El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución de 50.268.707,07 euros entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), para su ejecución en Ceuta y Melilla. Esta partida presupuestaria financia la ejecución de diversos programas estratégicos en el seno del Sistema Nacional de Salud.
Los fondos públicos destinados a este reparto proceden directamente de las aportaciones por volumen de ventas al sistema sanitario que efectúan las empresas y grupos empresariales dedicados a la fabricación, importación u oferta al sistema pública de medicamentos y productos sanitarios dispensados mediante receta u orden de dispensación.
La recaudación total obtenida por este concepto asciende a 63.068.707,07 euros en el ejercicio de referencia. De este volumen global, 12,8 millones de euros financiaron a organismos dependientes y centros directivos del Ministerio de Sanidad, mientras que los 50,27 millones restantes se transfirieron a los gobiernos autonómicos e Ingesa para desarrollar las distintas actuaciones coordinadas.
La partida de mayor volumen económico dentro de este acuerdo, dotada con 46.141.013,96 euros, se destinó de forma específica al desarrollo de políticas de cohesión sanitaria y a la formación continuada en el uso racional de los medicamentos. La asignación combinó un criterio de reparto fijo de 35.000 euros para cada comunidad autónoma e INGESA, al que se sumó un criterio poblacional proporcional para distribuir el montante restante entre los diferentes territorios.
Entre las actuaciones financiables dentro de este bloque principal se incluyeron proyectos diseñados para mejorar la atención farmacéutica a pacientes crónicos, frágiles o polimedicados. De igual forma, el presupuesto apoyó iniciativas dirigidas a impulsar la deprescripción, reforzar la implantación de la receta electrónica, potenciar la red de farmacovigilancia y articular medidas en la lucha frente a las resistencias a los antibióticos.
Formación continuada y recursos farmacéuticos
Los fondos aprobados por el Ejecutivo financiaron la formación continuada de los profesionales en materias como la calidad y seguridad asistencial, las alertas sanitarias, la evaluación de tecnologías sanitarias y el uso eficiente de las terapias. Asimismo, las partidas sirvieron para reforzar la autosuficiencia en plasma humano, garantizar el acceso equitativo a terapias de elevado impacto e implementar programas de educación sanitaria y participación activa con colectivos de pacientes.
En la distribución autonómica de esta partida principal, la comunidad de Andalucía percibió un importe total de 8.059.390,38 euros, asignación que la situó como la región con mayor aportación económica dentro del modelo de reparto. Cataluña recibió 7.577.776,70 euros de este fondo, seguida por la Comunidad de Madrid con 6.643.308,36 euros y la Comunidad Valenciana con 5.049.628,71 euros. Por su parte, la transferencia dirigida a Ingesa para la cobertura de Ceuta y Melilla alcanzó los 227.753,35 euros.
El segundo gran bloque de financiación, dotado con un total de 3.427.693,11 euros, se destinó a la financiación del Plan Nacional de Donación de Médula Ósea y del Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical. Estos recursos subvencionaron proyectos de promoción de la donación, tipajes HLA, acreditación de centros de colecta y trasplante, evaluación de unidades almacenadas en bancos públicos y la optimización de la red del Registro Español de Donantes de Médula Ósea.
En esta área concreta, los criterios de reparto consideraron variables específicas como la población con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años, la cifra de donantes inscritos en la red pública o el volumen de actividad registrado en los centros asistenciales. Dentro de este apartado, Cataluña captó 825.133 euros y Andalucía se situó en 689.600 euros, mientras que a INGESA correspondieron 2.484,28 euros para las ciudades autónomas.
Finalmente, el Gobierno reservó 700.000 euros adicionales para actuaciones vinculadas a la calidad, la seguridad y los sistemas de información en donación de órganos. De este montante, 200.000 euros fortalecieron el programa marco de calidad y seguridad en la obtención y trasplante, distribuidos según el flujo de traslados de órganos entre comunidades durante el año 2025. Los 500.000 euros restantes se asignaron a la modernización de las herramientas tecnológicas y bases de datos que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes.
Los criterios normativos que guiaron la distribución de la totalidad de estos fondos públicos fueron acordados con los responsables autonómicos de las comisiones técnicas en el marco de la Comisión Permanente de Farmacia. Según quedó recogido en la norma, las administraciones receptoras podrán aplicar las cuantías asignadas tanto a la cobertura de gastos de personal como a la ejecución de inversiones directas.
Lilisbeth Perestelo: 
