eso, ha reclamado la aplicación de algunas medidas en los ámbitos profesional y económico que contribuyan al blindar el modelo actual.
En el ámbito económico, piden establecer líneas financieras totalmente bonificadas, o con carencia del principal para acceder a liquidez para gastos corrientes, así como subvenciones a fondo perdido para las inversiones en material de protección frente el Covid-19 (mascarillas, guantes, realización de test para el personal, mamparas). Adicionalmente, reclaman acceso inmediato y tramitación rápida a las líneas de avales establecidas en el RD 8/2020 o a las Líneas ICO de financiación de circulante, completadas por Avalmadrid hasta el 90%, así como la puesta en marcha de un fondo de liquidez inmediato para autónomos.
Finalmente, reivindican la activación de líneas de ayudas directas para compensar los pagos de las cotizaciones de la Seguridad Social; mantener fechas de pago de recetas evitando retrasos; desactivar medidas que supongan una disminución del gasto farmacéutico, tanto hospitalario, como de receta; incrementar el gasto sanitario público hasta niveles de otros países de la UE; la derogación de los reales decretos que establecen las deducciones de la oficina de farmacia por la facturación de las recetas, y una propuesta de gasto en recetas basada en criterios de realidad y objetividad.
En lo que respecta a la profesión, regulada por la Ley de Ordenación, que a priori iba a ser revisada por el Gobierno madrileño, piden que se flexibilice el marco jurídico respecto de horarios de apertura y cierre, con la seguridad debida; el retorno de los medicamentos de Diagnóstico Hospitalario (DH) en condiciones de sostenibilidad económica; el reconocimiento de la atención y dispensación farmacéutica a domicilio, en condiciones determinadas y para casos concretos de falta de movilidad, y la elaboración consensuada del marco legal para el desarrollo de servicios profesionales remunerados.
Asimismo, piden una adecuada regulación de la dispensación de los medicamentos veterinarios, respetando la reserva de intervención de las oficinas de farmacia; mantener la implementación manual de la Tarjeta Sanitaria a la hora de la dispensación para casos justificados de necesidad; reforzar la presencia de la oficina de farmacia en el suministro y la dispensación a centros sociosanitarios; ampliación las categorías laborales en la farmacia, incorporando la figura del farmacéutico autónomo colaborador; la revisión del marco jurídico de las guardias de las oficinas, para que sean remuneradas adecuadamente; la cancelación de las órdenes de precios de referencia durante al menos 5 años; la elaboración de un marco jurídico/económico/profesional para las farmacias rurales; la evitación de cambios en el marco legal de las especialidades farmacéuticas publicitarias que faciliten su salida de las oficinas de farmacia, y la capacitación del farmacéutico de oficina de farmacia para cambiar de forma farmacéutica con el expreso consentimiento del paciente con las debidas condiciones de seguridad y equivalencia.
