El Gobierno ha dibujado una senda de evolución del gasto público en Sanidad de contención hasta el año 2026 al establecer que se mantendrá estable en el 6,9% del producto interior bruto (PIB) desde 2022 hasta 2026. No obstante, dado que el porcentaje de gasto público sobre el PIB bajará desde el 47,4% de 2022 al 46,3% en 2026, el gasto público en sanidad experimentará un a ligera contracción en estos años.
De las principales partidas contempladas en la Clasificación funcional del gasto de las Administraciones Públicas (COFOG), solo Defensa experimenta una relevante subida hasta 2026. La mayoría de las funciones ven reducido su participación en el PIB o, como mucho, la mantienen de acuerdo con el escenario que el Gobierno ha presentado ante la Comisión Europea en la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026.
Esta actualización del programa de estabilidad se acompaña, como es habitual, por el Programa Nacional de Reformas 2023, que en esta ocasión no incorpora novedades de relevancia en el ámbito sanitario ya que las principales reformas expuestas ya han sido anunciadas o, incluso, se corresponden con proyectos presentados a Bruselas en ejercicios anteriores.
Sí que es interesante el planteamiento que realiza en relación con la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Se plantea revisar la distribución de recursos y considerar las inversiones sociales, en particular en sanidad, fuera del cálculo del déficit, “para evitar recortes”.
En cualquier caso, destacan entre las reformas planteadas las reformas legislativas como proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud o el anteproyecto de Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Igualmente, se cita el proyecto de Real Decreto por el que se regula la financiación y fijación de precios de medicamentos y productos sanitarios y su inclusión en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
Por otro lado, se plantea una mejora del Marco de Salud Pública mediante acciones específicas como son: Estrategia española de salud pública; Estrategia de Vigilancia en Salud Pública del Sistema Nacional de Salud; Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública; Creación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública y puesta en marcha de los Laboratorios Nacionales de Referencia.
En cuanto a planes y actuaciones destacan el Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024; Estrategia en Salud Cardiovascular; Programa de Actuación 2022-2023 del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente (PESMA) o el Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. Igualmente se cita el Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (INVEAT).
El resultado de aplicar estas medidas sería, según el Ejecutivo, un “refuerzo del Sistema Nacional de Salud, mejorando su cobertura y el acceso a los servicios y prestaciones, con mayor grado de homogeneidad y equidad”, así como un refuerzo de la atención primaria gracias a que “se adopta un enfoque integral y comprehensivo de la salud”. Además, se fomentaría el uso racional de los medicamentos y de los productos sanitarios y se lograrían avances en salud pública así como el impulso de las inversiones en innovación y tecnología.
Respecto de los servicios sanitarios, el Programa Nacional de Reformas 2023 recoge que se debe avanzar en la ampliación de la cartera de servicios (en particular en salud mental, bucodental y visual) y en el acceso equitativo a unos servicios de calidad, reduciendo las disparidades interterritoriales (entre zonas rurales y urbanas) y revisando el sistema de copago farmacéutico.