La agenda España 2050 que ha presentado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, data en 2030 cuando nuestro país dedicará a gasto público sanitario el 7% del PIB. Esta cifra llega pocos días después de que el Ejecutivo, en la Actualización del Programa de Estabilidad, un documento oficial remitido a Bruselas, asegurara que en 2030 la inversión sería de solo el 6,2% y que el 7% solo se alcanzaría en 2050.
El anuncio de que el Gobierno tiene previsto incrementar el gasto destinado al sector sanitario "hasta el 7% para 2030 (sin incluir los tratamientos de larga duración y sociosanitarios)" ha sido el principal anuncio dentro del ámbito sanitario, en el documento 'España 2050'. Este documento supone para Sánchez un “hito importante en la democracia española”, ya que se trata del "primer ejercicio colectivo de prospectiva estratégica" que se realiza en España, "con el objetivo de decidir entre todos qué país queremos ser dentro de 30 años".
El objetivo de normalizar la inversión en sanidad en torno al 7% del PIB ya fue anunciado como uno de los puntos del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos al inicio de la legislatura y como un objetivo a conseguir a lo largo de los cuatro años de duración de la misma, es decir para 2023.
Los avatares de la pandemia han provocado que las variaciones en el gasto y en la inversión se alteraran de forma notable. Así el año 2020, el gasto sanitario público alcanzó el 7,6% del PIB y en el presente estima que se situará a fin de año en el 7,1%, según los datos de Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 que el Gobierno remitió a la Unión Europea. Sin embargo, ese mismo documento prevé una disminución en los años siguientes. En 2023 se prevé que se sitúe en el 6,4%, y en torno al 6,2% del PIB en el año siguiente.
Las previsiones prospectivas a largo plazo que señalaba el Plan de Estabilidad resultaban menos optimistas que el anuncio que ha realizado hoy jueves el presidente. En concreto preveían una estabilización de la inversión en torno al 6,2% hasta 2030 y no se llegaría hasta ese objetivo del 7% de la riqueza nacional hasta 2050, en coincidencia con la entrada en la tercera edad de los nacidos en el ‘baby-boom’.
Junto al aumento del gasto sanitario, la ‘hoja de ruta’ del actual Gobierno, contempla el reto de adaptar el estado de bienestar a una sociedad más longeva a través de medidas sociales y sanitarias. Con ello, el gobierno pretende orientar la financiación hacia la "obtención eficiente y equitativa de resultados en salud". Esto implicará "disponer de normas y procedimientos para que la “financiación de las prestaciones se realice considerando la relación coste-efectividad de los mismos" y con los criterios de equidad siempre presentes”.
En ese sentido el Ejecutivo quiere contar con un plan "definido del tipo de servicio de salud que queremos tener como país y diseñar normas precisas que permitan determinar los beneficios y la eficacia de las innovaciones sanitarias". En la presentación del documento se asegura que “no existe un marco meditado, aplicado y maduro de políticas en materia de salud dirigidas al largo plazo.
El Gobierno espera que el el aumento de la esperanza de vida en la población “traiga consigo una mayor demanda en cuidados y salud física y mental, que originará, a su vez, oportunidades de crecimiento en ámbitos como el de la medicina, la farmacia y la biotecnología; los servicios sociosanitarios diversificados y colaborativos de acompañamiento y cuidado; la asistencia psicológica; la conectividad de servicios remotos y la domótica social”.
Apuntalar la solvencia del SNS
Como medidas concretas, se recoge garantizar que la financiación pública y la utilización de servicios y prestaciones sanitarias se orienten a una obtención eficiente y equitativa de resultados en salud, lo que implicará " disponer de normas y procedimientos para que la financiación de las prestaciones médicas, medicamentos y tecnologías sanitarias se realice considerando la relación coste-efectividad de los mismos, atendiendo, además, a criterios de equidad", así como la evaluación de la utilización efectiva de las prestaciones.
Además, el documento señala "apuntalar la solvencia del Sistema Nacional de Salud", realizando cambios estructurales en materia de buen gobierno, y variando el modelo organizativo hacia uno más centrado en la cronicidad.
La tecnología ocupará así mismo un lugar importante en la estrategia ya que permitirá predecir el tiempo de supervivencia "con más precisión y, con ello, las consecuencias de las enfermedades sobre los últimos momentos de la vida". La prioridad será “asegurar un equilibrio entre el el precio que la administración sanitaria paga por las nuevas tecnologías y tratamientos con el valor terapéutico y social de los mismos”.
El Gobierno plantea igualmente Estrategia Nacional de Envejecimiento Saludable “que deberá diseñarse con la participación de todos los actores sociales, y habrá de centrarse tanto en la prevención y autocuidado de la salud a lo largo del ciclo vital, como en el refuerzo de las políticas de salud pública y la reducción de las desigualdades en salud .
Agencia de Evaluación de Políticas en Salud
Igualmente se prevé establecer una Agencia de Evaluación de Políticas en Salud, “de carácter autónoma e independiente, cuya finalidad sea la evaluación ex ante, durante y ex post de aquellas intervenciones con mayor potencial para mejorar la esperanza de vida en buena salud y reducir las desigualdades, reforzando las que demuestren éxito y abandonando aquellas cuyo coste de oportunidad social exceda los beneficios alcanzados”.
Se plante también “dedicar más recursos a controlar la evolución de las enfermedades crónicas y poner el foco en la prevención secundaria y terciaria de estos eventos. Para ello, “será preciso reforzar la atención primaria, y ahondar tanto en la mejora de la coordinación asistencial (atención primaria y hospitalaria) como en la coordinación entre los servicios sanitarios y los cuidados de larga duración. También será crucial la preparación ante potenciales enfermedades emergentes”.
En lo referente a las mejoras concretas del sistema sanitario, el documento apuesta por garantizar la calidad del Sistema Nacional de Salud, “mejorándola prevención y el tratamiento de las enfermedades físicas y los trastornos mentales”. También plantea disminuir los tiempos de espera para recibir diagnóstico y asistencia en salud mental, fijándola como máximo “en los 30 días hasta la primera consulta en centros especializados del Sistema Nacional de Salud”.
En esa misma línea se apuesta por” proporcionar tratamientos mínimos efectivos en salud mental que permitan reducir el consumo de psicofármacos”, ya que según se indica en la estrategia, "hoy en día, solo un 25% de las personas con un problema clínico de depresión recibe un tratamiento “mínimamente eficaz””.
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: