El pasado día 11 de abril se vivió en el Congreso un acalorado debate entre el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Jesús María Fernández, y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, como consecuencia de una interpelación urgente del primero de ellos en la que solicitaba a Montserrat que explicara cuáles son los plantes del Gobierno, en general, y su Departamento, en particular, para restablecer la calidad de la asistencia sanitaria tras haberse resentido con la crisis y las restricciones presupuestarias.
Para argumentar este deterioro, Fernández comenzó aludiendo a la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012, que, en su opinión, "supuso una contrarreforma sanitaria" con tintes "ideológicos" que, en la práctica, sirvió "para desmontar el edificio de derechos sanitarios que se había construido con la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad y la Ley General de Salud Pública", todas ellas, recordó, aprobadas en periodos de Gobierno socialista. Las principales consecuencias de esta reforma habrían sido, subrayó, "la exclusión de la cobertura sanitaria de más de 800.000 personas, como han confirmado ONG y organizaciones sanitarias y que han sido denunciadas por organismos internacionales como el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU o la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia".
Montserrat negó la mayor, aduciendo que lo que había hecho el Gobierno con este RDL era precisamente "recuperar el derecho a la asistencia para los españoles que la habían perdido con "antiguas normativas socialistas, que habían dejado fuera de la cobertura, entre otros, a los ejercientes de profesiones liberales, como abogados o arquitectos". También justificó la medida con la necesidad de "poner fin al turismo sanitario, garantizando, no obstante, la sanidad a menores, embarazadas, prevención de control de enfermedades infecciosas, protección internacional y víctimas de trata". En definitiva, Montserrat aseguró que el RDL 16/2012 "no ha impedido acceder a nadie. Es más, atendemos a más personas que nunca", un extremo que siguen negando las organizaciones que trabajan en su día a día con estos colectivos, que siguen denunciando casos de facturación de la atención en Urgencias, garantizada a priori según el RDL. Fernández insistió en que la reforma "tiene carácter ideológico, aunque, utilizando la excusa del turismo sanitario, se de una justificación económica".
Siguiendo con el RDL, el portavoz socialista también criticó el hecho de que éste haya servido para fragmentar la cartera de servicios, una maniobra, dijo, "para introducir copagos sanitarios". Y en el campo de los copagos se volvió a quejar de la aplicación de éstos "a pensionistas justo antes de congelarles la pensión". En este sentido, afirmó, haciendo alusión al hecho de que en 2017 se gastaran 1.000 millones menos en medicamentos, que lo que hace el Gobierno "no es ahorrar, es quitarle el dinero de su bolsillo a los españoles", en relación al incremento de 1.600 millones que Fernández atribuye al gasto familiar en fármacos. Con respecto a esta cuestión, Montserrat defendió que lo que se hizo en su momento fue establecer el copago "con base en la renta, en vez de la edad, ya que consideramos que este criterio es más equitativo". Recordó además los beneficios para los parados de larga duración, "que dejaron de pagar el 40%".
Reforma del modelo de financiación
Otro de los temas que enfrentó a ambos fue el que tiene que ver con la reforma del actual modelo de financiación autonómica y, en este punto, el portavoz socialista acusó al Ejecutivo de "eludir permanentemente la petición de los consejeros socialistas y no socialistas", dilatando el tema sine die. Llegados a este punto, la ministra recordó que el actual modelo de financiación fue propuesto y aprobado por los socialistas y, sin embargo, "ahora todos se quejan de que no funciona y obliga a las CCAA a financiarse".
No obstante, hizo referencia a la conferencia de presidentes en la que el Gobierno habría admitido la reforma como prioridad, "y en eso estamos trabajando", dijo, y aprovechó para lanzar un mensaje de desconfianza con respecto a la capacidad del Grupo Socialista para poner a trabajar a sus gobiernos regionales para un gran acuerdo nacional. Montserrat lanzó este dardo con especial intención, ya que antes había mostrado su disgusto por el hecho de que ningún consejero acudiera a la conferencia de las profesiones médicas convocada por la ministra, una ausencia que calificó como "un ninguneo a los profesionales, las organizaciones, las sociedades y los sindicatos médicos, así como a los estudiantes de Medicina, teniendo en cuenta, además, que la celebración se había acordado por unanimidad en el último Consejo Interterritorial".
Para defender la actitud de los consejeros socialistas, Fernández también pasó al ataque, y llamó a la ministra a considerar que la ausencia es "una demostración del fracaso de su búsqueda de diálogo". Además, el portavoz socialista mostró su sorpresa por el hecho de que la ministra diera tanta importancia a unas conferencias de las que han salido en ediciones previas compromisos que no se han cumplido, "como es el caso del Decreto de Troncalidad, la formación continuada, etc.". "Las autonomías están enfadadas con usted, porque se ha solicitado un Interterritorial urgente para reformar la financiación, ya que, por ejemplo, ustedes aprueban una OPE que luego tienen que pagar las CCAA", señaló Fernández.
Puesta en valor de la gestión
Además de responder a estas cuestiones planteadas por el portavoz socialista, Montserrat aprovechó para poner en valor la gestión sanitaria del Gobierno, argumentando que "las organizaciones internacionales nos ven como el SNS más eficiente del mundo". "España es el primer país de Europa y el segundo del mundo en esperanza de vida y eso es por el SNS, ahondó, y subrayó también la buena posición de nuestro país en donación, autorización de ensayos clínicos con terapias avanzadas, la calidad de los profesionales. Asimismo, afirmó que muchos países nos consideran referencia en cuestiones como "el abordaje de la hepatitis C", con el tratamiento de más de 100.000 pacientes a febrero de 2018. En el apartado del acceso a los medicamentos, la ministra también resaltó las 240 innovaciones terapéuticas incorporadas en los últimos años.
Y, más allá de esto, aludió a los 20 millones incorporados en los presupuestos para afectados por talidomida, la financiación del nuevo tratamiento para la AME (Spinraza), o los avances en digitalización, logros que se han conseguido, dijo, "gracias a trabajo de Gobierno, CCAA, profesionales, pacientes, y todos los actores". En este marco de colaboración con otros agentes también quiso destacar la firma de acuerdos con con pacientes, con las profesiones sanitarias y con la propia industria farmacéutica.
Nicolas Gonzalez Casares: