Programa sanitario de Podemos para las Elecciones de Castilla-La Mancha de 2015

Extracto referido a Sanidad del programa del partido Podemos a las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha en 2015. Ver programa completo

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5. SANIDAD

La salud no es sólo la sanidad. La salud viene determinada también por el medio ambiente que nos rodea: estos factores son conocidos como Determinantes Sociales de la Salud. A nadie se le escapa que las condiciones de vida en las que nos movemos impactan directamente sobre nuestra salud: no tener un salario suficiente para llevar una alimentación saludable, o no tener un trabajo, se asocian con su empeoramiento .

Los datos con los que hemos abierto este epígrafe, relativos a Castilla La Mancha, no nos permiten ser precisamente optimistas al respecto. Un trabajo reciente, realizado en Granada, muestra que hasta un 86,3 % de la población en procesos de desahucio padece alguna enfermedad crónica, cuando la media en la población total es de un 49,6 %. Además, un tercio de las personas que atraviesan un proceso de desahucio presenta un riesgo de suicidio de moderado a alto, y la mitad de las personas en proceso de desahucio (48,3 %) está en tratamiento con psicofármacos, cuando la media en la población total es de un 12,5 % .

Medidas:

14. Auditoria de los sistemas sanitarios, y revisión de los procesos privatizadores emprendidos a nivel autonómico, encaminada a revertirlos, defendiendo el carácter público de los hospitales de Villarrobledo, Almansa, Manzanares y Tomelloso, y reivindicando la continuidad de las obras y la gestión pública de los hospitales de Toledo, Guadalajara y Cuenca y la ampliación del de Albacete .
15. Garantizar el acceso universal al sistema de salud a través de políticas propias, frente a la visión del RDL 16/12 de exclusión sanitaria, a partir del presupuesto autonómico: supresión de emisión de facturas por la atención médica y universalidad de la atención con el objetivo de garantizar el acceso a la salud, independientemente del origen y situación administrativa de las personas, basadas en requisitos accesibles y asequibles y especialmente para las personas en situación administrativa irregular, sin recursos o en especial situación de vulnerabilidad .

Para lo cual, hay que dotar a los profesionales sanitarios de capacitaciones en competencias interculturales y concepciones ideológicas de la salud y prevención de la salud, de los cuidados, del tratamiento del cuerpo y concepción de la intimidad de otras culturas, desde una perspectiva socio-antropológica .

16. Readmisión progresiva del personal despedido, recuperando las plantillas previas a los recortes y creación de un turno de tarde para los médicos (de esta manera se podrían disminuir las listas de espera en atención especializada y para las pruebas de imagen) .

44. Garantizar en la sanidad pública el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo con objeto de defender el derecho a decidir de las mujeres tanto para ser madres como para no serlo. Medida destinada a defender a la vez la libertad de las mujeres y la maternidad y la familia.
45. Libertad de decisión sobre la medicalización del embarazo y el parto, posibilitando devolver a las mujeres el protagonismo en estos procesos. Respetar las decisiones de las mujeres en la atención al parto y posparto siempre que sea posible. Reducir las cesáreas y los partos inducidos y adecuar la preparación al parto a los horarios de las trabajadoras. Detectar, atender y denunciar la violencia contra la mujer durante el embarazo y el puerperio.
46. Garantizar el acceso a la reproducción asistida de todas las mujeres en el sistema de salud público.

SALUD

En los últimos años, el presupuesto de financiación de nuestra sanidad autonómica no ha hecho más que disminuir: según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en 2010 dedicábamos 1.346,52 € por habitante. En el año 2014, esa cifra ha descendido hasta los 1.122,99€, lo que nos sitúa por debajo de la media nacional (1.204,97 €/hab.), y a años luz de regiones como el País Vasco (1.541,72 €/hab.). Estas cifras sitúan a Castilla La Mancha como una de las comunidades que más drásticamente ha disminuido su inversión en sanidad, ya que en 2014 se redujo en un 10,7  % (muy por encima de la media nacional, que fue de un 7,1 %). ¿En qué se traducen estas cifras? La destrucción de empleo en la sanidad regional alcanza los 2.837 puestos de trabajo, según se desprende de los datos aportados por la propia administración sanitaria, y equivale, aproximadamente, a una pérdida del 10 % de la plantilla del SESCAM. Esta política sanitaria de destrucción masiva de empleo, junto con la existencia de mayores tasas de temporalidad y la escasa o nula inversión en infraestructuras y nuevas tecnologías sanitarias, hacen que se resienta, y mucho, la calidad asistencial prestada a los ciudadanos.

No obstante, ese deterioro no afecta a toda la población por igual. El Real Decreto 16/2012 supuso el fin de la universalidad de nuestro Sistema Sanitario. Su aplicación supone la exclusión del sistema de miles de inmigrantes que han dejado de tener derecho al tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. La introducción del término «asegurado» en el Real Decreto permite que el gobierno de turno decida quiénes tienen derecho a la asistencia sanitaria y quiénes no. No todas las Comunidades Autónomas han aplicado por igual este RD, pero la nuestra es una de las que lo ha hecho con más dureza, creando en nuestra región de un apartheid sanitario; apartheid que reproduce e intensifica las desigualdades sociales previas.

