Consenso del Senado para hacer de la compra pública innovadora un motor sanitario

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado ha dado luz verde a una moción relativa al impulso de la Compra Pública de Innovación (CPI) como instrumento estratégico para la transformación de los servicios públicos, especialmente dentro del ámbito sanitario. La iniciativa, defendida por el Grupo Parlamentario Socialista, busca posicionar a la administración como un cliente ancla capaz de demandar soluciones tecnológicas que aún no se encuentran en el mercado. La moción fue aprobada por 10 votos a favor, 2 en contra y nada menos que 18 abstenciones.

Durante la defensa de la moción, la socialista Amparo Torres señaló que la CPI no es una idea nueva en el contexto europeo, citando los ejemplos de Países Bajos, Dinamarca o Estonia. Según la senadora, España presenta "un despliegue desigual y fragmentado de este mecanismo, concentrado en administraciones avanzadas mientras otras entidades públicas desconocen su existencia". La propuesta socialista insta a reforzar la estrategia estatal, mejorar la coordinación interministerial y fomentar la formación especializada, especialmente en los niveles autonómico y local.

"La compra pública de innovación, no solamente es una herramienta administrativa, es una política estratégica de país", señaló la diputada y supone "una oportunidad para posicionar a España como un referente en innovación". Por ello reclamó la necesidad de incorporar "nuevos modelos de gobernanza".

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular, a través del senador Carlos Yécora, justificó su abstención al considerar que la moción carece de objetivos medibles y compromisos presupuestarios. El senador reprochó al Gobierno que la iniciativa "llega tarde y recordó que comunidades como Galicia, Andalucía o La Rioja ya aplican políticas eficaces en este ámbito".

"Esta moción es correcta en el planteamiento, pero se queda corta en la ambición", señaló Yécora, ya que a su juicio "sigue sin incorporar objetivos medibles, compromisos presupuestarios ni instrumentos reales para facilitar el acceso a las empresas". A su juicio, la moción "no parte de la realidad que ya existe en nuestro país, ya que aquí seguimos debatiendo marcos generales, mientras otros países ya lo aplican".

Desde Izquierdas por la Independencia, Mario Zubiaga advirtió sobre el riesgo de socializar riesgos mientras se privatizan beneficios en favor de las empresas, además de señalar el peligro de la dependencia tecnológica respecto a grandes corporaciones.

Incertidumbre en la gestión oncológica

El segundo punto de relieve en la sesión fue la aprobación de una moción del Grupo Parlamentario Popular para incrementar la financiación en investigación oncológica y recuperar la competitividad del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). La senadora Elena Castillo alertó sobre la quiebra de confianza en la institución tras las denuncias de presuntas irregularidades económicas y contratos amañados que habrían tenido como objetivo exprimir recursos públicos.

La iniciativa parlamentaria reclama un marco financiero plurianual que garantice la estabilidad del centro, así como el refuerzo de los controles y auditorías independientes. Según los datos aportados durante el debate, el centro dejó de ingresar alrededor de 12 millones de euros anuales por la fuga de talento y arrastra un déficit estructural superior a los cuatro millones de euros. Los ingresos de la institución cayeron cerca de un 22 % en la última década, una situación que el Partido Popular calificó de deterioro directo de la capacidad científica nacional.

Inversión y convergencia europea

En el turno de portavoces, el popular Israel Pérez Jiménez subrayó que la inversión española en I+D se sitúa en el 1,5 % del PIB, lejos del 2,2 % de la media en la Unión Europea. El senador advirtió que gran parte de la inversión actual depende de fondos europeos extraordinarios con fecha de caducidad, lo que exige un compromiso estructural del Estado para evitar un retroceso tecnológico cuando estos recursos desaparezcan.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, Pere Pons negó que el Gobierno haya fallado en su labor de supervisión y recordó que desde 2018 se invirtieron más de 1.000 millones de euros en investigación y desarrollo en materia de cáncer. El senador defendió que el Patronato del CNIO actuó de forma contundente al cesar a la cúpula directiva y trasladar la información a la fiscalía una vez detectada la crisis, calificando la postura de la oposición como una campaña de acoso contra el Ejecutivo. La moción resultó aprobada con 19 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones.