Programa sanitario de IU para las Elecciones de Aragón de 2015

Extracto referido a Sanidad del programa de Izquierda Unida a las elecciones autonómicas de Aragón en 2015. Ver programa completo

Candidata a la presidencia: Patricia Luquin

También puedes acceder a ver todos los programas de todas las CCAA de los partidos más relevantes: La página web de las elecciones autonómicas en Diariofarma

Servicios sociosanitarios

La Salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social. Cuando desde IU hablamos de Sanidad Pública en Aragón, hablamos del ejercicio del derecho a la salud de la población, uno de los derechos universales que debe estar garantizado para que la sociedad pueda desarrollarse en libertad. Las administraciones públicas aragonesas deben velar para que esto sea así.

Los ataques permanentes a la consideraciones de este derecho universal como tal quedan plasmados en el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que está expulsado del sistema a centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas.

La crisis está siendo utilizada para acelerar primero el deterioro de nuestro sistema sanitario público para su posterior privatización. Si al inicio de la crisis hablamos de frenar el proceso privatizador hoy debemos hablar de revertirlo para lo cual se hace imprescindible una acción legislativa contundente que camine en la dirección opuesta a la desarrollada durante los últimos años.

Desde IU consideramos que el sistema sanitario debe mantener su carácter universal con una financiación exclusivamente pública, de aseguramiento único público, y esto implicará la reintegración al sistema público de todas las mutuas y aseguradoras privadas.

El sistema sanitario tendrá una financiación suficiente según las necesidades sociosanitarias de la población. Esta financiación responderá a lo programado en el Plan Integral de Salud de la C.A. (anual) y recuperará su carácter finalista.

La crisis no debe alejarnos de nuestro objetivo de incorporar en el marco público aquellos servicios derivados de las nuevas necesidades de la población y los servicios relacionados con la salud bucodental, podología y fisioterapia.

Igualmente y como servicio público que da respuesta a un derecho fundamental, y que es un elemento troncal para la construcción de un estado social, la sanidad ha de ser gratuita en el momento del uso. Esto implica que debemos rechazar frontalmente todo tipo de copagos, (que en realidad son repagos) con impuestos indirectos o tasas, porque sólo así se asegurará la equidad. Estos años de crisis han demostrado que estos repagos, lejos de suponer un factor disuasorio a la sobreutilización de los recursos sanitarios, implican la quiebra del principio de solidaridad y de la función redistributiva de lo público, especialmente para los sectores sociales más desfavorecidos, impidiéndoles de facto el acceso a la salud.

Por ello para IU es imprescindible que tanto la provisión como la gestión de la sanidad sean exclusivamente públicas, optimizando y mejorando la gestión de los recursos de la administración, fomentando la coordinación de los diversos niveles asistenciales; solo así podremos construir una Sanidad Pública digna, y un estado fuerte que le devuelva su capacidad para revertir por innecesario el proceso privatizador.

Un proceso del que Aragón no es ajeno y que arroja como resultado una sanidad desprestigiada, con la gestión del dinero ocultada de los ojos de la ciudadanía, con la progresiva imposición de criterios empresariales en la gestión.

Es necesario recordar que durante los últimos 8 años la privatización ha afectado a servicios no sanitarios como la hostelería y lavandería de los hospitales, a los laboratorios y la radiofarmacia, desde su nacimiento al Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, al servicio de citación telefónica la sufrimos con el desarrollo de los Centros de Alta Resolución Comarcales, de gestión privada, que han tenido que ser recuperados. Pero quizá el caso más flagrante y de mayor actualidad de este expolio de la sanidad aragonesa es que representa la privatización encubierta del Hospital de Alcañiz.

Estos servicios han de volver al sistema público porque ya contamos con ejemplos, como lo es el CASAR que demuestran que estas prácticas son más gravosas para el contribuyente, y empeoran la calidad del sistema. En este sentido estableceremos una auditoría sobre la deuda que la Ley de integración del CASAR hace asumir al SALUD

Esta forma privada de gestionar la sanidad pública no solo no ha demostrado ser más eficiente que la pública, sino que es peor: a igualdad de demanda, sus listas de espera son mayores, las patologías “no rentables” (ancianos, crónicos…) quedan excluidas y perpetúan un modelo terapéutico basado en la farmacología de los laboratorios y no en la investigación o la innovación en rehabilitación.

El impulso como decíamos de la privatización exige el deterioro del sistema, que pasa por una ineficaz gestión de los recursos públicos sanitarios y una agresiva política de recorte en materia de personal. El resultado son las interminables e inhumanas listas de espera a las que sirven como excusa para el Gobierno de Aragón para justificar la externalización de cada vez más operaciones quirúrgicas, y pruebas diagnósticas por medio de conciertos y convenios con clínicas privadas. En resumen: la salud y el dinero público servidas en bandeja para el negocio privado.

Por eso es precisa una política integral contra las listas de espera que requiere que las autoridades sanitarias asuman la responsabilidad efectiva en la gestión de los servicios, evitando el mayor periodo de permanencia en la lista de los pacientes con menor nivel socioeconómico. Para ello es necesario aumentar los servicios donde sean deficitarios, comenzando con la atención primaria pilar fundamental en nuestro sistema de salud, con dotación presupuestaria anual para tal fin, las inversiones públicas en sanidad, con políticas de aprovechamiento y de utilización de los recursos lo más racional posible y una política de personal acorde a las necesidades integrales de la salud de los y las aragonesas. Proponemos modificar profundamente el sistema de información actual de las listas de espera. Es necesario proporcionar información razonada al paciente de su situación en la lista de espera. Para ello proponemos la creación de una unidad clínico-administrativa dentro de cada servicio que se ocupara de analizar las causas de las demoras, trasladando esa información a la Administración, a los pacientes y a los médicos de Atención Primaria y de Especializada con el objetivo de aunar criterios que lleven a una mejor aprovechamiento de la Cartera de Servicios.

Para Izquierda Unida hay que desarrollar plenamente un modelo público de salud universal y acabar con el modelo impuesto de aseguramiento que supone una quiebra del sistema y el desguace del estado.. Para que la sanidad sea pública cien por cien, universal, de acceso gratuito, con financiación suficiente de calidad y participativa, se hace imprescindible la derogación de la Ley 15/97 y el Real Decreto 16/2012, y la elaboración de una nueva legislación y cambios constitucionales que garanticen sanidad pública al cien por cien y universal. Y para ello se necesita una Ley de financiación suficiente de Servicios públicos. Para Izquierda Unida los pilares fundamentes de la sanidad que requiere Aragón son

• Esta sanidad será pública. Debemos analizar y auditar el proceso de externalización de todos los servicios externalizados en el sistema incluyendo los no sanitarios para su posterior y paulatina reversión. Se analizarán exhaustivamente los grados de cumplimiento de convenios y contratos facilitando la oportuna participación de los y las profesionales sanitarios. Igualmente se articularán los mecanismos oportunos y necesarios para paralizar y evitar cualquier proceso de privatización o externalización en marcha: Desde IU Aragón exigimos un Hospital público 100x100 en Alcañiz, en su construcción, gestión y asistencia, rechazamos cualquier fórmula de “colaboración Pública/privada” que supone la privatización del mismo. El rechazo a esa privatización, supone el no permitir que en Aragón se abra al negocio de unos pocos, la sanidad de las y los aragoneses. Hoy más que nunca tiene todo su sentido la frase “la sanidad no se vende. Se defiende” I.U Aragón se compromete, según sus posibilidades y capacidad a rescindir el contrato de concesión de adjudicación de la construcción y explotación del Hospital de Alcañiz, y a defender la construcción de esta infraestructura sanitaria imprescindible para la ciudadanía del bajo Aragón histórico con las mismas condiciones que el también necesario e imprescindible Hospital de Teruel.

• Esta Sanidad, será democrática. Se sustituirá el modelo de relación vertical por otro de decisiones compartidas. El Plan Integral de Salud de la C.A. será participado. Deberá servir de referencia para la asignación de recursos. Los ciudadanos en los órganos de participación, tendrán poder de decisión sobre las necesidades de salud que han de cubrirse presupuestariamente y participaran en la priorización y distribución de estos presupuestos. La participación e implicación comunitaria ha de alcanzar a la Gestión Sanitaria , mediante el control ciudadano correspondiente, para ello proponemos la creación de una figura de participación e información de la gestión. Hay que impulsar los órganos de participación ciudadana (Consejos de Salud de Zona y Foro de Presidentes de Consejos de Zona), modificando sus funciones para hacerlos más democráticos, transparentes al ciudadano y participativos en todos los aspectos de la gestión sanitaria.

La democratización del Sistema Público de Salud implica superar la feudal jerarquización que hoy le da al médico el papel de juez último de las decisiones. Para ello proponemos:

• La creación de consejos multidisciplinares de gestión y decisión sanitaria, en donde las decisiones a tomar sean el fruto de los debates de un equipo de profesionales cualificados.
• Se desarrollará un Plan de formación continuada en el que se propondrán estrategias de calidad en el SAS y estas se aplicarán en los dispositivos de calidad hospitalaria y de otros servicios asistenciales.
• Rechazo a la objeción de conciencia en los profesionales relacionados con leyes para todos aprobadas por el gobierno en la Sanidad Pública. Vigilar este cumplimiento en los profesionales respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (como en la Ley de Navarra del 15 de noviembre de 2010 que crea un registro de objetores) Este cumplimiento se vigilará expresamente en lo que respecta al derecho a una muerte digna y al uso de cuidados paliativos.
• El problema de las listas de espera, es un problema estructural, de ahí la necesidad de abordarlo de forma integral y para ello es necesario una restructuración que permita el aprovechamiento de las infraestructuras sanitarias y equipamientos al 100%, en horarios de mañana y tarde, así como la necesidad de aumentar recursos tanto humanos como materiales que permitan asumir las listas de espera desde lo público, rechazando la concertación con la privada para la disminución de listas de espera, que una vez terminada dicha concertación, vuelven a estar en niveles inaceptables.
• Rechazamos las Unidades de Gestión clínica y de las fórmulas de gestión cooperativa de centros de salud, conocidas como Entidad de Base Asociativa (EBA´s) que suponen un desmantelamiento y fragmentación del sistema sanitario, la pérdida de derechos laborales para los profesionales y el desmantelamiento del nivel de atención primaria para crear las Áreas de gestión integrada. Frente al concepto de gestión clínica y al propuesta de Unidades de Gestión, defendemos la apertura de un camino que conduzca a una gestión democrática de la sanidad Pública.

• La Sanidad estará dotada de los recursos humanos y materiales necesarios. Para IU la sanidad no provoca “gastos”, sino que “demanda” inversiones, cada vez más y en mejores condiciones. El Personal del Salud, deberá tener dedicación exclusiva a su función pública, no pudiendo compaginarla con el ejercicio privado. Esto, facilitará una reorganización de turnos que permita evitar los espacios que ahora quedan sin atención ordinaria, no de urgencias, como las tardes.

• El empleo sanitario será estable y digno, obtenido a través de ofertas anuales de empleo público, poniendo fin a las precarias condiciones laborales que en tantos casos lastran el desarrollo de un plan vital. Esto será de aplicación para todos los trabajadores del sistema, sin excepción, médico-as, enfermero-as, auxiliares, celadores, personal no sanitario, servicios de hostelería, lencería, y demás. Las condiciones laborales de todos ellos y ellas serán negociadas en la mesa Sectorial de la Sanidad. Se posibilitará el desarrollo de una auténtica carrera profesional en todos los ámbitos, desligándola de elementos exclusivamente retributivos y ligándolo a criterios de excelencia profesional. Esta carrera incluirá una formación continuada, garantizada en sus criterios y recursos por el propio sistema público, no por laboratorios farmacéuticos.

• Se acabará con la “medicalización” del sistema. Esta realidad es fruto de una situación de sumisión al lobby farmacéutico que si bien es preciso revertir con políticas de estado en las CCAA requiere frenar a corto plazo la excesiva dependencia del desorbitado volumen de dinero que maneja la industria farmacéutica. Para ello proponemos:

• Un Código de buenas prácticas farmacológicas, Solamente debe financiarse tratamientos basados en la evidencia y la promoción del bienestar físico, mental y social de las personas, rechazando aquellas propuestas terapéuticas que no han demostrado ser eficaces para las diferentes enfermedades o trastornos hasta que existan pruebas sólidas que demuestren esta eficacia.
• Desde nuestra competencia evitaremos que se incluya en el sistema sanitario público ninguna práctica médica o medicamento que no haya demostrado su eficacia según criterios exclusivamente científicos. El dinero público no financiará a instituciones que promueven la difusión y divulgación de procedimientos terapéuticos seudocientíficos que confunden a la ciudadanía y ponen en peligro su salud.
• Incrementar el compromiso público con la investigación biomédica objetiva e independiente y transparencia en las relaciones entre Industria farmacéutica y profesionales sanitarios,
• Prohibir la entrada de visitadores médicos en centros públicos
• Protocolos de información que garanticen la independencia de los visitadores-informadores médicos del SAS de la Industria.
• Prohibir que la industria farmacéutica financie las entidades de apoyo a pacientes garantizando su funcionamiento con apoyo público.

Paralelamente y desde el ámbito estatal es precisa una política pública farmacéutica, Para ello proponemos la creación:

• Un Sistema de distribución público de medicamentos, en el cual se realicen la distribución exclusivamente en número indicado en tratamientos
• Una estrategia europea frente al abuso de la industria farmacéutica, con una Agencia estatal Del Medicamento con los medios necesarios para determinar si un fármaco es efectivo y en qué grado de cara a su posterior producción que operaría bajo el criterio de garantía de tratamiento. Sería la responsable de evitar los continuos chantajes de las empresas farmacéuticas y asegurar precios asequibles y suministros necesarios para garantizar la universalidad de los tratamientos.
• Una política pública de investigación en nuevos fármacos de patente pública o libre. Promoveremos medidas que pongan fin a los abusos de la industria farmacéutica, entre las que se encuentran el recurso de las patentes y la emisión de licencias obligatorias.
• Apostamos por una industria farmacéutica y de tecnología sanitaria de carácter público, que entre otras cosas, evite los desabastecimientos (de forma periódica) de determinados medicamentos. Así mismo, garantizaremos el tratamiento de las personas con Hepatitis C , con los nuevos fármacos a todos aquellos pacientes que tengan indicación médica, sin exclusiones.

• Financiación de medicamentos y productos sanitarios útiles excluidos por el Real Decreto 16/2012 y rechazo y eliminación de repago/ copago farmacéutico que penaliza doblemente a las personas crónicas, a las más vulnerables y a la vejez.

• La mejora de la atención primaria, concebida como el primer escalón del sistema. Consideramos necesario potenciar la Atención Primaria y en concreto siguiendo las estrategias de la Agenda AP21. Potenciando la accesibilidad, la promoción de la salud y la prevención. Una Atención Primaria clave en el sistema sanitario centrada en el paciente.

Un aumento de los recursos económicos, humanos y materiales que disminuyan la carga de trabajo en ella, así como dotarla de más autonomía, será la manera de lograr que sea el verdadero eje del sistema. Mejorar la Atención Primaria es también ampliar los horarios, abriendo los Centros de Salud por la tarde, no como urgencias, sino como un segundo turno completo y mejorar sus instalaciones y dotación de material. Una solución intermedia a los turnos de mañana y tarde sería la jornada deslizante. Este acercamiento de la Atención Primaria y su gestión a la ciudadanía se asentará sobre los siguientes criterios:

• Recursos suficientes, información y democracia participativa en las Zonas básicas de Salud (Consejos de Salud de Zona y Foro de Presidentes de Consejos de Zona) dotándolas de información, recursos humanos y económicos suficientes, mejora en su capacidad resolutiva permitiendo la realización de pruebas hasta ahora exclusivas de los hospitales, disminución de la burocracia, con una carrera profesional basada en la investigación y la excelencia y controlada por los organismos públicos.
• Libre elección de especialistas, también en salud mental.
• Horarios médicos humanos, en las urgencias el horario debe ser como máximo de 12 horas en festivos y 8 horas en días hábiles. Además estos turnos no darían lugar a libranza posterior y por ello no se fragmentarían los servicios asistenciales y diagnósticos.
• Rechazo a las peonadas de los profesionales del Salud, que producen perversiones en el sistema.
• Garantizar un sistema público de formación continuada para la plantilla sanitaria, especialmente la de atención primaria.
• Incluir la atención de Especialistas Geriátricos en asistencia sanitaria primaria habida cuenta del alto grado de envejecimiento de la población. Igualmente se propone la inclusión de la rehabilitación y la óptica
• Crear unidades multidisciplinares o unidades de referencia en determinadas patologías que permitan una atención integrada y más eficaz.
• Programas de salud bucodental infantil.
• Integración de servicios de urgencia de atención primaria.
• Medidas para reforzar la capacidad de resolución y el papel coordinador de la Atención primaria dentro del Sistema de salud Aragonés.
• Potenciar y apoyar la atención sanitaria en el medio rural, garantizando recursos suficientes de medios y de personal para asegurar una buena calidad en la prestación y la asistencia sanitaria. Las personas que viven en el medio rural, tienen derecho a tener un acceso a la salud con las mismas garantías que las personas que viven en el ámbito urbano.
• Garantizar Uvi-Móviles y servicio de Urgencias en el territorio aragonés que permitan que en menos de 30 minutos se pueda acceder a un hospital en la comunidad Autónoma.

• La mejora de la Salud mental (muy deficitaria en la C.A. en general y en especial en la atención a crónicos) se dotará de recursos suficientes y de un modelo comunitario de atención:

• Elaboración, financiación y ejecución de un Plan de Salud Mental que tenga en cuenta las consideraciones y principios expuestos e incluya en sus objetivos, como mínimo, la consecución de la red de recursos propuesta en el Plan Estratégico 2002-2010 de atención a la Salud Mental en la Comunidad Autónoma.
• Es necesario impulsar la red de Instalaciones públicas existentes para prestar estos servicios dotándolas de material, personal y presupuesto necesario e incrementar la vigilancia y el control de los centros privados que actualmente prestar estos servicios externalizados, que volverán al sistema público en caso de incumplimiento contractual.
• Rechazamos la unificación de las Unidades de salud mental de los barrios, por suponer un grave retroceso en la atención de las personas con enfermedad mental. El intento de alejamiento de los barrios de la mayor parte de los Centros de Salud Mental del sector II y su traslado a Valdespartera en Zaragoza ha sido una de las actuaciones más combativas por parte de la plataforma en defensa de la salud mental que desde IU Aragón no solo hemos apoyado sino también defendido. Exigimos la retirada de la propuesta de alejamiento de las Unidades de Salud Mental del sector II y consolidación del modelo comunitario
• Necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan la rehabilitación integral del pabellón san Juan del Hospital siquiátrico de Zaragoza.
• Un programa de Seguimiento y estudio de la medicalización mental de la Infancia y la Adolescencia, que en la actualidad alcanza niveles muy elevados, de forma que se pueda establecer un mecanismo de revisión continúa de dosis y cuente con el seguimiento oportuno para ello. Desarrollo de las intervenciones de carácter preventivo y rehabilitador en colectivos especialmente vulnerables: población infanto-juvenil, población penitenciaria, personas con algún tipo de adicción, etc.
• Es preciso establecer legalmente que la prescripción de Fármacos Mentales sea realizada exclusivamente por profesionales de la Salud Mental.
• Fortalecimiento de los servicios comunitarios, próximos y accesibles, frente a la aglutinación y centralización de recursos.
• Igualdad en la atención, con establecimiento de servicios de Rehabilitación públicos y gratuitos como el resto de los servicios de la red de Salud Mental, frente a la discriminación y el copago. Eliminación del copago tanto en los servicios públicos como en los concertados.
• Respeto explícito a los derechos de las personas con enfermedad mental y especial cuidado en situaciones de restricción de derechos (ingresos involuntarios, incapacitaciones, etc.)
• Humanización de la asistencia frente a la medicalización asistencial creciente y apoyo real a los enfoques psicoterapéuticos y técnicas de rehabilitación psicosocial.
• Consolidación de la continuidad de cuidados, con dispositivos de coordinación eficaz entre los recursos.
• Promoción de la participación de usuarios, familiares y profesionales en la atención en Salud Mental.
• Establecimiento de programas de formación de los profesionales de la red de Salud Mental para la mejora de las intervenciones psicoterapéuticas y de rehabilitación psicosocial frente a la actual primacía de lo psicofarmacológico.
• Creación de un sistema de información que permita una adecuada evaluación y planificación de todos los servicios de Salud Mental.
• Regulación de una supervisión periódica, plural e independiente, de las entidades concertadas.
• Consolidación de programas comunitarios y de rehabilitación para la atención a personas con Trastorno Mental Grave y creación de un organismo interdepartamental que favorezca la coordinación entre políticas sanitarias, sociales, de inserción laboral, jurídicas, etc.
• Derogación de la ORDEN de 27 de febrero de 2014, en la que se modifica la composición del Consejo Asesor de Salud Mental e incorporación de representantes de los Consejos de Salud y de asociaciones ciudadanas.
• Derogación de la ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

• Integralidad del Sistema:
• Relevancia prioritaria de la Salud Pública con desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud (con dotación presupuestaria adecuada).
• Abordar la prevención y tratamiento de las adicciones, así como los problemas derivados en la salud, desde la sanidad pública, de forma interdisciplinar entre los diferentes profesionales y con un tratamiento integral que amplíe su intervención hasta el período de seguimiento de la curación y/o mejora.
• Desarrollo de programas de salud medioambiental (controles de calidad del aire...).
• Desarrollar estructuras de salud Pública que permitan tanto en el ámbito autonómico como en las áreas de salud poder actuar de forma coordinada con la atención primaria y especializada.

• Impulso de la Salud laboral: La salud laboral es un indicador que revela desigualdades sociales en salud. El trabajo debe considerarse como un determinante de salud esencial. Para obtener mejoras hay que fomentar la participación de los trabajadores y trabajadoras en las intervenciones preventivas.

• Es fundamental reforzar el papel de la salud pública en la salud laboral creando estructuras (Unidades de salud laboral) que preparen su integración, en el futuro, en el Servicio Público de Salud.
• Se pondrán en marcha sistemas de vigilancia e información para conocer con claridad la situación de la Salud Laboral en la Comunidad Autónoma.
  • Pondremos en marcha un Registro de Siniestralidad Laboral.
  • Se facultará al organismo encargado de la vigilancia de la salud laboral de los trabajadores para que actúe de oficio ante los delitos contra los derechos de los trabajadores.
  • Actualizaremos el catálogo de enfermedades laborales, incluyendo las enfermedades mentales.
  • Incluiremos las tareas domésticas no remuneradas dentro de la consideración de trabajo como actividades que también son imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad, dotándolas del correspondiente reconocimiento de su importancia económica y social.
• En la incapacidad temporal no primarán los aspectos económicos sobre los sanitarios. El criterio del médico de Primaria no quedará supeditado al del inspector médico (que no pertenecen al servicio de salud sino al INSS y no tienen ninguna función asistencial). Proponemos revertir la actual situación para que se deje de otorgar estas competencias a las mutuas laborales porque de esta manera serían los patronos o entidades no sanitarias del Estado los que determinasen durante cuánto tiempo es admisible que un trabajador enfermo pueda estar de baja laboral.
• Desarrollar en profundidad un programa de salud pública: tener en cuenta el reparto de tiempos de las personas y la carga de cuidado tanto físicas como emocionales, así como las investigaciones que relacionan la fibromialgia en mujeres con hipersensibilidad a productos químicos del hogar. Investigar la medicalización excesiva de las quejas de la mujer frente a las masculinas.
• El control de la salud laboral de los trabajadores debe ser público y no a través de las mutuas, ofreciéndoles este servicio por medio de la sanidad pública, con el objetivo en el menor plazo posible, de proporcionar a la población un servicio de salud integral en el que la salud laboral está incluida en el Sistema Aragonés de Salud. Mientras tanto será el trabajador, no la empresa, el que decidirá quién quiere que le ofrezca la prestación de salud laboral, sin compromiso de permanencia, para priorizar el interés de las mutuas por el bienestar de los trabajadores.

• Salud y mujer: A pesar de que entre los principales determinantes de la salud están el sexo y el género existen evidencias de que en el conocimiento de las formas de enfermar actuales apenas hay análisis sobre la manera diferenciada de afectar a mujeres y hombres y todavía es frecuente encontrar estudios científicos que no separan los resultados para ambos sexos a pesar de las diferencias biológicas.

Hay diferencias en severidad y frecuencia de los problemas de salud, en la utilización y accesibilidad a los servicios sanitarios, en el cumplimiento de los tratamientos y en el pronóstico de los problemas de salud con respecto a las mujeres.

El informe de 2007 sobre la brecha de género en el mundo, establece un ranking de 115 países donde España ocupa el 10º lugar, pero el 74 respecto al componente salud y esperanza de vida.

La salud sexual se relaciona con la violencia de género, la salud Reproductiva y a su vez la sexualidad y es un indicador de salud, tanto física y emocional como de las relaciones de pareja. En Aragón, en los centros sanitarios no hay profesionales (sexólogos/as, psicólogos/as) dedicados de forma oficial a la atención a los problemas sexuales.

En atención sanitaria ginecológica del servicio público de salud, las listas de espera en pruebas diagnósticas son extensas en general. En esta especialidad como en las demás es importante que haya una atención adecuada y que los profesionales tengan dedicación exclusiva al sistema para que no se favorezca la privatización de la atención (con la consiguiente discriminación de aquellas mujeres que no puedan pagar estos servicios privados).

Según diversos estudios las mujeres tienen peor salud mental que los hombres y el doble de trastornos mentales comunes. Esto ocurre a todas las edades, desde los 16 años, un 19,12 % de los afectados son mujeres y un 8,17% son hombres.

Para estos trastornos, existen condiciones favorecedoras debidas a la discriminación sexista y a las desigualdades sociales de clase (las mujeres de clase social desfavorecida tienen peor salud mental que los hombres de su misma clase social).

Dedicarse al cuidado de otras personas, la doble o triple jornada laboral, la dedicación al trabajo doméstico, la dependencia económica y social, el aislamiento, la falta de proyecto propio, la falta de control sobre sus vidas y la violencia machista son factores que influyen negativamente en la salud física y mental de las mujeres.

También hay un sesgo de género en la atención porque se realiza menos esfuerzo diagnóstico y terapéutico en mujeres y se les prescribe más psicofármacos, medicalizándolas de forma inadecuada. Por otro lado, etapas de normalidad en la vida de las mujeres como la menopausia sufren también medicalización como si fuese una forma más de enfermar. Así mismo, la mercantilización del modelo social imperante de mujer “siempre joven” lleva a las mujeres a intervenciones innecesarias y tratamientos no exentos de riesgo para su salud.

Hay que visibilizar las relaciones de poder que se construyen, y mantienen, de cara a desmontarlas.

Por todo ello, desde IU proponemos:

• Promover el cambio de los modelos sociales de género que producen vulnerabilidad en la salud de las mujeres y dirigir esfuerzos de atención y prevención hacia los condicionantes (desigualdades, jornadas laborales abusivas etc.) de los trastornos mentales comunes, mucho más prevalentes en mujeres. En concreto y en especial deberían prevenirse los trastornos depresivos y de ansiedad atendiendo a los factores psicosociales de género que los favorecen y mantienen, los efectos adversos de la función de cuidado, la violencia machista etc.
• Garantizar la presencia de mujeres y trans, en los equipos de las todas las estructuras sanitarias, asistenciales, de investigación, académicas, de planificación, prevención, etc. que intervienen en el sistema e investigar las diferencias de salud según las variables de género.
• Creación de Unidades de Salud-Mujer que superen la situación actual en la que la Ginecología es la “disciplina” de Salud femenina habida cuenta de que son muchos más los factores que caracterizan y definen las necesidades de atención sanitaria de la mujer.
• Se realizarán programas para detectar y evitar sesgos en la atención sanitaria a mujeres. Estas padecen más enfermedad, síntomas y malestar. Soportan mayor carga de trabajo y responsabilidades en el cuidado de la salud del ámbito familiar con repercusiones en la salud física y psíquica.
• En el ámbito de la salud laboral proponemos garantizar que los estudios que determinan las dosis de sustancias tóxicas, se realicen en todo tipo de individuos no solo en Hombres de 40 años y 1,80m. Así mismo proponemos la Inclusión en Salud Laboral de Estudios de dosis de sustancias nocivas en trabajos no remunerados tales como el trabajo doméstico.
• Priorizar la investigación de los efectos de los fármacos, síntomas y desarrollo de enfermedades en las mujeres, Hacer obligatorio en los estudios científicos contemplar el factor de género, ciclo vital y clase social. Garantizar estudios de calidad haciendo control de las empresas que los hipotecan limitando sus garantías.
• Eliminar los modelos sociales (en especial los presentes en los medios de comunicación) promotores de trastornos de la conducta alimentaria. Priorizar la atención en conducta alimentaria equilibrada.
• Prevenir el consumo de sustancias adictivas, incluido el alcohol, atendiendo a los factores psicosociales que los favorecen en las mujeres.
• Promover actividades en la sociedad y en los medios de comunicación que presenten nuevos modelos de mujer (también de mujer mayor) protectores de su salud psicofísica.
• Promover acciones de sensibilización y formación de todos los profesionales de la salud para corregir los sesgos de género en la atención a las mujeres. Mejorar la transmisión de la información desde la Administración hacia estos profesionales.
• En la atención primaria: mejorar la formación de género de los profesionales, integrar la medicina natural. Cambiar la lógica de la medicalización por la educación, incidiendo en la prevención y promoción de la salud.
• Unificar el calendario de vacunas y que las obligatorias sean gratuitas. Dotar de información suficiente de los efectos de las vacunas como la del papiloma. Controlar actuaciones de los laboratorios.
• Garantizar el Derecho a una maternidad libre, elegida y responsable.
• Financiación de los métodos anticonceptivos, píldora postcoital, tratamientos de reasignación sexual
• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red sanitaria pública y a cargo de la Seguridad Social.
• Mejorar en el ámbito público los tratamientos de fertilidad
• Reconstruir la red de planificación familiar que ha sido desmantelada e incluir especialistas en sexología en la sanidad pública.
• Despatologización del transgénero y desarrollar la desvinculación de género y el sexo, avanzando hacia la concepción de organismos diferentes.
• Asignatura específica en la Facultad de “Medicina de Género”.
• Modificación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia porque su desarrollo está suponiendo una carga a las mujeres al dejar al dependiente en el hogar y a cargo de estas en la mayoría de los casos.
• Crear una red en el SALUD para la atención en salud reproductiva con profesionales especializados que aborde también salud sexual y salud mental con perspectiva de mujer.

Respecto a la violencia machista, el sistema sanitario tiene un papel fundamental en la detección de la misma; por ello:

• Deben crearse Unidades de Violencia de género específicas.
• El sistema sanitario público debe supervisar que en los informes aportados por Psiquiatras ante los tribunales, para que en caso de litigio de las víctimas de violencia, se refleje la realidad de los sufrimientos de la misma y su causa (la violencia) y que no se contemple su caso como una enfermedad mental más, quedando la mujer en situación de desprotección perjudicándole en el proceso (creación de un protocolo preventivo por sanidad para que la víctima no se sienta desprotegida por profesionales de la justicia).
• En Atención Primaria es importante la vigilancia y la atención especial a las víctimas de violencia por los y las profesionales de la salud (escuchar y analizar sus quejas), con respeto en el trato (en muchos casos no es el adecuado y tampoco en las consultas de psiquiatría, psicología o de los servicios sociales).
• Combatir la violencia institucional que va en aumento y que crea trauma en las mujeres, institucionalizando en la sanidad un problema de violencia (prácticas que hacen que la víctima tenga obligatoriamente que acudir a diversas consultas, medicalizando una situación que es tratada como una enfermedad). Es fundamental la prevención, la escucha y la empatía y buscar soluciones a los problemas más allá de la medicalización.
• Es también imprescindible que la sanidad pública se dote con presupuestos suficientes para la formación y sensibilización continuada en materia de violencia machista, de los y las profesionales de salud.

• Salud ambiental: IU propondrá planes de choque para reducir los índices de contaminación, la mejora de la calidad del aire. Mejoraremos el proceso de evaluación de la calidad del aire en las áreas urbanas y colocando, donde fuese preciso, nuevas estaciones de control del aire, especialmente en aquellas zonas más transitadas. Destacar que una de fuentes principales de gases contaminantes como el dióxido de nitrógeno es el tráfico rodado, por ello las políticas de movilidad sostenible son fundamentales para lograr la reducción efectiva de estos gases.

