El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús María Fernández, ha rechazado, al igual que lo hicieron ayer, 21 de junio, las comunidades autónomas (CCAA) gobernadas por su partido, el reglamento planteado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para hacer vinculantes las decisiones adoptadas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), un extremo en el que ha coincidido con su homóloga en Unidos Podemos, Amparo Botejara. La connivencia entre ambos grupos se da también en lo que respecta a la provisión de fondos para que las CCAA puedan financiar la extensión de los tratamientos para la hepatitis C.
En declaraciones a Diariofarma, Fernández señala que la propuesta de reglamento "no fue discutida previamente con las CCAA y, a pesar de ello, pretendían utilizarla para hacer vinculantes los acuerdos del Interterritorial de ayer". En opinión de los representantes regionales de su partido y de él mismo, la Ley de Cohesión y Calidad establece que el CISNS debe entenderse "como organismo de cohesión y consenso, y eso implica que todos estén de acuerdo", por lo que llamó a discutir dicho reglamento en una mesa de trabajo en la que estén representados Ministerio y CCAA. Asimismo, recuerda que es preciso que se tenga en cuenta "la distribución competencial", ya que, dice, "no puede ser que el 98% de la asignación de recursos sanitarios recaiga sobre las CCAA y que el Ministerio de Sanidad sea quien tiene una capacidad de decisión mayor".
En este punto coincide con Botejara, quien defendió que el reglamento "no puede invadir competencias de las autonomías". La portavoz de Unidos Podemos dice tener muchas dudas sobre las intenciones del Gobierno con esta medida y señala que, "si realmente creyeran en el CISNS como un organismo para la armonización de la política sanitaria y eliminar las desigualdades se convocaría con más frecuencia y su actividad sería más dinámica".
Contrario a las opiniones de PSOE y Unidos Podemos se muestra Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos, quien considera que el rechazo de ayer de las comunidades gobernadas por el PSOE es "decepcionante, ya nos instalamos en la inequidad, que es la mayor preocupación de los pacientes". Así, aunque reconoce la limitada capacidad de acción de su Grupo, que como Unidos Podemos no tiene asiento en el CISNS, avisa de que avanzar en esta posición va a ser una "tarea fundamental" de Ciudadanos en esta legislatura. Con respecto a la posición del PSOE, opina que forma parte de la escenificación de la corriente que se ha impuesto en el seno del partido y que defiende la tesis "de que España es una nación de naciones".
Sobre la financiación adicional para la hepatitis C
Del mismo modo que coinciden en la necesidad de reformular el funcionamiento del CISNS, PSOE y Unidos Podemos han mostrado su coincidencia en la necesidad de que el Ministerio de Sanidad presupueste fondos adicionales para la extensión del tratamiento de la hepatitis C a los pacientes en estadíos menos avanzados de fibrosis (F1 y F0), un extremo que ha negado la Ministra, Dolors Montserrat. Botejara señala, en este sentido, que en sus enmiendas a los Presupuestos se incluye la solicitud de una partida de 150 millones de euros para ayudar a las CCAA con la financiación de estos tratamientos.
Fernández, por su parte, también opina que hay que dar apoyo financiero a las autonomías, aunque cree que no es suficiente con ampliar el tratamiento a todos los diagnosticados, sino que habría que dar nuevos pasos en el Plan para buscar los casos ocultos, en lo que llama "un planteamiento más de salud pública". También ha preguntado al Gobierno qué pasa con los 2.000 reclusos infectados y con fibrosis avanzadas que no estaban siendo tratados.
Igea, en cambio, no ve la necesidad de proveer a las comunidades con fondos adicionales, y opina que la creación de fondos estatales puede ocasionar falsas expectativas en la industria. En su opinión, la forma de garantizar innovación y sostenibilidad es "dando más transparencia al proceso de precio y financiación, avanzando en el pago por resultados y aumentando la competencia", soluciones que comparte Botejara pensando más a largo plazo.
Por último, los representantes de los diferentes grupos han entrado a valorar el hecho de que las profesiones de Enfermería y Medicina comiencen a trabajar en las modificaciones del RD de 2015. Botejara considera un paso positivo que se implique a los profesionales en la solución, aunque, como Igea, recuerda que hay una legislación superior al RD que habría que modificar para legalizar realmente estas prácticas. Fernández, en cambio, ha acogido con agrado el planteamiento salido del CISNS.
