El Ministerio de Sanidad está evaluando, con la Abogacía del Estado, la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el Plan para la consolidación de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de cara a tomar una decisión sobre la “oportunidad de recurrirla o no”. Así lo han señalado fuentes del Departamento de José Miñones a Diariofarma.
Pese a esta circunstancia, totalmente lógica, Sanidad explica que previamente a la sentencia ya testaban trabajando en la regulación de la evaluación de las tecnologías sanitarias, mediante un real decreto que salió recogido en el Plan normativo de 2023. Este real decreto buscaría “reglamentar un sistema independiente, transparente y participativo para la evaluación del posicionamiento terapéutico de las tecnologías sanitarias mediante un proceso científico, basado en datos contrastados que permita determinar la eficacia relativa y eficiencia de tecnologías sanitarias existentes o nuevas en comparación con otras”, explican desde el Ministerio.
Este objetivo principal del real decreto de evaluación se mantendría en su esencia “con independencia de la sentencia de la Audiencia Nacional”, explican estas fuentes.
Además, Sanidad señala que, con este desarrollo reglamentario, “se pretendía un alineamiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/2282 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2021, sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE”.
Evaluación de REvalMed
Desde hace tiempo, el Ministerio de Sanidad había iniciado un proceso de “evaluación crítica” acerca del funcionamiento de REvalMed, tal y como señaló el director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández, en un acto público a finales de 2022. El objetivo era “introducir un nuevo ciclo de mejora” mediante la alineación con el reglamento europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, así como identificar las áreas de mejora o “replanteamientos” que puedan ser necesarios. Entre otras cuestiones planteó la relevancia de mejorar la participación y dotar de más transparencia al modelo.
Esta necesidad de mejorar el sistema de evaluación no solo se había visto por parte de los dirigentes del Ministerio, sino que diversos colectivos, más allá de pacientes e industria, han venido planteando la necesidad de mejoras en los procesos de evaluación que se llevan a cabo con los medicamentos en nuestro país.
Así, un reciente estudio de Funcas consideraba que el modelo actual es “desorganizado y confuso”, con una constelación de instituciones, organismos y redes existente que “dificulta el funcionamiento y la coordinación, derrocha recursos escasos, especialmente de personal, limita y coarta los esfuerzos meritorios e indudables que realizan las organizaciones y las personas participantes y devalúa los nada desdeñables logros y progresos alcanzados”.
Por su parte, la Asociación de Economía de la Salud (AES) brindó su colaboración para mejorar la metodología de las evaluaciones económicas de los IPT. Aunque la asociación valora lo avanzado desde el punto de vista conceptual y de cara a empezar a dar pasos, consideran que hay mucho camino por recorren en materia de metodología, que en algunas de las evaluaciones es casi ausente y “ni siquiera se puede considerar una evaluación”, explicó la presidenta de AES, Anna García Altés, a Diariofarma hace unos pocos meses.
Desde la Red de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) también se ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones la necesidad de colaborar con REvalMEd en la realización de estos estudios.
Además, desde diferentes ámbitos se había denunciado ya la necesidad de “acabar con la voluntariedad” con la que los evaluadores de REvalMed afrontar sus evaluaciones. A este respecto, cabe señalar la distinta situación de los evaluadores de la RedETS, que tienen dedicación exclusiva para su tarea, frente a la de los de REvalMed, que es plenamente voluntarista.
Más allá también cabe destacar el escaso atractivo que los nodos de REvalMed ha supuesto para profesionales, más allá de los farmacéuticos de hospital. De acuerdo con un informe de Sanidad sobre la composición de los nodos, de los 143 miembros de los nodos, el 66% de los integrantes eran farmacéuticos, mientras que la representatividad de las especialidades médicas no era de más de tres evaluadores si se exceptuaba oncología, con nueve y neurología con cinco. Igualmente, era significativa la presencia de solo dos expertos en economía de la salud.
