La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) ha organizado la cuarta edición de su Jornada de Gestión Clínica, titulada ‘Política Sanitaria y Sociedades Científicas’, con la participación, entre otros, de portavoces políticos de los grupos parlamentarios con mayor representación, los cuales han defendido, aunque con matices, la necesidad de transitar hacia un modelo de toma de decisiones basado en resultados sobre la base de unos indicadores que deberían establecerse con la participación de las sociedades científicas.
Entre los participantes de esta mesa de debate estuvo el portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Senado, Antonio Alarcó, quien afirmó que "si no hacemos política de la evidencia, nos confundimos. Si la introdujéramos, nos equivocaríamos menos y administraríamos mejor". También se mostró en esta línea el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Francisco Igea, quien afirmó que su Grupo es "partidario de que sea la evidencia la que guíe decisiones", aunque para ello habría, dijo, "que mejorar los indicadores", un matiz que también fue puesto encima de la mesa por la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Mónica García, quien como Igea opinó que esta definición de indicadores "debe consensuarse con las sociedades científicas para que sean realmente útiles".
Más cauto aún con respecto a esta afirmación se mostró el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Congreso, Jesús María Fernández, quien, aunque defendió que las decisiones se basen en la evidencia, "sobre todo las que tienen que ver con prestación sanitaria y atención clínica", recordó que en materia de Sanidad también hay margen para las "decisiones políticas", ya que, dijo, además de recopilar información, la función de un gestor es la de de "conciliar intereses diferentes" y hacer frente a incertidumbres en torno a los argumentos que ofrecen las distintas partes interesadas en un mismo problema". No obstante, de cara a la primera parte también valoró la participación de las sociedades científicas.
Más allá de esta posición común, los distintos portavoces utilizaron algunos ejemplos para mostrar lo que, para ellos, es gestionar de espaldas a la evidencia. En este sentido, la más incisiva fue García, quien preguntó "¿dónde está la evidencia en la que sustentan los procesos de privatización, los copagos o el Pacto con Farmaindustria que establece un suelo de gasto en medicamentos de marca para las comunidades que quieran acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica?".
Al copago también aludieron Igea y Fernández. El primero, para señalar que "hay evidencia de que son los ingresos más bajos los que lo sufren, pero nos empeñamos (en alusión al resto de partidos, que no apoyaron una batería de medias presentada por la formación naranja en el Congreso) en la derogación del 16/2012, e impedimos avanzar en este sentido". En este sentido, se quejó que "la política es muy sectaria y muy de bandera". Por su parte, el portavoz socialista recordó que su Grupo ha preguntado el Gobierno por el impacto de esta medida, sin que hayan obtenido respuesta.
Lo que esperan de las sociedades científicas
Junto a estas cuestiones, y de cara a una mayor participación de las sociedades científicas en la toma de decisiones, el presidente de Facme y moderador de la mesa, Fernando Carballo, preguntó a los portavoces políticos qué es exactamente lo que se espera de ellas. En este sentido, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid habló de "transparencia, independencia y ausencia de conflictos de intereses". Y añadió: "Si el sistema sanitario debe basarse en ese conocimiento, ese conocimiento debe estar libre de los conflictos de intereses. También les exigiría hacer política velando por la sostenibildad y el rigor científico, porque todo, incluido el precio de la tecnología, es política".
En un sentido similar expresó Igea, quien reiteró la necesidad de que las sociedades estén "comprometidas con la calidad de la asistencia, pero también con la sostenibilidad del sistema". En este sentido, reconoció que, "aunque hace falta inversión pública, también hace rendición de cuentas, de los gestores, de los mandos intermedios y de todos". Asimismo, reiteró la necesidad de eliminar los conflictos de intereses".En estas ideas también ahondó Fernández, quien primero les pidió que sean "más fuertes, que desarrollen más actividades, que se rijan por los más altos estándares éticos y profesionales y que sean más sensibles a los retos del SNS, haciendo compatible su foco principal, la excelencia clínica, con los cotes y los riesgos".
¿Necesita España un NICE?
En lo que respecta al avance de esta política basada en resultados en el ámbito de la autorización de medicamentos, se volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que España disponga de un organismo independiente que decida la inclusión en la prestación sobre la base de parámetros de coste-efectividad. Aquí, García opinó que es "imprescindible poder evaluar las tecnologías sanitarias para poder hablar de eficiencia y sostenibilidad" y se mostró indiferente ante la diatriba de si tener sólo uno o 17 organismos, "siempre que estén bien presupuestados y, en caso de ser 17, que trabajen en red". El portavoz de Ciudadanos reclamó, ante esta posibilidad, que sea cuál sea la fórmula "lo importante es que se le haga caso, y no se haga lo mismo que con los IPT, que cada comunidad sigue haciendo lo que le da la gana".
Fernández también se refirió a la posibilidad de desarrollar un marco de financiación basado en resultados, , y apuntó que hay "científicos que admiten que es difícil montar un sistema de evaluación de resultados, porque cuando se va a montar el sistema, datos tan básicos como los relativos a la mortalidad de las personas que están tomando un medicamento no son fáciles de registrar". Y añadió: "Parece ser, además, que los costes de montar estos sistemas podrían ser más importantes que los ahorros que se pueden generar".