Además de estas medidas y las citadas en el apartado sobre movilidad y modelo de ciudad proponemos:

• Evitar el uso de plaguicidas en espacios públicos
• Fomentar el consumo de alimentos orgánicos en guarderías, comedores escolares y centros hospitalarios
• Promover el uso de productos limpios a través de compras o contratas públicas
• Evitar los efectos nocivos de exposición a sustancias como el Bisfenol A, a través de dispositivos médicos (catéteres, implantes, selladores odontológicos…), especialmente en pacientes de cuidados intensivos neonatales y en pacientes en diálisis (en ambos, la exposición supera valores de referencia siendo este el grupo de población más vulnerable).

Debemos poner también especial atención sobre aquellos elementos contaminantes que tienen que ver con la actividad productiva. En este sentido destacamos como novedad la necesaria regulación de las emisiones radioeléctricas. La permanente ampliación de la red de sistemas emisores de radioelectricidad plantea la necesidad de sentar las bases de un sistema de regulación que implique:

• Reducción de los niveles de exposición a las emisiones radioeléctricas.
• Optar por modelos de implantación y accesibilidad a Internet, especialmente en las zonas donde haya menores, de baja radiación.
• El reconocimiento de la electrohipersensibilidad (EHSº) como discapacidad, de acuerdo con la recomendación del Parlamento Europeo que pone como ejemplo el caso sueco.
• Información y Prevención.
• Elaboración de un protocolo sanitario para la recogida de datos sobre las posibles afecciones relacionadas con la exposición a CEM para su estudio y detección.
• Modificación de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón que incluya la instalación de antenas de telecomunicaciones dentro de la licencia ambiental de actividades clasificadas

Sistemas de información sanitarias

• Llevaremos a cabo la Informatización completa de la Historia clínica bajo un único modelo integrado, que sirva para toda la estructura del Salud y Servicios Sociales con un único número de Historia clínica por paciente para todo el sistema, que será el nº CIAS o el DNI, según se valore por las personas expertas como más conveniente.
• Ofrecer al usuario del Sistema Aragonés de Salud información en tiempo real de la gestión presupuestaria, datos estadísticos de salud de la comunidad, así como de todos los aspectos que atañen a su relación con el Salud; tiempos de espera, estadísticas de atención sanitaria, información y educación sanitaria, historia clínica, etc.
• El usuario del Sistema de Salud aragonés tendrá posibilidad de realizar on-line todas las gestiones como cita previa, voluntades anticipadas, dependencia, sugerencias, quejas, etc.
• Se pondrá especial atención a que ningún dato de salud del/a paciente pueda ser utilizado por la empresa privada para ningún fin. Por lo que se hará custodia pública de la Historia clínica, tanto la historia física como la digital que se gestionara utilizando como desarrollamos más adelante a través de software libre

• Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y atención a las personas mayores:

Los recortes en la financiación estatal por la supresión del Nivel Acordado y el recorte del Nivel Mínimo (13%) aprobados mediante Real Decreto Ley 20/2012, han supuesto para las Comunidades Autónomas en su conjunto un recorte económico acumulado de 1.409 millones de euros en los tres últimos años. Considerando que la AGE ha transferido en estos tres años un total de 3.753,1 millones de euros finalistas para las CCAA (Nivel Mínimo), el ahorro (recorte acumulado) para las arcas estatales ha supuesto un 27,3%. Esta desinversión ha dejado en una dificilísima posición a todas las Comunidades Autónomas sin excepción, que son la responsables últimas de la atención o desatención que prestan a las personas dependientes.

Las comunidades han dejado de recibir en los tres últimos años por parte del Ministerio de Sanidad 1.409 millones de euros (48,3 millones en Aragón), como consecuencia de los recortes en la financiación del sistema de atención a la dependencia, y las autonomías más afectadas fueron Andalucía, Cataluña y Madrid. Pero si al recorte en la financiación estatal le añadimos el recorte directo acumulado en las cuantías a percibir por las personas dependientes con prestación por cuidados familiares (967,3 millones de euros), la desinversión pública en el sistema, se elevaría a 2.276,2 M. €.

En el último informe del IMSERSO, hecho público en marzo de 2015, Información destacada de la gestión del SAAD. Avance de la Evaluación a 31 de diciembre de 2014 se revisa la situación del sistema en el último año y en los últimos cuatro años. En el último año el Sistema en España sólo ha perdido un 1,1% de las personas beneficiarias, pero Aragón ha perdido 7,7% siendo la segunda Comunidad Autónoma que más beneficiarios ha perdido, después de Cataluña. Hay menos número de dependientes recibiendo cualquier prestación.

Pero persiste una enorme lista de espera. Desde 2011 ha disminuido la lista de espera de un 29% hasta un 16% en España. En Aragón, sin embargo, ha aumentado de un 26,7% en julio de 2011, cuando empieza el mandato del actual gobierno PP-PAR, hasta un 29% en diciembre de 2014 (última estadística publicada por el IMSERSO), siendo la segunda Comunidad Autónoma con más lista de espera después de Murcia. Es verdad que se ha reducido, pues, la lista de espera, como afirma el gobierno: en julio de 2011 había 8.896 personas con derecho a algún tipo de prestación que no recibían ninguna prestación y ahora sólo hay 7.023. Efectivamente, hay 1.873 dependientes menos esperando, pero hay 9.165 dependientes menos con derecho reconocido y 7.292 beneficiarios menos. Hay un 21% menos de lista de espera que en 2011, pero de un 27,5% menos de dependientes con derecho a prestación y los actuales beneficiarios son un 30% menos que los que había al comienzo del mandato de este gobierno. Hay menos beneficiarios aunque la población aragonesa mayor de 85 ha aumentado en 5.023 personas entre 2010 y 2013.

Y no es verdad que se estén ofreciendo más servicios, justificación del Gobierno de Aragón para explicar la reducción de beneficiarios: los servicios son más caros y sólo se puede llegar a menos gente. La Ley nos obliga a priorizar los servicios, dicen. Efectivamente, la Ley dice que los servicios son prioritarios frente a las prestaciones económicas que se habían convertido en mayoritarias en la época de los gobiernos liderados por el PSOE.

En la Evaluación citada anteriormente se pone de manifiesto cómo, efectivamente, en España, desde 2011 hasta 2014, han aumentado un 5,5% los servicios (incluidas las prestaciones económicas vinculadas a servicios y las de Asistente Personal) y han disminuido un 11,5% las Prestaciones Económicas Familiares. En Aragón no han aumentado los servicios que se ofrecen, más bien han disminuido un 8,5%. Y también han disminuido las Prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, pero en este caso la disminución ha sido del 42,6%, 6.553 dependientes menos recibiendo esta ayuda.

El verdadero problema de fondo en este asunto es la falta de oferta de más de la mitad de los servicios: Ni los de Prevención y Promoción, ni Teleasistencia ni SAD están a disposición de los dependientes en Aragón. Así no se puede garantizar un suficiente disfrute de servicios. En España suponen casi un 30% (29,2) todos esos servicios que, si estuvieran en Aragón supondría exactamente la eliminación de la lista de espera. Qué puede pasar en julio cuando empiecen a tener derecho a una prestación los 9.071 dependientes valorados con el Grado I? Aumentarán aún más la lista de espera.

Los derechos que no se garantizan no puede decirse que sean derechos. Y la Ley de Promoción de la autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia garantiza el derecho a recibir alguna prestación a todos los que hayan sido valorados como dependientes con derecho. Al menos, mientras no se derogue esa Ley proponemos:

• El desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en nuestra Comunidad Autónoma es uno de los retos más importantes de la próxima Legislatura. Implantación real de la Ley.
• Reivindicar el cumplimiento de los protocolos entre las Administraciones, y el presupuesto suficiente para el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. La aplicación de esta ley debe darse de forma efectiva, una ley integral, universal, gratuita, para una vida cada vez más autónoma no sólo de las personas mayores, ni sólo a referida a la dependencia física.
• Exigimos que se establezcan los mecanismos necesarios para que las CC.AA. equilibren sus aportaciones y aseguren la completa equidad del Sistema.
• La atención a la dependencia debe ser cubierta por servicios profesionales públicos; la prestación económica para los familiares debe ser excepcional, pero irrenunciable mientras no haya una suficiente oferta de servicios y acompañada de programas de apoyo y respiro a la persona cuidadora. Además la potencialidad de los sistemas de atención a la dependencia es un gran yacimiento de empleo y fortalecería los servicios públicos.
• Implantar y desarrollar los servicios de Prevención y Promoción de la Autonomía personal, la Teleasistencia y la Ayuda a Domicilio entre los servicios del Sistema de la Atención a la Dependencia, todavía hoy ausentes de la cartera de servicios en Aragón.
• Potenciar igualmente los servicios de Teleasistencia y Ayuda a Domicilio que le Ley de Servicios Sociales de Aragón llama “complementarios” o preventivos. No debe haber lista de espera en estos servicios en la Comunidad Autónoma.
• Evitar la creación de una doble red de estos servicios, una para dependientes y otra para no dependientes. Hay que tender a que sean servicios públicos gestionados públicamente.
• Ampliar y reforzar los Centros de Día en toda la Comunidad, adaptando sus horarios y servicios a las necesidades de las personas dependientes y de sus familias.
• Es necesario mejorar los centros de día adaptándolos en condiciones para aquellas personas que, necesitando asistencia, vivan en el ámbito familiar. Igualmente, en este caso para los mayores no dependientes, es preciso ampliar los horarios de los centros de día, y combinar el servicio que en ellos se presta con la creación de una red de pisos compartidos, bien de titularidad pública o privada si son de las mismas personas usuarias.
• Consolidación de una red amplia de residencias para personas asistidas, bien sean de titularidad municipal o compartida con el IASS, cuya ubicación debe regirse por criterios técnicos, y refuerzo de los equipamientos complementarios, como los pisos tutelados. El objetivo último no debe ser dar dinero, sino prestar los servicios. Es necesario mejorar los centros de día adaptándolos en condiciones para aquellas personas que, necesitando asistencia, vivan en el ámbito familiar. Igualmente, en este caso para los mayores no dependientes, es preciso ampliar los horarios de los centros de día, y combinar el servicio que en ellos se presta con la creación de una red de pisos compartidos, bien de titularidad pública o privada si son de las mismas personas usuarias.
• Revisar y modular los criterios de copago establecidos por la reforma de la Ley para evitar la renuncia de los dependientes a los servicios por imposibilidad de asumir el copago.
• Crear/proporcionar unidades de convalecencia para personas que ya no necesitan estar en el hospital pero no se puede asumir sus cuidados desde el hogar.
• Ampliar los servicios que se prestan en cuanto a Ayuda a Domicilio y apoyo a la hospitalización domiciliaria.
• Evitar las situaciones de alarma socio sanitaria, prevenir mediante el seguimiento y proporcionando apoyos desde los centros municipales.
• Reestructurar la escala de evaluación para que incluya a las personas con problemas de salud mental y que son dependientes a pesar de no tener un problema físico.
• Impulsar sistemas más estrechos de colaboración entre Ayuntamiento, Comarca y el IASS plasmados en acuerdos y convenios reales para la coordinación de estas políticas.