La Comisión Europea ha utilizado el canal de Twitter para hacer alusión a la continuidad de sus negociaciones con los desarrolladores de vacunas, para que éstas puedan estar a disposición de los ciudadanos tan pronto como demuestren su eficacia y seguridad, para lo que, recuerdan, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) está aplicando procedimientos de rolling review para agilizar el proceso de evaluación.
En esa misma línea, la máxima autoridad europea espera que, una vez que hayan cumplido con los requisitos regulatorios, éstas sean "distribuidas y administradas" con rapidez, para "maximizar su efecto", lo que exige disponer, para entonces, de "un plan de vacunación nacional" y que la infraestructura para llevarlo a cabo "esté lista". En el caso del plan, la CE urge a los Estados miembros a ultimar y remitir los suyos.
Desde el Ministerio de Sanidad confirman que, en el caso de España, existe "un grupo de trabajo técnico operativo" que se está encargando de su desarrollo. Este grupo depende de la ponencia de programas y registro de vacunaciones del Consejo Interterritorial y en él participan, además del Ministerio, "comunidades autónomas, sociedades científicas, expertos en bioética, la Asociación Española de Vacunología y expertos en modelos matemáticos, Opinión Pública y Sociología".
Como se acordó en el Consejo Interterritorial del pasado 9 de septiembre, la idea es que este grupo de trabajo elabore una estrategia de vacunación común, que tendrá que después tendrá que ser aprobada en el Pleno del CISNS. Fuentes de Sanidad no han podido confirmar en qué fecha se espera esta aprobación.
En paralelo, las CCAA deben encargarse de disponer de todos los materiales, equipos y recursos necesarios para la administración de las vacunas que provea el Ministerio de Sanidad, que coordinará además un registro estatal de vacunación frente al SARS-CoV-2, con información de las CCAA y ciudades autónomas. La Aemps se tendrá que encargar de adaptar los suministros a la estrategia que se acuerde.
Priorización de los grupos
Uno de los aspectos más esperados de ese plan de vacunación tiene que ver con el establecimiento de los grupos prioritarios, ya que se prevé que, en una primera entrega, los laboratorios no podrán satisfacer la demanda íntegra para poder inmunizar a toda la población.
Son varias las voces autorizadas que han dado a entender que los criterios de España no se separarán mucho de los fijados por la propia Comisión Europea. Así lo indicaba, por ejemplo, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas, en una entrevista reciente en Diariofarma.
A este respecto, cabe destacar el comunicado de la Comisión del pasado 15 de octubre, donde aseguraba que "todos los Estados miembros tendrán acceso a las vacunas para la covid-19 al mismo tiempo, en cuantía proporcional al tamaño de su población", reconociendo que "las dosis serán limitadas" en una primera fase, "hasta que se pueda escalar la producción", por lo que habrá que considerar algunos grupos prioritarios. Entre ellos, incluía a los profesionales sanitarios y de centros sociosanitarios, los mayores de 60 años, los grupos de riesgo por su condición de salud, los trabajadores esenciales, las personas que no puedan mantener el distanciamiento social y los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, sin establecer un orden.
La hoja de ruta de la OMS
El Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha diseñado una Hoja de ruta para la priorización de la vacunación en un contexto de suministro limitado de vacunas, que establece diferentes escenarios, en función de la situación epidemiológica y la disponibilidad de unidades y, a partir de ellos, los grupos que deberían ser beneficiarios en primera instancia.
Quizás el de mayor interés sea el escenario a, que define una situación epidemiológica con transmisión comunitaria, en la que la estrategia debe dirigirse a la reducción de la mortalidad y la morbilidad, así como al sostenimiento de los servicios sanitarios críticos.
Dentro de este escenario epidemiológico, se contemplan tres grados de disponibilidad de vacunas. El más complejo de gestionar implicaría un suministro "muy limitado", lo que implica la capacidad de dar cobertura a menos del 10% de la población. Con estas condiciones, el grupo de la OMS llama a priorizar a los trabajadores sanitarios expuestos a un riesgo alto de adquirir y transmitir el virus, así como los mayores, con una categoría numérica que deberá fijarse de acuerdo a la esperanza de vida de los diferentes países.
Además de ese estadio de suministro "muy limitado", hay un segundo de disponibilidad "limitada", que cubriría al 11-20% de la población, y donde en los grupos prioritarios entrarían ya los mayores no cubiertos en el estadio anterior, los grupos con comorbilidades asociadas a un alto riesgo, así como los vulnerables por cuestiones de discapacidad, pobreza, étnicas, raciales, de género, religiosos, incluidos los inmigrantes en situación irregular, o los que habitan áreas rurales de difícil acceso. También entrarían aquí los trabajadores sanitarios implicados en la inmunización y el personal docente, específicamente, el que enseña a menores con dificultad para seguir las clases no presenciales.
Otro documento reciente es de los Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), de Estados Unidos, que han elaborado su 'COVID-19 Vaccination Program Interim Playbook for Jurisdiction Operations', como base para los planes de las diferentes jurisdicciones, entre ellas los propios estados y otros territorios de la Confederación, y que establece también distintas estrategias en función de los diferentes escenarios de disponibilidad de las vacunas.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: