El Rey Felipe VI ha propuesto este martes a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno, tras el fallido intento que llevó a cabo la pasada semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. El actual presidente en funciones ha asegurado “sentirse honrado” y “consciente de la responsabilidad”. Por el momento, no hay día para iniciar este segundo debate y la presidenta del Congreso Francina Armengol, quien oficialmente ha comunicado el anuncio, ha condicionado la fecha a que “estén maduras” las negociaciones con los probables socios del presidente en funciones.
Aunque como ha señalado Armengol “hay margen” de tiempo suficiente, ya que el plazo máximo para una nueva convocatoria electoral es el 27 de noviembre, el actual jefe del Ejecutivo aborda un mes de octubre en el que deberá hacer un delicado trabajo de negociación con socios, que mantienen criterios distintos en muchos campos de la actualidad política , incluido el sanitario.
La continuidad de un Gobierno socialista, coaligado con Sumar y apoyado por independentistas y nacionalistas catalanes y vascos, arroja un balance complicado de gestionar en el plano sanitario, donde, a pesar de que los principios generales pueden ser parecidos, los detalles de la negociación evidencian cuestiones insalvables.
Sánchez, según su programa electoral, está dispuesto a llevar adelante una agenda sanitaria basada en la gestión de esta legislatura que todavía sigue vigente, con importantes anuncios en relación a la salud mental, lista de espera y refuerzo de prestaciones. Sin embargo, tendrá que hacer frente a las peticiones de su previsible socio en el Gobierno; Sumar, que según algunas fuentes, no descartaría incluso hacerse con la cartera sanitaria, en caso de llegar a buen puerto esta segunda investidura.
Yolanda Díaz ha asegurado, como al inicio de toda negociación, que esta “no va a ser fácil”. Desde Sumar, se aspira a contar con cuatro ministerios y el de Sanidad, según algunas fuentes, podría ser una buena cartera para abordar cuestiones como la Ley de Equidad, cuya redacción supuso ya una brecha entre los dos sectores del Gobierno en la actual legislatura, debido al diferente concepto de ‘privatización’ que defienden ambas partes, la eliminación de las guardias de 24 horas, el incremento del gasto sanitario al 8% del PIB y otras cuestiones que se han quedado en la carpeta de pendientes de esta legislatura, como la Ley del Medicamento y la Agencia de Salud Pública, entre otras.
El resto de socios necesarios para extender el mandato de Sánchez una legislatura más no formarán parte del Gobierno, pero venden caro su apoyo a la investidura, también en el plano sanitario. PNV y EH Bildu, han hecho llamamientos a la gestión de la FSE desde las comunidades autónomas, al menos en el caso vasco, mientras que desde el lado catalán, ERC y Junts han incluido en el paquete de acuerdos que condicionan su apoyo, el incremento de la financiación de la sanidad catalana por parte del Estado.
Oriol Junqueras, presidente de ERC ha calificado la cuestión sanitaria “como una de las más importantes” de la negociación que va a tener lugar estos días. “Esperemos que, si hay una investidura alternativa, Pedro Sánchez decida dar un paso y ponerse al lado de la ciudadanía en la defensa de los derechos sociales y de la justicia”, aseguró Junqueras.
Nicolas Gonzalez Casares: