Del refuerzo asistencial a la farmacia pública: las propuestas de los candidatos el 17 M andaluz

La sanidad pública se ha consolidado como el eje central de la campaña electoral en Andalucía de cara a los comicios de este domingo. Los cinco candidatos con representación parlamentaria detallaron medidas para responder a retos como las listas de espera o el déficit de profesionales, en un escenario marcado por la reciente crisis en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Este contexto elevó durante la campaña la tensión política, especialmente tras la decisión de la Junta Electoral de obligar al PSOE a modificar sus llamadas telefónicas que simulaban citas médicas para criticar la gestión sanitaria.

Juanma Moreno, candidato del PP, estructura su programa en torno a una reorganización integral del sistema y la aprobación de una Ley de garantía sanitaria que impida recortar presupuestos. Por su parte, María Jesús Montero, representante del PSOE, centró su discurso en el denominado 'Plan Montero' para blindar lo público, revertir externalizaciones y garantizar citas en primaria en 48 horas y defender el retorno de las subastas de fármacos, que la misma candidata puso en marcha, durante su etapa como consejera. En el bloque de Vox, Manuel Gavira apostó por un incremento de la dotación hospitalaria y un Estatuto Médico, mientras que Antonio Maíllo, de Por Andalucía, y José Ignacio García, de Adelante Andalucía, coincidieron en la necesidad de aumentar la financiación y eliminar progresivamente los conciertos con la sanidad privada.

Modelos contrapuestos para la farmacia

La gestión de la prestación farmacéutica dibuja una frontera nítida entre los bloques políticos. Las formaciones de izquierda, representadas por Por Andalucía y Adelante Andalucía, defenden una mayor intervención pública del mercado. La candidatura de Maíllo incluye en su hoja de ruta la recuperación y mejora del sistema público de subasta de medicamentos, herramienta que consideraron efectiva para reducir la factura farmacéutica antes de su supresión. Además, propone el inicio de la producción pública de fármacos esenciales para garantizar la autonomía estratégica de la región.

En una línea similar, Adelante Andalucía plantea una reforma del modelo farmacéutico basada en la gestión pública directa. Su candidato, José Ignacio García, vincula la sostenibilidad del sistema a la creación de una farmacia pública andaluza y al retorno de las subastas para garantizar el suministro. Estas posturas contrastan con el modelo propuesto por el centroderecha, donde el énfasis recayó en la vertiente asistencial y la colaboración con la red de oficinas de farmacia bajo criterios de eficiencia.

Integración en la atención primaria

El programa del PP de Juanma Moreno subraya la necesidad de integrar formalmente al farmacéutico comunitario en los grupos de seguimiento de pacientes en atención primaria. La propuesta incluya la creación de microequipos de salud para potenciar el seguimiento farmacoterapéutico, especialmente en pacientes polimedicados. Asimismo, el candidato popular reafirma su apuesta por consolidar la entrega de medicamentos de diagnóstico hospitalario a través de las oficinas de farmacia para evitar desplazamientos innecesarios de los ciudadanos a los centros hospitalarios.

Por su parte, Manuel Gavira desde Vox plantea una transformación del papel del sector farmacéutico para transitar hacia una gestión de resultados. Su programa contempla otorgar nuevas funciones asistenciales a los farmacéuticos, integrándolos de manera efectiva en la red sanitaria para reforzar la equidad territorial en el medio rural. Esta medida busca que la farmacia comunitaria asumiera un papel más activo en los programas de cribado y detección precoz de enfermedades, actuando como una pieza clave en la continuidad asistencial.

Digitalización y cohesión territorial

La modernización tecnológica también ocupó un espacio relevante en las propuestas de la derecha. El PP impulsó la evolución de la receta electrónica para facilitar la comunicación bidireccional entre médicos y farmacéuticos, detectando duplicidades terapéuticas de manera precoz. Por su parte, Vox defendió la implementación de la compra centralizada de medicamentos y tecnología a nivel estatal para optimizar el gasto público y asegurar la interoperabilidad. Ambas formaciones coincidieron en el mantenimiento de incentivos para la farmacia rural para garantizar la prestación en toda Andalucía.

Frente a este modelo de colaboración, las fuerzas de izquierda insistieron en que cualquier avance en el sistema debe partir de la gestión pública directa. Por Andalucía vinculó la mejora asistencial a la inversión del 25 % del presupuesto sanitario en atención primaria y al fomento de la investigación biosanitaria financiada con recursos públicos. En este escenario, el voto del 17 de mayo determinará si Andalucía recupera el modelo de subastas o profundiza en la integración asistencial de la oficina de farmacia propuesta por el actual gobierno regional.