La ley de Ciencia debe apostar por la transferencia de conocimiento

La Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados ha acogido este lunes la comparecencia de diversos expertos para conocer sus aportaciones y las necesidades a las que tiene que atender, tanto el Pacto por la Ciencia, como la futura reforma de la Ley de Ciencia, actualmente a debate en la Cámara Baja.

En la jornada de este lunes han participado Ana Polanco, presidenta de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio), Mariano Barbacid, exdirector del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Josep Samitier, presidente de la Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER), Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes; Fernando Cossio, director científico de Ikerbasque, Emilio Lora-Tamayo, Rector de la Universidad Camilo José Cela y expresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec para la innovación.

A pesar de la diferencia de sectores, los expertos reunidos han coincidido en señalar la necesidad de articular medidas que permitan aprovechar la capacidad de producción científica de nuestro país, en beneficio de la innovación ‘made in Spain’ como motor de desarrollo social y económico. Igualmente, las dificultades en garantizar la transferencia de conocimiento y la situación de los investigadores, han sido también objeto de las propuestas de todos los expertos.

La presidenta de Asebio, Ana ha recordado que España es la octava potencia mundial en producción de conocimiento científico y la quinta en áreas como las terapias avanzadas. Ello necesariamente lleva a los temas tratados en la Comisión como “una oportunidad para lograr los cambios necesarios para facilitar la transferencia de conocimiento”.

Las bioempresas consideran la transferencia de conocimiento como un elemento “de reflexión más amplia” para la modificación del modelo productivo y apoyar a los sectores innovadores a lo largo del ciclo de la innovación.

En ese sentido, Polanco ha planteado una serie de propuestas como la flexibilización del marco de ayudas del Estado, la moderación de los criterios que restringen el acceso a las ayudas públicas, la simplificación del proceso de solicitud o la necesidad de una serie de medidas económicas y fiscales entre las que destacan mejorar el mecanismo de monetización de las deducciones fiscales de I+D o ampliar el uso de crédito fiscal

La presidenta de AseBio también ha resaltado la importancia de “crear un entorno regulatorio transparente y predecible, respetuoso con la innovación y que se agilice el acceso equitativo de las innovaciones biotecnológicas al ciudadano”.

Por su parte, Mariano Barbacid, exdirector del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas  se ha manifestado crítico con cómo se va a distribuir la financiación que recoge el proyecto y considera dudoso que España alcance el compromiso de alcanzar una inversión de I+D+i del 1,25% del PIB para 2030.

En ese sentido, Barbacid considera negativo que el texto de la futura ley indique que el incremento para alcanzar ese porcentaje “estará condicionado a las disponibilidades presupuestarias” y demanda que igualmente se incluya en la norma la obligación de una ejecución de al menos el 95% del presupuesto.

“Sin financiación no saldremos del agujero en el que estamos metidos”, ha asegurado, al tiempo que indicaba que el reto del Gobierno debería haberse planteado alcanzar ese porcentaje del PIB “para 2025”.

El exresponsable del CNIO ha señalado también  que el proyecto debe definir “lo más claramente posible” qué se entiende I+D+i y ha defendido que la digitalización, que va a asumir gran parte de los fondos que sustentará esta ley, “es muy importante, pero no es I+D+i”.

Igualmente ha recordado que la los investigadores españoles “con un buen sueldo” y “unas buenas instalaciones”, se puede atraer talento y liderazgo.

El planteamiento sobre la situación laboral de los investigadores en España también ha sido abordado por Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes, que considera que la Ley de Ciencia puede reducir “la precariedad laboral de los investigadores”.

Badiola asegura que el texto “mejorará la situación de los jóvenes investigadores” y además “garantiza por primera vez una financiación de la I+D+i estable y creciente”. También, a su juicio, la modificación de la norma “plantea una reforma de la carrera científica” y la definición de un nuevo contrato postdoctoral “que va a conducir a la incorporación estable de investigadores a las universidades y otros organismo”.

Por su parte, el presidente de ACER, Josep Samitier considera “altamente positivo” el espíritu que marca la reforma. La reforma “debe ser competitiva” y para ello debe impulsar “la movilidad y la mejora de la contratación”.

Samitier también se refirió tanto a la eliminación de la tasa de reposición y la “cuestión del IVA en la ciencia” y se mostró partidario de desarrollar una ley de mecenazgo que “permita la llega de fondos de otros sectores”.

Fernando Cossio, director científico de Ikerbasque, se mostró favorable a que tanto la nueva ley como el Pacto por la ciencia, deben apostar por la retención de talento, si bien, por su propia experiencia, “cuanto más jóvenes son los investigadores, mayor es la proporción de investigadoras es mucho mayor” y apostó por incentivar la incorporación de la mujer a las labores de investigación.

Sobre la reforma de norma Cossio insistió en la necesidad de “dignificar la carrera investigadora” y “en la necesidad de acreditación y procesos de acreditanciones”, así como que la ley “tenga en cuenta los esfuerzos que están haciendo las comunidades autónomas en la investigación”.

Emilio Lora-Tamayo, rector de la UJC y expresidente del CISC, demandó que la ley debe orientarse a reforzar el Pacto por la Ciencia, y “saludó la consideración del personal sanitario en la categoría de investigación”.

No obstante, consideró crucial “la financiación sostenible”, ya que “si no, no dará resultados”. Igualmente demandó el incremento del presupuesto a la investigación y abogó por habilitar cauces que habrán la participación del sector privado.

La financiación no debe hacerse por oleadas, sino que “debemos plantearla de forma sostenida hasta llegar a 2030 al objetivo previsto”, un objetivo que “de por si es ambicioso”. También demandó un plan de mejora de equipos “que en muchos casos comienza a estar obsoleto” e indicó que deberían partir de los Fondos Next Generation, “que tienen una caducidad temporal”.

La última intervención de la jornada correspondió a Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec para la Innovación, quien considera la reforma y el Pacto por la Ciencia como “una oportunidad histórica”.

Nuestro país “cuenta con un ecosistema complejo y maduro” pero considera que hay que plantearse que “el incremento de la financiación viene marcado por los fondos europeos”, que después deberán asumir posteriormente con los recursos del Estado.

Barrero propuso añadir al Pacto de la Ciencia, un ‘pacto de no agresión’ referido a la “no agresión política” cuando se fracase en la experimentación de nuevas formas de gestión y de desarrollo de las ciencias.

El responsable de Cotec considera que “es preciso experimentar nuevas formas de gestión de la investigación” quedando “al margen de la pugna política”.

Por último, Barrero abogó por el desarrollo de “los incentivos fiscales” para las empresas que desarrollan los procesos de innovación, y puso como ejemplo las políticas que en ese sentido están desarrollando Francia y Portugal, frente a la falta de interés que aparentemente está mostrando España.