Farmaindustria ha hecho públicos los datos agregados del dinero que invirtieron los laboratorios adheridos al Código de Buenas Prácticas y, en este sentido, destacan los 112 millones que la industria farmacéutica habría pagado a profesionales sanitarios (el 94%, médicos) para que éstos asistieran a actividades de formación científica y clínica.
Para la patronal, esta cifra, que es inferior a los 119 millones destinados a este fin en 2015, es muestra de "la voluntad del sector de que los sanitarios españoles continúen al más alto nivel en conocimiento, algo especialmente importante en el campo de la salud, por el rápido avance en la investigación biomédica y los nuevos tratamientos". "Las actividades científicas y los congresos y reuniones científico-profesionales son el instrumento clave para ello", prosiguen.
Por otro lado, los datos de Farmaindustria indican el abono de unos 81 millones de euros a organizaciones sanitarias para la celebración de este tipo de actividades, una cantidad que supone un incremento del 23% respecto al año anterior. Para el Jesús Acebillo, presidente de la patronal, "las sociedades científicas son agentes esenciales para el sostenimiento de nuestro modelo de I+D de medicamentos innovadores y la orientación en materia de formación, y constituyen además una garantía de independencia de estas actividades".
A este respecto, recuerdan que sólo la inscripción media a un congreso científico de ámbito nacional es de 600-700 euros, cantidad que puede verse incrementada si la reunión es de carácter internacional. El pasado año, según datos de Farmaindustria, el 76% de las reuniones en las que la industria farmacéutica colaboró fueron nacionales, mientras que el restante 24% fueron reuniones internacionales.
Para el presidente de Farmaindustria, "todo el sistema sanitario, y en especial, como es lógico, los pacientes, se benefician de que los especialistas mantengan sus conocimientos actualizados y conozcan cuáles son las principales novedades en cada área terapéutica; sin olvidar que la participación activa en congresos puede abrir la puerta a la participación de los centros españoles en ensayos clínicos internacionales, lo que al mismo tiempo atrae importantes inversiones y hace posible un acceso temprano de los pacientes a los nuevos tratamientos". "En este contexto –añade–, desde Farmaindustria entendemos que la industria farmacéutica debe cooperar con la Administración sanitaria y organizaciones y profesionales para que la formación de los especialistas sea la mejor posible en beneficio del conjunto de la sociedad".
Precisamente, éste es un tema que está generando cierto debate en el terreno político en las últimas semanas, a raíz de la polémica suscitada por la tributación que inicialmente se iba a requerir a los profesionales sanitarios por la recepción de estas transferencias de valor. Así, aunque este extremo fue descartado por el Ministerio de Hacienda, que ha prometido una reforma del Reglamento del IRPF, el tema ha generado cierta discusión en torno a quién debe financiar la formación de los profesionales sanitarios. El último en pronunciarse fue el diputado socialista, Jesús María Fernández, que esta semana reconocía que su partido aboga por un modelo ordenado por la Administración pero abierto a las contribuciones de la industria, dadas las restricciones presupuestarias. Unidos Podemos, en cambio, defiende un modelo 100% público, mientras que Ciudadanos, que en medio de la polémica suscitada por la tributación amagó con exigirlo también, considera que no sería actualmente una prioridad el cambio del modelo de formación continuada de los profesionales sanitarios.
Pagos por otros conceptos
Junto a los pagos realizados en concepto de formación, destacar los 194 millones de euros en contratos de I+D con profesionales y centros, un montante que supone, apuntan, cerca del 40% del total de estas colaboraciones externas y hacen referencia a colaboraciones para el diseño o ejecución de estudios preclínicos, ensayos clínicos y estudios de postautorización.
Asimismo, los laboratorios pagaron 79 millones de euros a profesionales y organizaciones en 2016, un 10% menos respecto a 2015, por servicios de asesoría, consultoría y ponencias en congresos, con remuneraciones que incluyeron gastos de desplazamiento y manutención. Según Farmaindustria, estas actividades "permiten a la industria farmacéutica conocer el comportamiento en la práctica clínica de los medicamentos, una experiencia que sólo atesoran los profesionales sanitarios, para , a partir de ahí, mejorar la seguridad y eficacia de los tratamientos o detectar nuevas necesidades".
La industria también realizó donaciones y dio subvenciones a organizaciones sanitarias que prestan servicios de asistencia sanitaria social o humanitaria por valor de 35,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 8% en relación con el ejercicio anterior. Estas aportaciones están sujetas a peticiones de las propias organizaciones y deben desinteresadas. El Código de Buenas Prácticas indica al menos que no pueden constituir un incentivo para "la recomendación, prescripción, compra, suministro, venta o administración de medicamentos". Las ayudas pueden ser aportaciones dinerarias para proyectos de investigación o donaciones de medicamentos a instituciones humanitarias, entre otros ejemplos.
Individualización de los datos
En lo que respecta a la publicación de datos de forma individualizada, que ha generado controversias entre los profesionales por la posibilidad de que se les señale y también, hasta el pronunciamiento de Hacienda, por la posible repercusión tributaria, Farmaindustria informa de que siguen coexistiendo datos agregados e individualizados (en función del consentimiento o no de los propios profesionales), aunque recuerda que en la siguiente oleada, que tendrá lugar en junio de 2018 con datos de 2017, "la totalidad de estas colaboraciones se harán públicas de forma individualizada en aras de alcanzar la máxima transparencia".
En cualquier caso, prosiguen, el porcentaje de transferencias de valor publicadas de forma individualizada ya ha crecido de forma significativa, del 20% al 35%, entre 2015 y 2016, un incremento que responde, opinan, al creciente conocimiento y refrendo de los profesionales sanitarios de la iniciativa de transparencia adoptada por la industria farmacéutica con actividad en España.
