Lens: “La ley nos impide compartir los análisis de coste-efectividad”

El subdirector general de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Carlos Lens, ha sido uno de los protagonistas de la primera mesa de debate que ha tenido lugar en el marco de la Jornada 'La innovación en el ADN de un sistema sanitario eficaz y sostenible', organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España. El presidente de la Asociación Española de Economía de la Salud (AES), Eduardo Sánchez, ha recordado que, pese a que el Real Decreto-ley 16/2012 llama a la realización de análisis del coste-efectividad y el impacto presupuestario, no hay información de que ésto sea así, a lo que Lens respondió que estas evaluaciones ya forman parte de la práctica habitual en la negociación con la industria, aunque su alcance es limitado por las barreras legales que obligan a mantener la confidencialidad.

En este sentido, Lens ha reconocido que, tal y como manda la Ley 29/2006, que establece la financiación selectiva, en nuestro país "se están realizando análisis de coste-efectividad y de impacto presupuestario, nuestros analistas incorporan esos informes" en el proceso de negociación con la industria, "aunque luego tenemos la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común que establece que esos expedientes deben ser confidenciales y sólo puede acceder a ellos la parte interesada".

Para el subdirector general, el valor de estos informes podría ser muy alto de cara a la adquisición de los medicamentos por parte de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que sus conclusiones no suelen ser discutidas por ningún miembro de la Comisión de Precios. Por eso le extraña que "la única propuesta formal para abrir estos expedientes hacia las consejerías haya sido nuestra". Dicho esto, Lens ahondó en su argumento: "El Consejo Nacional de Transparencia nos pide todos los informes, pero nos encontramos con una ley que nos lo impide si no es con el consentimiento de la industria".

Precisamente, el representante del Ministerio compartió mesa con el nuevo director general de Pfizer en España, Sergio Rodríguez, quien fue cuestionado por el moderador, el periodista y presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), Emilio de Benito, sobre la posibilidad de que los laboratorios den su consentimiento para la publicación de estos informes. Rodríguez dudó de que la matriz de su compañía y el sector en general vayan a estar de acuerdo con una iniciativa de estas características. "No sé si añadiría valor a los profesionales o si simplemente supondría un punto más para la polémica en torno al precio de la innovación", subrayó.

La transparencia y la imagen de la industria

Sobre esta falta de transparencia también habló el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Senado, José Martínez Olmos, quien vino a decir que el problema de la falta de transparencia de los informes con los que trabajan el Ministerio de Sanidad y la Comisión de Precios es nuevo. "Estas decisiones siempre han sido transparentes. Cuando gobernamos nosotros, se pasaban algunos informes de este tipo a las comunidades autónomas", aseguró. Y, a este respecto, opinó que "todo lo que no se explica genera desconfianza". Siguiendo con este argumento, hizo un llamamiento a los laboratorios, los cuales, dijo, "necesitan quitarse la imagen de que quieren ocultar cosas".

Volviendo a los informes de coste-efectividad e impacto presupuestario, Lens justificó que inicialmente no se incluyeran en los informes de posicionamiento terapéutico (hay algunos más actuales en los que se incluye un último párrafo con consideraciones finales apelando a análisis coste-efectividad y de impacto presupuestario) por la necesidad de separar la aportación de los medicamentos a la clínica de su coste para el SNS. "Nosotros pensamos que lo primero era posicionar esos nuevos medicamentos con respecto a los ya existentes, para que las decisiones no estuvieran condicionadas por los números". No obstante, dijo que sería bueno poder añadirlos, "siempre y cuando lo permita la ley", ya que aportaría mucho a los órganos colegiados y las comisiones que toman las decisiones de incorporar los fármacos.