El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo, por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. La norma, además se tramitará por el sistema de urgencia, según ha acordado el pleno de la Cámara en votación posterior.
La citada convalidación a la norma que ya aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 12 ha salido adelante gracias a la abstención protagonizada por Partido Popular, ERC y Junts: La votación se ha saldado con 164 votos a favor, 33 votos en contra y 149 abstenciones.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha abierto la sesión defendiendo la necesidad de esta reforma que, según sus palabras, supone una "política útil" con impacto directo en el día a día de las familias. El Ejecutivo fundamenta la urgencia de la medida en las tensiones inflacionistas internacionales han mermado la renta disponible de los hogares y agravado los problemas de adherencia terapéutica por motivos económicos.
La postura del Gobierno y los apoyos de la izquierda
La remodelación incrementa de tres a seis los tramos aplicables a los usuarios activos, introduciendo nuevos topes mensuales equivalentes a los que ya disfrutan los pensionistas para aquellas personas con rentas inferiores a los 35.000 euros anuales. Sanidad estima que la reforma implicará "un ahorro anual de hasta 500 euros para los pacientes activos crónicos con rentas inferiores a 9.000 euros, y de 460 euros para aquellos que perciben menos de 22.000 euros al año", en palabras de la ministra.
Igualmente el impacto presupuestario de la medida, que en principio deberán asumir los presupuestos de las comunidades autónomas, se ha valorado en una horquilla cercana a los 265 millones de euros.
Desde el grupo parlamentario Sumar, el diputado Cofiño Fernández ha respaldado la convalidación al entenderla como una "inversión preventiva" que reducirá a largo plazo los ingresos hospitalarios derivados de la falta de adherencia. El parlamentario ha defendido la necesidad de avanzar hacia la cohesión social mediante infraestructuras y servicios públicos universales. Asimismo, ha aprovechado su intervención para reclamar nuevamente "la reintegración total de las mutualidades administrativas en el Sistema Nacional de Salud", argumentando el cumplimiento de la Ley General de Sanidad.
Duras críticas de viabilidad por parte del Partido Popular
Por su parte, la oposición parlamentaria ha puesto en los aspectos prácticos de la norma para justificar su abstención. La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Elvira Velasco Morillo, ha calificado la reforma de "auténtica chapuza" y ha denunciado que el texto incurre en serias incongruencias de redacción que dificultan su implantación efectiva. Según Velasco, el decreto-ley exige unas adaptaciones tecnológicas y de procedimiento clínico entre el Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las comunidades autónomas y las oficinas de farmacia para las que no se ha establecido un margen de coordinación temporal adecuado.
La portavoz popular ha censurado que el Ministerio de Sanidad remitiese al Boletín Oficial del Estado un texto de aplicación inmediata cuando los datos fiscales definitivos del impuesto sobre la renta correspondientes al ejercicio actual no se consolidarán hasta finales de junio. Asimismo, ha advertido de que la norma adolece de una "falta de coordinación" crónica con las autonomías y la Comisión Permanente de Farmacia, señalando que la imposibilidad de aplicar los nuevos códigos de aportación en tiempo real obligará a los pacientes a adelantar importes y tramitar posteriores reintegros de gastos.
Dudas competenciales y el debate de la prioridad nacional
Por parte del Grupo Parlamentario Vasco, el diputado Mikel Legarda Uriarte ha compartido el fondo de equidad de la reforma, recordando que el País Vasco ya articuló en su día decretos de ayudas específicas para paliar el copago a colectivos desfavorecidos tras las sentencias judiciales que obligaron a su aplicación. Sin embargo, Legarda ha cuestionado el uso de la figura del Real Decreto-ley por parte del Gobierno central y ha lamentado la ausencia de una consulta previa con las administraciones autonómicas competentes, que son las que finalmente deberán absorber la presión presupuestaria de la medida. El representante del PNV ha señalado que la jurisprudencia constitucional exige una urgencia que "va más allá de la mera conveniencia" política.
En esta misma línea crítica se ha situado Junts, formación que ha censurado que el Ejecutivo abuse del decreto-ley en lugar de negociar previamente a través de proyectos de ley convencionales. No obstante, el partido catalán optó por la abstención para permitir que la reforma farmacéutica saliera adelante sin dar un respaldo directo a la gestión de Sanidad, distanciándose del bloque del rechazo que mantuvo en anteriores votaciones de decretos gubernamentales.
Finalmente, el diputado del Grupo Parlamentario Vox, Sáenz Alonso-Muñumer, ha justificado su voto en contra al considerar la reforma "insuficiente e injusta". El parlamentario ha afeado que el nuevo redactado fije diferencias de aportación que resultan discriminatorias para los ciudadanos españoles frente a los inmigrantes en situación irregular. Según los cálculos expuestos por Vox, la exención de topes máximos y los porcentajes fijados para determinados niveles de renta penalizan a las clases medias activas. El grupo ha exigido la gratuidad total para pacientes polimedicados, familias numerosas y enfermos crónicos graves bajo el principio de "prioridad nacional".
Lilisbeth Perestelo: 