Todas las medidas necesarias para mejorar la sanidad de nuestra región pasan por potenciar la Atención Primaria como verdadero eje vertebrador del sistema. Existen numerosas evidencias científicas de las ventajas que ofrece un sistema sustentado sobre la Atención Primaria a la hora de, entre otras cosas, reducir la desigualdad en la mortalidad. ¿Cuál es la situación actual de nuestra Atención Primaria? Durante estos años de crisis se han reducido las plazas MIR (plazas de formación para Médicos de Familia) en un 50 %. Las bajas por cualquier motivo del personal de enfermería no se sustituyen hasta pasados 15 días (por ejemplo, cuando un enfermero hace guardia y al día siguiente no trabaja, nadie cubre su lugar). Y los efectos son conocidos por todos: listas de espera de varios días para consultar con el Médico de Familia o 5 minutos máximo por paciente, entre otros.

Todos estos recortes ha sido utilizados, cínicamente, como justificación para la externalización y privatización de la gestión de los servicios de salud. Al inicio del proceso privatizador, hace ya más de 5 años, no había ningún estudio que justificase el giro hacia fórmulas de gestión privadas. La excusa por aquel entonces fue que se trataba de una forma de gestión novedosa y que todavía no se disponía de datos que demostrasen sus supuestas ventajas frente a la gestión pública. Años más tarde, las evidencias científicas nos dicen que no hay motivos para pensar que la gestión privada es más eficiente que la pública. Al contrario, existen evidencias que indican que, a igual cantidad de dinero invertido, la gestión pública reduce en mayor medida la morbimortalidad sanitariamente evitable. No podemos seguir tolerando que unos pocos hagan negocio a costa de nuestros derechos. La propuesta no puede ser otra que apostar decididamente por un modelo de gestión pública directa de la Sanidad en Castilla La Mancha.

Medidas:

192. Plan de Reversión al Sistema Público de Salud de los centros y servicios privatizados, con control exhaustivo del cumplimiento de los contratos, penalizaciones y de los beneficios de las concesionarias.

• Retirada del Plan autonómico de Medidas de Garantías de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario y recuperación inmediata de servicios externalizados como lavandería central, mantenimiento, donaciones de sangre, etcétera. Denuncia de todos los casos de corrupción y puertas giratorias habidos con la gestión privada de los servicios públicos.
• Fomentar y reclamar, desde la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la derogación de la Ley 15/97 así como aquellas que han permitido la privatización de estos servicios.

193. Desarrollo de comisiones formadas por profesionales sanitarios y no sanitarios (usuarios y asociaciones de pacientes) para asesorar o controlar a los órganos gestores del área integrada, y cuyas decisiones sean vinculantes.
194. Adecuación de los tiempos de consulta a los establecidos por las distintas sociedades médicas. Disponer de un tiempo adecuado en consulta permite en muchos casos reducir la necesidad de consulta a otros especialistas y una mejor trasmisión de la información al usuario que conlleva un mejor cumplimiento terapéutico, consiguiéndose un mejor control de la patología y menor frecuentación hospitalaria
195. Auditoria de la actividad por servicios, lo que permitirá adecuar el personal a las cargas de trabajo reales soportadas y auditoría de las necesidades formativas de cada área y del SESCAM, lo que permitiría adecuar las plazas de formación ofertadas a las necesidades reales.
196. Contratación del personal necesario para recuperar, al menos, los estándares asistenciales previos al inicio de la crisis, así como para la realización de las actividades, hoy externalizadas, en el propio centro. Lo que sin duda no solo resultaría más eficaz, sino que aportaría la calidad requerida a las exploraciones. Por ejemplo que existieran turnos de tarde para los médicos de la especializada (tal y como ya sucede en atención primaria).
197. Contratación de personal de información que ayude a los pacientes con los diferentes procesos administrativos.
198. Elaboración de un Plan de Renovación de las Tecnologías Hospitalarias consensuadas con el personal sanitario de acuerdo a las necesidades reales.
199. Desarrollo de protocolos de derivación de paciente/colaboración entre atención primaria y especializada. Con lo que en muchos casos el paciente podría ser atendido en atención primaria con el apoyo de un especialista al que pudiera consultarse (lo que en la situación actual resulta inviable por la sobrecarga asistencial en ambos niveles). Esto supondría, además de facilitar el procedimiento al paciente, un ahorro en los desplazamientos que puede ser considerable. Cuando el paciente tuviese que asistir a consulta, aportaría ya las pruebas fundamentales, lo que permitiría la resolución en una única visita, quedando posteriormente bajo la supervisión del médico de atención primaria. Un área de especial importancia a desarrollar en la colaboración entre atención primaria y especializada son los cuidados paliativos, que en la actualidad no llegan a todo el territorio de nuestro área de salud.
200. Establecimiento de acuerdos de asistencia con provincias limítrofes y renegociación de los actuales acuerdos con Castilla y León para que la asistencia a los pacientes del Valle del Tiétar pueda realizarse de forma integral. Convenio sanitario con Madrid para evitar desplazamientos innecesarios. Pedimos que la financiación del convenio sea a través de fondos de compensación del Sistema Nacional de la Salud (no financiarlo con presupuestos de la Comunidad lo que supondría recortar a en otras partidas sanitarias).
201. Integración en una Nueva Ley de Trasparencia de la obligatoriedad de la publicación de aquellos datos de gestión hospitalaria (camas, pacientes atendidos, morbilidad y mortalidad, infecciones nosocomiales, costes de la externalización de servicios y análisis de calidad, costes, etcétera) que permitan a los usuarios evaluar la actividad que se está realizando. Describir y actualizar la situación de la salud y del sistema sanitario regional, para elaborar programas teniendo en cuenta la perspectiva de discriminación múltiple con especial énfasis en el análisis de desigualdades estructurales y los efectos sociosanitario de las condiciones de vulnerabilidad, exclusión social y pobreza. Visibilizar los factores biopsicosociales que indicen en la salud de las mujeres, garantizando la formación de los profesionales sanitarios en salud y género y estableciendo programas específicos de atención.
202. Describir y actualizar la situación de la salud y del sistema sanitario regional, para elaborar programas teniendo en cuenta la perspectiva de discriminación múltiple, con especial énfasis en el análisis de desigualdades estructurales y los efectos sociosanitario de las condiciones de vulnerabilidad, exclusión social y pobreza.

• Realizar un Plan Estratégico para el Desarrollo de la Atención Sociosanitaria: con el objetivo de integrar servicios a la población que se complementan, como son sanidad, servicios sociales y algunos aspectos de las políticas de educación, vivienda y alimentación, lo que permitirá aumentar su efectividad para mejorar la salud de la población.
• Dotar de capacitación en competencia intercultural y concepciones ideológicas de la salud y prevención de la salud, de los cuidados, del tratamiento del cuerpo y concepción de la intimidad de otras culturas, desde una perspectiva socio antropológica.
• Visibilizar los factores biopsicosociales que indicen en la salud de las mujeres, garantizando la formación de los profesionales sanitarios en Salud y Género y estableciendo programas específicos de atención. Detección precoz del cáncer de mama y ginecológico con cobertura universal.

203. Recuperación paulatina de sistemas de soporte social y estudio y aplicación de proyectos piloto oncológicos de salud itinerante. Ayuda en domicilio, residencias transitorias tras el alta hospitalaria, etcétera, que son imprescindibles en una comunidad autónoma con un elevado porcentaje de población de 65 años y más (17,66 % de la población en 2011). Servicios itinerantes oncológicos de salud imprescindibles en una región con la densidad de población más baja de todo el Estado y con tasas de mortalidad por tumores muy ligeramente inferiores a la media nacional.
204. Establecer el derecho a una muerte digna, mediante la elaboración y ejecución de un Plan de Cuidados Paliativos, que reconozca y aborde el derecho a morir sin dolor, con dignidad y al no encarnizamiento terapéutico. Este plan potenciará la voluntad y autonomía del paciente y promoción activa del registro de instrucciones previas. En el marco del respeto y la defensa de las personas en su derecho a decidir qué asistencia sanitaria quiere recibir en el momento próximo a la muerte, se exigirá un registro de últimas voluntades, vinculante, que sea respetado por los profesionales sanitarios y que conste en la historia clínica.

• Dotación presupuestaria suficiente para la prevención del VIH y la atención integral a las personas que viven con VIH en el sistema público de salud. Ayudas públicas a las asociaciones con tales fines.
• Creación de una Comisión de Farmacia integrada por representantes de las Comisiones de Farmacia de los hospitales y en estrecha relación con las Agencias Evaluadoras, con el objetivo de mejorar la seguridad, la calidad y el coste de los medicamentos en los hospitales unificando criterios de las Comisiones de Farmacia de cada hospital, difundiendo buenas prácticas y contribuyendo a realizar economías de escala y mejorar los procedimientos de selección y compra centralizada de medicamentos. Impulso a fabricación de medicinas genéricas que ayude a los enfermos con tratamientos costosos (hepatitisC) y establezca líneas de cooperación especial con África y América Latina.
• Reconocimiento e integración en el sistema sanitario de los profesionales de la educación física y el deporte.
• Impulsar la creación de equipos multidisciplinares compuestos por profesionales de la salud y de la actividad física y el deporte con la intención de diseñar, desarrollar y evaluar programas de ejercicio físico, con objetivos preventivos o terapéuticos.