El Ministerio de Sanidad está entrando en velocidad de crucero para llegar a cabo los desarrollos legislativos planeados en cuestión de medicamentos: Ley de Garantías, Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y, posteriormente, Real Decreto de Precio y Financiación de los medicamentos. A ellos, se le sumaría el Plan Estratégico para la Industria Farmacéutica.
A lo largo de los últimos meses se ha hablado de que el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias era la prioridad absoluta y que sería probablemente la primera pieza en el Boletín Oficial del Estado, pero la tramitación de la Ley de Garantías o el Plan de la Industria Farmacéutica puede acelerarse al haberse convertido en una “prioridad” para la ministra de Sanidad, Mónica García. Avanzar en los compromisos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) parece ser ahora la el objetivo número uno en este ámbito.
Además, las últimas fases de la elaboración del borrador del Real Decreto de ETS están encontrando algún que otro escollo. El texto se presentó a las comunidades autónomas hace unos días en el marco de la Comisión Permanente de Farmacia y no parece haber sido del agrado de las mismas. Por otro lado, algunas fuentes consideran que se puede haber producido una falta de conexión entre la Dirección General de Cartera Común de Servicios y Farmacia y la Agencia Española del Medicamento (Aemps) en relación con los últimos detalles de configuración del modelo de evaluación.
Por esos motivos, aunque es urgente dotar al sistema de un modelo adecuado de evaluación, especialmente ante la aplicación efectiva del Reglamento Europeo de HTA que se iniciará el próximo enero, es esperable que el real decreto se pueda retrasar algunas fechas.
No obstante, es posible que la actualidad se la lleven el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica y el paso por Consejo de ministros del Anteproyecto de Ley de Garantías.
En este contexto, ambos proyectos se vuelven imprescindibles para el Ministerio de Sanidad. Tener atado un acuerdo con la industria farmacéutica en materia de inversiones, investigación y, por supuesto, sostenibilidad, es muy importante. De este modo, podrá dar por hecho uno de los objetivos que día sí y día también repiten, como parte del relato, tanto García como su secretario de Estado, Javier Padilla: “que lo público marque las prioridades a la industria farmacéutica”.
Una vez acordado esto, todo lo demás podría venir ya rodado. Cabe recordar que uno de los objetivos de la modificación de la Ley de Garantías es la modificación de la disposición adicional sexta, que establece aportaciones de la industria como porcentaje de las ventas al Sistema Nacional de Salud. Hasta ahora solo estaban afectadas las ventas en farmacia, pero se quiere ampliar a las ventas en todo el ámbito público. Y eso, un 2% según lo establecido actualmente, sería mucho dinero, en torno a 180-200 millones de euros.
Estos fondos, más allá de la financiación que se está haciendo al Instituto Carlos III y a formación en uso racional del medicamento en las comunidades autónomas, debería servir para financiar los recursos necesarios para dotar al sistema de las capacidades evaluativas que necesitará.
A este respecto, no son pocos los profesionales de la industria farmacéutica que recelan de la posibilidad de que parte de las revisiones se realicen por profesionales externos. La entrega de información y documentación confidencial que pudiera ser utilizada para fines diferentes a la evaluación del medicamento pone en alerta a muchos de ellos, que se sentirían mucho más cómodos con una evaluación realizada por parte de funcionarios.
José María López Alemany es director de Diariofarma.
Nicolas Gonzalez Casares: