“En España actualmente el desarrollo de la Evaluación de la Eficiencia de las Tecnologías Sanitarias (EETS) corre a cargo de una compleja y confusa constelación de instituciones, organismos y redes que más que una organización es una desorganización”. Esta es la principal conclusión la que han llegado un grupo de expertos, que han elaborado para Funcas un análisis acerca de las estructuras de evaluación de medicamentos en España y que se ha plasmado en el informe ‘La (des)organización de la evaluación de la eficiencia de medicamentos y otras tecnologías sanitarias en España: diagnóstico’
Se trata del segundo documento de una triada que se inició con ‘La evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias en España: origen, evolución y estado actual’ y que terminará, en los próximos meses, con un último informe con las propuestas de mejora. Todos estos documentos han sido elaborados por José Vida, profesor titular de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III de Madrid y Faus Moliner; Juan Oliva, catedrático de Economía, Universidad de Castilla-La Mancha y Félix Lobo, catedrático emérito del Dpto. de Economía, Universidad Carlos III de Madrid y Funcas.
El documento, cuyo objetivo es analizar la actual organización de las administraciones públicas para la evaluación de la eficiencia de medicamentos y tecnologías sanitarias (EETS) en España, especialmente en su configuración legal, es muy crítico con todo ello y cuestiona incluso el respaldo legislativo de algunos de los organismos y entes a los que se han atribuido funciones y competencias a lo largo de los últimos año, como es el caso, por ejemplo, de la Comisión Permanente de Farmacia (CPF), que formalmente es solo un grupo de trabajo, pese a que se le han otorgado por la vía de los hechos funciones regulatorias. En este mismo orden de cuestiones, también critica la composición de otros órganos, como la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), cuya conformación, con 25 miembros en la actualidad, se ve “inadecuado” y poco “operativa”.
Para los autores, la confusa constelación de instituciones, organismos y redes existente “dificulta el funcionamiento y la coordinación, derrocha recursos escasos, especialmente de personal, limita y coarta los esfuerzos meritorios e indudables que realizan las organizaciones y las personas participantes y devalúa los nada desdeñables logros y progresos alcanzados”. Además, el informe considera que el diseño de estructuras organizativas de calidad técnico-científica “que respondan a los principios de buen gobierno y sean operativas y eficientes” es una tarea que se une a la “necesaria implementación de un régimen jurídico y unos procedimientos adecuados”. Para los expertos, todo esto “constituye una de las asignaturas pendientes de nuestro SNS”.
Sustituir la desorganización
Por todo ello, con base en el diagnóstico detallado presentado, los autores estiman que resulta “imperativo sustituir esta desorganización por un sistema organizativo coherente y razonable”. Para ello, proponen reformar estas estructuras “con una visión de conjunto, estratégica y de acuerdo con un plan a largo plazo, que tenga presente que el progreso y la sostenibilidad del SNS dependen de una EETS de amplia cobertura, bien regulada y organizada, con calidad metodológica e independencia intelectual y correctamente dotada de medios y personas”.
Los autores denuncian la existencia de más de veinte instancias que interactúan en materia de evaluación y financiación de medicamentos, dando lugar a una “compleja y confusa maraña” de entidades que provoca diversas consecuencias negativas como una “importante inseguridad jurídica por falta de concreción normativa”; dificultad en el funcionamiento de las administraciones al “imponer elevados costes de transacción derivados de las negociaciones y trámites” a superar de cara a alcanzar acuerdos y consensos; desaprovecha las economías de escala y derrocha recursos escasos, especialmente de personal técnico muy valioso y competente, al tiempo que “devalúa los nada desdeñables logros y progresos alcanzados por la EETS en España”.
Respecto de la organización responsable de la evaluación de la eficiencia de los medicamentos, el informe detalla que la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia es titular de “funciones amplísimas y de muy alta responsabilidad difícilmente abarcables con sus medios personales”. En este apartado, los informes critican duramente que la CPF “haya sido investida de funciones que no le corresponden” según la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, ni le deberían corresponder de acuerdo con su “su nivel no político y su especialización”, por lo que deberían ser del Ministerio o del Consejo Interterritorial en pleno.
Igualmente, también se critica la composición de la CIPM, que se considera “inadecuada para resolver en detalle los numerosísimos expedientes que conoce”, por el desmesurado número de integrantes, nivel jerárquico excesivo de algunos, especialización y apoyo técnico forzosamente escasos y discutible participación de las comunidades autónomas.
Incluso la configuración del Comité Asesor de la Financiación de la Prestación Farmacéutica (CAPF) es criticada por el mismo documento que firma su presidente, Félix Lobo. Los autores recalcan que su creación tuvo lugar mediante un acuerdo de Consejo de Ministros, “instrumento propio de la creación de simples grupos o comisiones de trabajo pero que no se corresponde con el estatus de órgano colegiado que le atribuyen el Real Decreto Legislativo 16/2012 y el art. 95 Texto Refundido de la Ley de Garantías”. Incluso la orden ministerial de nombramiento de sus miembros no llegó a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “lo que acredita que se considera una simple comisión o grupo de trabajo”. Más allá de estas cuestiones, el documento analiza diferentes aspectos tanto positivos como negativos de los procesos que permiten el trabajo del CAPF.
IPT, REvalMed y Aemps
En lo que se refiere a los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) y las funciones que realizan en ellos la Red de Evaluación de Medicamentos (REvalMed) y la Agencia Española de Medicamentos (Aemps), los autores consideran que REvalMEd puede ser una “red redundante que podría integrarse con la existente red de expertos de la Aemps”, si bien también reconocen que “la atribución de responsabilidades a la Aemps en materia de evaluación de la eficiencia es confusa”. A este respecto, recuerdan que tanto la Ley de Cohesión como la Ley 10/2013 atribuyen la competencia para realizar los IPT a la Aemps, incluidos los análisis económicos, “pero las normas y documentos de organización y la práctica administrativa subsiguientes no han sido congruentes con ellas”.
En cuanto a los procesos y organización, el documento señala la “ausencia de un diseño de conjunto del sistema”, así como la carencia de un marco normativo completo que dote a todos los órganos de entidad jurídica suficiente, que establezca claramente su organización interna y que defina sus competencias y funciones. A este respecto critica la falta de separación entre los procesos de evaluación y decisión, que hace imposible independencia de los primeros.
Además, señala la falta de “una fórmula satisfactoria para coordinar la tarea” del Gobierno de la Nación/Administración General del Estado, por un lado, y las CCAA por otro, “que parta de la mutua aceptación y reconocimiento de las responsabilidades que a cada uno atribuye el bloque de la constitucionalidad y a partir del cual se diseñen instituciones que sin perder la eficacia practiquen la cooperación”.
Recursos humanos
Por último, en materia de recursos humanos, consideran “manifiestamente mejorables” las plantillas de personal técnico, especialmente en los aspectos económicos de la evaluación y lamenta que tampoco se haya organizado la colaboración externa con otras instituciones. Además, critican que esta deficiencia “no se aborda de cara, sino que se trata de paliar con soluciones provisionales e insatisfactorias a base de nuevas comisiones, comités, redes…” Además, el documento insiste en que “faltan garantías legales y organizativas y se desconocen los criterios de selección de los técnicos evaluadores, que deberían ser transparentes, objetivos y según méritos científicos y profesionales”.
Cabe señalar que, aunque uno de los autores de esta triada de informes es el presidente del Comité Asesor de la Financiación de la Prestación Farmacéutica (CAPF), Félix Lobo, su participación en estos documentos se debe única y exclusivamente a su actividad profesional. Además, según ha podido saber Diariofarma, el compromiso para su realización se alcanzó antes de la conformación del CAPF. De este modo, el informe deja claro que el CAPF “se expresa a través de documentos de consenso archivados en la web del Ministerio de Sanidad y de acceso público. El presente documento es ajeno a las tareas del Comité”, remarca.
Nicolas Gonzalez Casares: