La innovación biomédica como inversión estratégica para el sistema sanitario, como motor de equidad y como elemento clave para la sostenibilidad social y económica centró el encuentro ‘Innovación biomédica. Un legado para la humanidad’, celebrado en el Senado e impulsado por Johnson & Johnson. La jornada sirvió para presentar un documento de consenso que aborda la innovación en salud más allá del ámbito clínico, incorporando dimensiones jurídicas, económicas, sociales y de políticas públicas.
El encuentro reunió a responsables institucionales, gestores sanitarios, profesionales de la salud, académicos y representantes de pacientes con un objetivo común: reflexionar sobre cómo incorporar, medir y sostener la innovación biomédica en el sistema sanitario español, garantizando que sus beneficios lleguen de forma equitativa a la población y contribuyan a reforzar la cohesión social.
La apertura institucional situó desde el inicio el foco en el paciente como eje del sistema y en la necesidad de abordar la innovación desde una perspectiva integral. La presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán, subrayó que el valor de la innovación se mide en términos de equidad, acceso y oportunidad. Desde la experiencia de los pacientes, afirmó que innovar significa “llegar a tiempo”, poder mantener un proyecto de vida y disfrutar de una vida lo más normalizada posible, más allá del avance tecnológico en sí mismo.
Barragán incidió en que no toda innovación es necesariamente transformadora si no tiene un impacto real en la vida de las personas. En este sentido, defendió que los pacientes deben participar de forma activa en el diseño, la evaluación y el acceso a la innovación biomédica para asegurar que los avances científicos se orienten a necesidades no cubiertas y se traduzcan en mejoras tangibles en la calidad de vida.
Por su parte, el director de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de Johnson & Johnson Innovative Medicine en España, David Beas, defendió la innovación en salud como una inversión y no como un gasto. Durante su intervención, destacó que la incorporación de innovaciones terapéuticas explica en torno al “73 por ciento del incremento de la esperanza de vida”, al tiempo que genera “ahorros en otros ámbitos del sistema sanitario y contribuye a mejorar la productividad laboral”.
Beas situó la innovación biomédica como una palanca de competitividad y cohesión social para el país y recordó que su impacto va más allá del beneficio clínico individual. En este contexto, subrayó que la innovación “solo cobra sentido cuando se integra en un sistema colaborativo”, en el que confluyen industria, administraciones, profesionales sanitarios y pacientes, y en el que existen marcos normativos y recursos suficientes para garantizar su sostenibilidad.
La secretaria Segunda del Senado, María del Mar Blanco, puso en valor el papel de la Cámara Alta como espacio para el diálogo y la construcción de consensos de Estado, subrayando el significado institucional de acoger la presentación del documento de consenso en el Senado. En su intervención, vinculó la innovación biomédica con la responsabilidad de las instituciones públicas de adoptar decisiones estratégicas a largo plazo que refuercen el sistema sanitario y garanticen un acceso equitativo a los avances en salud.
El documento ‘Innovación biomédica: un legado para la humanidad’ fue presentado por Miguel Ángel Boldova, director de la Cátedra de Derecho y Salud de la Universidad de Zaragoza, quien explicó que la innovación en salud debe entenderse como un bien común y un patrimonio colectivo con dimensión intergeneracional. Boldova defendió la existencia, al menos en germen, de un derecho a participar en el progreso científico y a beneficiarse de él en el ámbito sanitario, lo que implica obligaciones para los poderes públicos en materia de promoción de la investigación, acceso equitativo y prevención de brechas territoriales y sociales, situando siempre a la persona en el centro de las políticas públicas.
Principios para las políticas públicas
En su ponencia, el director del Aula de Farmacología de la Universidad del País Vasco, Javier Meana, planteó la necesidad de repensar la innovación biomédica como algo más que una sucesión de avances científicos. Desde una perspectiva estructural, defendió que la innovación puede considerarse un pilar del progreso humano, un legado colectivo y, en determinados términos, un derecho de la humanidad, en la medida en que sus beneficios repercuten directamente en la salud y el bienestar de la población.
Meana subrayó que los avances biomédicos trascienden el ámbito estrictamente clínico y generan implicaciones sociales, éticas y económicas que deben ser incorporadas a la acción pública. En este contexto, defendió la necesidad de contar con principios orientadores para las políticas públicas en innovación biomédica, que permitan articular decisiones coherentes a largo plazo y evitar aproximaciones fragmentadas o coyunturales.
Según expuso, estos principios deben sustentarse en tres ejes explícitos: la promoción activa de la investigación, la medición del impacto real de la innovación y la concienciación social sobre su valor. A su juicio, la innovación solo adquiere pleno sentido cuando se integra de forma estable en el sistema sanitario, es evaluable en términos de impacto y contribuye de manera sostenida a mejorar la salud, la equidad y la cohesión social.
La innovación desde la experiencia del paciente
En la primera mesa, dedicada a la innovación como eje transformador de la experiencia de vivir, tratar y cuidar, el director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Pedro Carrascal, situó la innovación en el plano del valor social y su impacto directo en la vida de las personas. En su intervención señaló que “la innovación tiene que medirse en términos de calidad de vida y de impacto real en el paciente”, y advirtió de que no basta con incorporar novedades si estas no responden a necesidades concretas.
Carrascal defendió que el sistema sanitario debe avanzar hacia modelos de evaluación que incorporen de forma explícita la experiencia de los pacientes, ya que “es necesario medir el impacto que la innovación tiene en la vida de las personas”. A su juicio, este enfoque resulta clave para orientar adecuadamente las decisiones de incorporación y financiación.
La presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, Marina Díaz, explicó que la innovación en psiquiatría genera efectos tanto en profesionales como en pacientes. Según afirmó, en los pacientes “produce esperanza, mejoría, reconocimiento y vida”, y en los profesionales fomenta curiosidad, motivación y compromiso con la práctica clínica.
Díaz subrayó que una mejor comprensión científica de los trastornos mentales permite desestigmatizar la enfermedad y avanzar hacia diagnósticos y tratamientos más precisos. En este sentido, defendió que la innovación posibilita una psiquiatría de precisión y tratamientos personalizados que mejoran la adherencia, reducen efectos secundarios y contribuyen a disminuir la cronificación y las hospitalizaciones prolongadas.
Desde la farmacia hospitalaria, la delegada autonómica de Andalucía de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Begoña Tortajada, advirtió de que “no todo lo nuevo es transformador” y que la innovación solo puede considerarse como tal si impacta de forma real en la vida de los pacientes.
Tortajada coincidió en que la innovación debe construirse con la participación activa de las personas afectadas y orientarse a mejorar aspectos como la calidad de vida, el trabajo o el proyecto vital. Según señaló, estos elementos son los que determinan que un avance tenga un valor real para el sistema sanitario.
El reto de incorporar, medir y sostener la innovación
La segunda mesa abordó el reto de incorporar, medir y sostener la innovación en el sistema sanitario. En la introducción en su papel de moderador, el director del Aula de Innovación en Política Sanitaria, Boi Ruiz, señaló que no existe innovación sin ideas, pero tampoco sin los catalizadores necesarios para materializarlas y trasladarlas a la práctica asistencial. Identificó como elementos clave tanto a la industria capaz de desarrollar soluciones como a las políticas públicas que permiten su adopción.
Ruiz planteó que el principal desafío del sistema reside en superar las limitaciones económicas y regulatorias, medir adecuadamente el valor de la innovación y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Según indicó, la innovación no puede ser un fenómeno coyuntural, sino un proceso integrado de forma estable en el sistema sanitario.
La gerente asistencial de hospitales del Servicio Madrileño de Salud, Mercedes Navío, se mostró moderadamente optimista respecto a la capacidad del sistema para incorporar la innovación, siempre que se utilicen adecuadamente las herramientas disponibles. En su intervención señaló que existen oportunidades claras para avanzar, especialmente si se abordan desde una perspectiva estructural.
Navío apuntó de forma explícita a los nuevos modelos de financiación, como el riesgo compartido, el pago por resultados o la compra pública innovadora, como instrumentos con potencial para facilitar la incorporación de la innovación. Según indicó, estos modelos pueden contribuir a alinear mejor el valor clínico con la sostenibilidad del sistema, siempre que se integren en marcos organizativos adecuados.
El exviceconsejero de Gestión Económica y Farmacia del Servicio Madrileño de Salud, Pedro Irigoyen, centró su intervención en la importancia del acceso a la innovación como elemento clave de equidad. Según afirmó, “lo importante es que haya acceso, porque si no hay acceso se generan diferencias de equidad”.
Irigoyen subrayó que garantizar el acceso requiere un cuerpo legislativo adecuado y profesionales competentes capaces de gestionar la innovación dentro del sistema. En este contexto, planteó que podrían explorarse cambios en el IVA de los productos sanitarios como vía para mejorar la financiación de las comunidades autónomas o establecer fondos centralizados para la innovación y reforzar su capacidad para incorporar innovación sin generar desigualdades territoriales.
El presidente del Foro Español de Pacientes, Andoni Lorenzo, insistió en que las decisiones sobre innovación deben tener en cuenta el impacto real en la vida cotidiana de los pacientes. En su intervención recordó que, desde la perspectiva de las personas afectadas, el acceso oportuno resulta tan relevante como la propia existencia del avance terapéutico.
Lorenzo defendió que los pacientes participen en los procesos de evaluación y priorización, ya que su experiencia permite identificar barreras y necesidades que no siempre se reflejan en los indicadores tradicionales. A su juicio, esta participación contribuye a una incorporación más justa y eficiente de la innovación.
Políticas para garantizar el acceso
La tercera mesa se centró en las políticas necesarias para que la innovación biomédica llegue a toda la población. La presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, Begoña Barragán, planteó una reflexión crítica sobre el uso de los recursos públicos destinados a innovación. Según señaló, es necesario preguntarse si se están invirtiendo adecuadamente y si el sistema está orientado a garantizar el acceso en tiempo y forma.
Barragán cuestionó por qué no avanzar hacia un modelo que permita el acceso a la innovación tras la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, dejando que los aspectos administrativos se resuelvan posteriormente. En su opinión, este enfoque podría evitar retrasos que afectan directamente a los pacientes.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, defendió que el acceso a la innovación debe ser un compromiso de Estado, dado que sus beneficios trascienden el ámbito estrictamente sanitario. Según afirmó, la innovación tiene impacto en áreas adicionales como la economía, la productividad y la cohesión social.
Ruiz Escudero abogó por reforzar la colaboración público-privada y por disponer de un marco regulatorio que facilite la incorporación de la innovación al sistema sanitario. A su juicio, solo mediante acuerdos amplios y estables será posible garantizar que los avances biomédicos lleguen de forma equitativa a toda la población.
El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, subrayó la responsabilidad del Estado en garantizar que la innovación biomédica llegue a todos los ciudadanos. En su intervención defendió que las políticas públicas deben crear condiciones estables para su incorporación.
Sánchez señaló que asegurar el acceso constituye un elemento central para que la innovación cumpla su función como legado colectivo, evitando desigualdades y reforzando la cohesión territorial.
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: