El nuevo modelo de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS diseñado a través del borrador de Real Decreto, por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias, tendrá un coste estimado de 14,15 millones de euros. Así consta en la memoria que acompaña al texto expuesto para alegaciones, publicado por el Ministerio de Sanidad.
El presupuesto estimado se destinará a dar soporte administrativo a los órganos de gobernanza del sistema, como es el Consejo de Gobernanza, las estructuras de las dos Oficinas de Evaluación de la Eficiencia (una para medicamentos y otra para productos sanitarios) y el funcionamiento de los grupos de posicionamiento, además del soporte a las entidades externas que colaboren y los pagos a expertos externos cuando sea necesario.
Con respecto al detalle de los gastos, la memoria recoge que el funcionamiento del Consejo de Gobernanza, incluyendo tanto el trabajo interno como el seguimiento de todas sus competencias, así como el mantenimiento de los sistemas de información, tendrá un coste de 1,5 millones de euros.
Por su parte, la Oficina para la Evaluación de la Eficiencia de los Medicamentos, que estará adscrita a la Agencia Española de Medicamentos (Aemps), contará con un presupuesto base adicional de 3 millones de euros, mientras que la Red Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) deberá asumir sus trabajos con la financiación actual de su plan de trabajo, establecido en 6,15 millones de euros, ya que no se prevé un incremento de la partida “al menos inicialmente”. Sanidad estima que se producirán sinergias y economías de escala, y además considera que la RedETS, una vez que alcance su personalidad jurídica de consorcio, podrá “competir por recursos económicos y liderar proyectos internacionales” que mejorarán su financiación.
En lo que se refiere a los Grupos de Posicionamiento, el impacto estimado será de 3,15 millones de euros, lo que incluye tanto las tareas de secretariado como la incorporación de técnicos por parte del Ministerio de Sanidad (20 para medicamentos y 7 para productos sanitarios), expertos externos (para lo que se ha estimado 2.000 horas de trabajo a 75 euros cada una), así como trabajos que realizan las comunidades autónomas. Igualmente, se plantean los gastos por sistemas de información, reuniones, y formación de pacientes, consumidores y profesionales.
Impacto presupuestario neutro
El Ministerio de Sanidad considera que el impacto presupuestario directo de la implementación del Real Decreto de ETS “será neutro”. En este sentido, explica que la financiación del presupuesto necesario se obtendrá de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), del establecimiento de tasas por las evaluaciones y consultorías, así como de la modificación de la disposición adicional sexta del Real Decreto-legislativo 1/2015, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos.
En cuanto a los PGE, se recoge la financiación actual de la RedETS por 6,15 millones de euros. Por su parte, la financiación por tasas se limitaría inicialmente a las actividades de asesoría, si bien en un futuro podría ampliarse a la financiación de las propias evaluaciones. En cuanto a su cuantía, parece que se utilizarían las que ahora mismo tiene establecida la Aemps para la asesoría científica/regulatoria nacional: 6.738,76 euros por asesoría y 2.021,63 euros para cuestiones de seguimiento.
Por último, se estima que la modificación de la disposición adicional sexta podría aportar al sistema de evaluación 7,7 millones de euros aproximadamente de forma inicial, aunque será de cara al futuro el origen de los fondos incrementales que el sistema necesite.
Con respecto al impacto que podría tener la participación ciudadana y profesional, no se prevén partidas presupuestarias, ya que la memoria establece que “este tipo de gastos quedarían cubiertos por las organizaciones a quienes representan”.
Más allá de esta obtención de recursos, Sanidad considera que “disponer de un sistema de evaluación de tecnologías sanitarias como el que se propone tendrá un efecto indirecto favorable sobre el gasto sanitario”, ya que ayudará a identificar las tecnologías más coste-efectivas, “permitiendo que los recursos se utilicen de la manera más productiva y una reducción de costes sanitarios a largo plazo”.
