La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha publicado una nueva edición de su Observatorio, y ha subrayado lo que califican como "rechazo total" de los agentes del sector fármaco-sanitario al Plan del Ministerio de Sanidad para incentivar el mercado de genéricos y biosimilares. Entre esos agentes incluyen al Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Sefac, Sefar, Fedifar, Farmaindustria y representantes de la sanidad privada, como ASPE. También aluden a "asociaciones de consumidores" y a segmentos de la industria "hipotéticamente beneficiados, como Aeseg o Biosim".
"Cada agente, por distintos motivos, rechaza el Plan propuesto por el Ministerio, aunque, sin duda, los más perjudicados son los farmacéuticos de oficina de farmacia, que verían reducidos sus ingresos en una cifra máxima de 800 millones de euros", indican, aludiendo a declaraciones de la Dirección General de Cartera de Servicios y Farmacia.
En cuanto a los argumentos esgrimidos, recuerdan que Farmaindustria se ha quejado de un supuesto ataque a los medicamentos de marca, mientras que Aeseg se había mostrado contra la devolución de los descuentos. Hacen referencia también a quejas del colectivo médico por coartarse la libertad de prescripción, y a la reivindicación de los pacientes en relación con la continuidad de sus tratamientos. Insisten, no obstante, que la peor parte se la van a llevar los farmacéuticos, por la obligación de sustitución y devolución de los descuentos que obtengan en las compras, de las que se obtendrían esos 800 millones de euros. FEFE incluye, no obstante, la insinuación de que se excluiría de las devoluciones a las farmacias VEC y que podría existir un porcentaje a partir del cual se practicarían los descuentos.
Propuestas
Para fomentar los genéricos sin tener que adoptar estas medidas, FEFE ha realizado una serie de propuestas, que pasan por "abandonar las actuaciones de precio más bajo con descuento, priorizar los abastecimientos frente a las bajadas de precios que aumentan tal riesgo por falta de interés económico, o fijar un precio mínimo de tres euros para medicamentos financiados fuera de patente".
Asimismo, abogan porque las administraciones "se responsabilicen de asegurar stocks de seguridad o respaldo, en vez de trasladar estas obligaciones a la cadena del medicamento, para evitar desabastecimientos de los genéricos", así como "facilitar el acceso a los genéricos en caso de desabastecimiento, mediante sistemas ágiles de importación inmediata por los agentes de la distribución, con asunción del diferencial entre precio financiado y precio de importación".
FEFE también propone "establecer el copago evitable como mecanismo regulador y neutral para permitir la libertad de elección de los pacientes y al tiempo limitar la factura farmacéutica garantizando sostenibilidad en el catálogo". Asimismo, consideran "necesaria" la implantación de los precios notificados, lo que redundará, dicen, "en que las farmacias tendrán mayores facilidades para tener disponibilidad de los medicamentos y supondrá un mayor estímulo en el caso de los genéricos, siempre que se mantenga la libertad de comercio entre fabricantes y farmacias".
Finalmente, plantean "incorporar a las oficinas de farmacia a las políticas de desarrollo de Atención Primaria, con un papel mucho más relevante del farmacéutico como agente de salud", y también facilitar su acceso a los biosimilares, "para dispensarlos al paciente en su domicilio". Esto último, opinan, "redundará en el fomento del propio biosimilar al estar más accesible para los pacientes". Y es que, concluyen, "reservar la dispensación en los 500 hospitales y no extenderlo a las 22.000 oficinas de farmacia es imponer un copago en la sombra importante en forma de tiempo de desplazamiento y recursos".
Nicolas Gonzalez Casares: