Terapéutica

Las farmacias suman 214 iniciativas asistenciales, un 21% más que en 2024

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos identifica 23 tipos de servicios asistenciales en España y reclama mayor cohesión para integrarlos en la cartera del SNS.

Las farmacias comunitarias españolas despliegan un total de 214 iniciativas asistenciales en las diferentes comunidades autónomas, una cifra que supone un incremento del 21% respecto a la actividad registrada en 2024, cuando se contabilizaron 177 programas. Los datos proceden de la actualización a 2026 del Mapa de Servicios Farmacéuticos de España, una herramienta elaborada por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos a partir de la información trasladada por los colegios provinciales. El registro constató la presencia de 23 tipos de prestaciones diferenciadas, repartidas entre diez actuaciones vinculadas de forma directa al medicamento y 13 enfocadas al ámbito de la salud comunitaria y la salud pública.

El cómputo de 214 proyectos refleja la heterogeneidad y la coexistencia de diferentes experiencias autonómicas sobre un mismo tipo de prestación profesional, de modo que una sola categoría asistencial reúne a menudo varios desarrollos territoriales independientes. La corporación colegial estatal presentó por primera vez este instrumento de seguimiento en 2024 con el propósito de ordenar y monitorizar el ejercicio clínico y preventivo de la red de boticas. El balance de 2026 confirmó que las organizaciones colegiales insistieron en consolidar estas prácticas en la atención primaria, aunque la implantación institucional mantuvo ritmos diversos según el territorio.

La secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Raquel Martínez, analizó la situación que dibujó el nuevo documento y señaló las diferencias existentes en el respaldo administrativo que reciben los proyectos. Martínez remarcó que, “aunque se está ampliando la prestación y concertación de Servicios con las farmacias, se está haciendo a un ritmo y con un apoyo institucional desigual en las diferentes comunidades autónomas”. En este sentido, defendió la capacidad operativa demostrada por los profesionales en los últimos ejercicios para articular respuestas sanitarias eficaces y adaptadas a las demandas particulares de cada entorno geográfico.

La portavoz colegial apuntó también al horizonte normativo que persigue la organización farmacéutica para consolidar estos modelos asistenciales en el conjunto del Estado. Martínez aseguró que “el reto es seguir avanzando en la extensión y concertación de esta cartera de Servicios para ofrecerlos a la población que más puede beneficiarse de ellos con equidad y bajo las mismas directrices o un marco homogéneo en todo el país”. Esta reivindicación enlaza de manera directa con los acuerdos alcanzados por la profesión durante el 24 Congreso Nacional Farmacéutico, celebrado en Oviedo, donde se formalizó la denominada ‘Declaración de Asturias’ como guía estratégica para incorporar estas actividades a la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En el bloque de actuaciones dirigidas a la salud pública, la educación sanitaria se consolidó como el área de mayor dinamismo y expansión territorial en el bienio transcurrido desde la edición previa. Este avance se apoyó en los programas de Escuelas Rurales de Salud, articulados tras la experiencia piloto inicial acometida en Castilla y León con la intervención de 109 boticas. La iniciativa se ramificó posteriormente con las ‘Escuelas Rurales de Salud Mental’ en 2025, a las que sucedieron a lo largo de 2026 las convocatorias dirigidas a la salud de la mujer y a la atención de pacientes mayores en situación de vulnerabilidad, lo que totalizó una participación acumulada de 590 farmacias en estos dispositivos formativos.

Expansión de la salud pública

Junto al desarrollo educativo, las campañas de promoción de hábitos y estilos de vida saludables alcanzaron implantación en nueve comunidades autónomas, mientras que los proyectos reglados de educación sanitaria contaron con presencia en ocho regiones. Por su parte, los programas de mantenimiento con metadona orientados a usuarios de drogas por vía parenteral mantuvieron su operatividad en diez autonomías, consolidando una trayectoria técnica que permanece activa de forma ininterrumpida desde los años 90. Estos datos situaron a las intervenciones preventivas y de reducción de daños entre las actuaciones de salud comunitaria con mayor arraigo dentro de la práctica colaborativa de las boticas.

La vigilancia epidemiológica y la seguridad de los tratamientos también sumaron nuevos efectivos a través de la ampliación de la red de farmacias centinela. Durante este ejercicio, Galicia incorporó formalmente esta estructura asistencial, sumándose a los dispositivos que ya funcionaban previamente en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Navarra y País Vasco. De este modo, fueron ocho las comunidades que contaron con farmacéuticos comunitarios integrados en sistemas de alerta temprana, farmacovigilancia y notificación de incidentes relacionados con la salud pública.

En materia de detección precoz y prevención secundaria, los cribados poblacionales se mantuvieron operativos en 11 comunidades autónomas con novedades significativas en su catálogo de pruebas. La Región de Murcia amplió su cartera preventiva al incorporar el cribado de cáncer de cérvix a través de las oficinas de farmacia, sumándolo al programa ya existente de cribado de cáncer de colon. Con este paso, el territorio murciano se convirtió en la segunda autonomía en articular este circuito diagnóstico femenino tras la experiencia de Cataluña, además de integrar de forma pionera la detección de la enfermedad de Chagas en coordinación con sus servicios sanitarios.

Por lo que respecta a las prestaciones asistenciales centradas estrictamente en el medicamento, el Servicio de Adherencia Terapéutica experimentó un notable avance hasta alcanzar implantación en nueve comunidades autónomas. Este progreso derivó principalmente del establecimiento de dos modelos pioneros dotados de remuneración profesional. En el País Vasco funcionó a lo largo del último año un programa específico dirigido a pacientes diagnosticados de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cuyo diseño contempló una retribución vinculada no solo a la prestación material del servicio, sino a la consecución efectiva de mejoras en los niveles de adherencia y en el control clínico de ambas patologías respiratorias.

Tratamientos y cartera asistencial

La segunda experiencia destacada en este terreno arrancó en noviembre del año precedente en La Rioja con la puesta en marcha del ‘Programa de Farmacia Comunitaria Rural’. Este modelo asistencial integró de manera conjunta el seguimiento de la adherencia terapéutica y el Servicio de Reacondicionamiento de Medicamentos mediante Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD). Con la incorporación riojana a esta última práctica de reacondicionamiento, el servicio de SPD alcanzó una cobertura casi absoluta al situarse ya en 17 autonomías, convirtiéndose en una de las herramientas de apoyo posológico con mayor presencia territorial en el país.

El mapa elaborado por el Consejo General constató asimismo que determinados actos profesionales, como la dispensación convencional, la indicación farmacéutica y la formulación magistral, mantuvieron un carácter homogéneo y universal al prestarse en la totalidad de las oficinas de farmacia españolas. No obstante, otros circuitos más complejos presentaron una penetración autonómica desigual. Sucedió así con la entrega y dispensación de medicación de diagnóstico hospitalario para pacientes ambulatorios a través de las boticas de proximidad, una operativa que permaneció activa en seis de las nueve comunidades que la implantaron originariamente (Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra) y a la que se incorporó recientemente Castilla-La Mancha.

La actualización del registro técnico evidenció que la red asistencial de farmacias continuó incrementando sus competencias comunitarias y clínicas durante los últimos dos años, con un incremento de 37 iniciativas frente al registro basal de 2024. A la espera de que las administraciones sanitarias autonómicas avancen en fórmulas de concertación regladas, las 214 iniciativas catalogadas reflejaron la voluntad del sector por estructurar servicios comunes, reducir la variabilidad asistencial y fijar protocolos compartidos que faciliten una atención farmacéutica coordinada en el conjunto del sistema sanitario.

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