Reformas inaplazables

Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.

En los últimos días la remota posibilidad de actualización de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, al menos por el procedimiento ordinario, antes de fin de año, se ha evaporado. La disolución de Las Cortes y convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio hacen imposible que se tramite el proyecto de ley de modificación de la Ley de Garantías.

Esta situación plantea una serie de interrogantes en el sector acerca de unos cambios que ya son inaplazables por los problemas que en la actualidad están sufriendo, en primer lugar, los pacientes, pero también el sistema sanitario y otros agentes como la industria farmacéutica. Además, también queda pendiente la modificación comprometida con la Comisión Europea, a través del Componente 18 del Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de diversas normas antes del 31 de diciembre de 2023.

De este modo, a corto y medio plazo, ya que no es creíble pensar que la modificación ordinaria de la Ley de Garantías pueda llegar antes de la segunda mitad de 2024, es necesario poner en marcha estrategias alternativas que permitan sortear los problemas más acuciantes existentes. Identificar estas cuestiones y proponer metodológicamente los procesos necesarios para ejecutarlos, ha sido el objetivo de una mesa de debate celebrada en el 41 Simposio de la Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI) que tuvo lugar la semana pasada en Barcelona y que yo tuve el gusto de moderar.

A lo largo de esa mesa se identificaron principalmente dos aspectos a los que es necesario dar respuesta cuanto antes. Por un lado, establecer un procedimiento de acceso temprano que permita desterrar la aterradora cifra de 500-600 días de espera para la comercialización de medicamentos muy relevantes. Cada uno de esos días de retraso supone, en algunos casos,  vidas. Este procedimiento, basado en normas del derecho administrativo, por lo que se podría poner en marcha de forma inminente, fue planteado de forma simultánea por Jordi Faus, socio director de Faus & Moliner Abogados y por Isabel Pineros, directora del departamento Acceso. Farmaindustria, entidad que habría presentado ya al Ministerio de Sanidad su propuesta. Lo único que habría que cambiar para que esto sea posible, que no es poco, es la confianza que unos actores del proceso tienen sobre otros, que no se cuestionen las decisiones de los órganos que ostentan la competencia y que los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) vuelvan a ser lo que fueron en su inicio, un informe más; y, por otro lado, la existencia de un compromiso firme tanto por parte de la compañía como por la Administración, de alcanzar un acuerdo rápido, sí o sí. Se trata de cambios culturales sobre aspectos que llevan mucho tiempo enraizados, por lo que no será fácil, pero tampoco es imposible.

El otro asunto relevante sobre el que se solicitó cambios fue el sistema de precios de referencia. Mientras que Faus, así como Juan Carlos Saorín, head of Pricing en Roche, abogan por empezar por parchear el sistema para impedir situaciones que derivan en retiradas de comercialización y desabastecimientos o en dificultades de aplicación de las exenciones aprobadas; Pineros considera que el SPR ya esta “agotado” y considera necesaria su eliminación. Según ella, los ahorros económicos que genera no compensan los problemas que crea. En este caso, sí que está claro que cualquier cambio debe venir precedido por la modificación de la ley, ya sea en trámite ordinario o mediante un real decreto-ley. Esta última opción fue planteada por Faus como una necesidad urgente.

Además, es posible que la posibilidad de ver en los próximos meses un real decreto-ley en el ámbito farmacéutico puede ganar enteros si el Gobierno saliente de las urnas del 23J quiere cumplir a toda costa con el compromiso de España ante la Unión Europea.

Cabe recordar que los compromisos de España en el Componente 18 del PRTR, en relación con los medicamentos, incluyen la modificación del SPR; la modificación de la aportación cuatrimestral de los laboratorios por la disposición adicional sexta para abarcar también a las dispensaciones en centros sanitarios; clarificar distintos aspectos de la publicidad de medicamentos; la vinculación de los depósitos de centros sociosanitarios a servicios de farmacia de atención primaria; la dispensación no presencial y telefarmacia. Dado el impacto económico de algunas de las propuestas planteadas, no me extrañaría que la vía utilizada para su aprobación fuera el decreto-ley.

En cualquier caso, estoy de acuerdo con la petición de Faus de aprovechar los meses por delante hasta que un gobierno se pueda hacer cargo de los cambios necesarios. Todo lo que se avance a nivel técnico en consensos que permitan concretar procedimientos que den respuesta a las necesidades actuales es tiempo ganado para dar respuesta a las reformas inaplazables que necesita el ámbito del medicamento.

José María López Alemany es director de Diariofarma.