“Con la reforma de la Ley de Salud se crea una sanidad de dos velocidades”

Julio Torrado, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Parlamento gallego, hace balance, en esta entrevista con Diariofarma, de la gestión del Gobierno autonómico en materia de sanidad. Denuncia una acusada falta de recursos humanos y advierte de las posibles consecuencias para la accesibilidad de la reforma de la Ley de Salud que está promoviendo el Gobierno, sobre todo en poblaciones más pequeñas. En materia de farmacia, se queja de falta de transparencia y llama a una mayor integración de las boticas en el Sergas.

Pregunta. ¿Qué balance hace de la gestión del Gobierno de Galicia en materia de sanidad?

Respuesta. Lo que percibimos es una desatención total a la asistencia real. Hay un intento por hacer brillar la gestión a base de cifras, pero hay un problema profundo en el plano asistencial, que se debe, principalmente a la falta de profesional, un problema que ha sido apuntado por todos, por los sanitarios, por los colegios profesionales, por los sindicatos, por las agrupaciones de usuarios. De esa falta de personal se deriva un problema de listas de espera y de saturación. Y ahora, con la reforma de la Ley de Salud, vamos a ir a peor, porque con la concentración asistencial vamos a tener en Galicia pacientes de primera y de segunda, en función de donde vivan. Pensamos que la igualdad de acceso es clave en materia sanitaria y se va a poner en cuestión con esta ley, con la que se va a crear una sanidad de dos velocidades.

P. Decía que el principal déficit que detectan se da en materia de capital humano. ¿Puede explicar cómo está la situación?

R. Lo primero que hay que decir es que las condiciones en las que trabajan los profesionales sanitarios son deficientes, y hay una clara falta personal. Como ejemplo diré que uno de cada cinco, de los 35.000 profesionales presupuestados, no ocupa su puesto de forma estable. Lo dicen los sindicatos y lo decimos nosotros. Existe una alta eventualidad, además de un conocido problema de precariedad en el Sergas. El Gobierno presupuesta en torno a 400 millones para generar precariedad, para contratos temporales.

P. ¿Y qué solución proponen ustedes?

R. Durante 2017 hemos llevado varias propuestas al Parlamento, algunas de ellas varias veces, porque no se nos ha escuchado. Una de ellas tiene que ver con una convocatoria de Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria, de 1.650 profesionales cada año durante los tres próximos ejercicios. ¿Por qué? Porque en los próximos 5-8 años se prevé una jubilación masiva y creemos que hace falta afrontarla desde ya.

P. ¿Han pensado en el origen de los fondos para financiar todo eso?

R. Así es. Una parte saldría de esos 400 millones que el Gobierno dedica a contratos eventuales y otra de las jubilaciones. Con lo que se va a dejar de pagar con esas jubilaciones se cubrirían unas 1.000 plazas nuevas. También incluimos una propuesta de aumento de ingresos a través de los presupuestos. Con todo eso tendríamos la financiación de esos 1.650 profesionales al año durante tres años, lo que implicaría la creación de 5.000 plazas en total, a las que habría que restar las jubilaciones. En total, conseguiríamos incrementar en unos 2.000 profesionales la plantilla del Sergas. El problema de fondo no se resolvería, pero sería un empuje importante para cubrir las urgencias que tenemos. Hay que tener en cuenta que nuestra población cada vez está más envejecida, cada vez tenemos más crónicos y polimedicados, que demandan recursos, y también profesionales. Por eso no entendemos que no acepten nuestras propuestas, o que reduzcan, como han hecho, el número de plazas de aceptados en las facultades de Medicina. Nos encontramos con un Gobierno centrado en que cuadren los números, y estamos de acuerdo en que la sostenibilidad importante, pero igual de importante es la calidad asistencial.

P. Recientemente, Feijóo se unía a presidentes de Asturias, Castilla y León y Aragón, todos ellos de comunidades de distinto signo, para pedir una actualización del modelo de financiación. ¿Cómo interpretaron ese gesto? ¿Cree que puede pasar por ahí al menos una parte de la solución?

R. Todas estas declaraciones de intenciones quedan en brindis al sol. Nosotros esperamos un modelo con el mayor consenso posible, pero sobre todo que no perjudique a Galicia. Para hacer el sistema sostenible, puedes recortar servicios, o planificar mejor y buscar el incremento de ingresos. Nosotros apostamos por ese segundo. Tenemos la mano tendida.

P. Actualmente, el Gobierno está tramitando la reforma de la Ley de Salud, a la que antes hacía referencia. ¿Podría explicar eso de las dos velocidades?

R. Pensamos que con esta reforma hay un problema de forma y otro de fondo. En lo que respecta a la forma, cabe recordar que se trata de la reforma de la ley más importante de la sanidad gallega, la cual no fue anunciada ni en campaña, ni en la investidura… Nunca nadie hizo una mención a ella hasta que apareció en la web de transparencia en la segunda semana de agosto y ofreciendo dos semanas para presentar alegaciones. Ni han dialogado ni han consultado con nadie. Todas las alegaciones de colectivos sociales han sido rechazadas y de las decenas de enmiendas presentadas creo que se han aceptado tres.

P. Vayamos al fondo...

R. Nos genera una gran preocupación la concentración de servicios. Los hospitales comarcales van a perder capacidad de decisión y gestión. Se concentraría casi todo en grandes hospitales, excepto Urgencias, Crónicos y Partos, que van a quedar también en comarcales. Esto va a suponer un problema de accesibilidad, por el envejecimiento de la población y los problemas de movilidad de este colectivo, sumado a las largas distancias que se van a tener que recorrer para poder ser atendidos, con los perjuicios que eso acarreará para sus cuidadores y/o familiares. El sistema estaba precisamente diseñado para evitar esto, y ahora vamos a crear uno de dos velocidades, con buen acceso en las ciudades y otro malo para las poblaciones de menor tamaño. Va a haber ciudadanos, como los del Área sanitaria de Valdehorras, que van a emplear una hora y 45 minutos para ir, por una carretera nacional, a Ourense, donde tendrán el hospital más cercano. 

P. Y ustedes, ¿qué han propuesto?

R. Nosotros defendemos que haya un catálogo de servicios mínimos en todos los hospitales, también en los comarcales, que incluya especialidades de Cardiología, Neumología, Neurología, Traumatología, Alergología… es decir, aquellas que son de recurrencia común. Asumimos que que no puede haber unidad de transplante en todos los hospitales, pero especialidades como Cardio son básicas.

P. El Gobierno destacaba de esta reforma que va a ayudar a la participación de los pacientes. Eso sí es más positivo, ¿no?

R. Estamos de acuerdo, pero la Ley de 2008 ya incluía su capacidad para tomar parte en los órganos de participación social, aunque nunca se convocaba a nadie. No es ninguna novedad. Dicen que se crea un organismo nuevo, que ya está funcionando, que en realidad no es nuevo. En todo caso, no hemos presentado alegaciones. Sólo esperamos que se tenga en cuenta lo que dice ese organismo y no se rechacen sus propuestas.

P. En materia de prestación farmacéutica, ¿qué valoración hacen de la gestión?

R. Ahí destacaría la gran opacidad con la que actúa el Gobierno gallego. Tenemos dificultad para que nos ofrezcan datos e informes. Estoy pensando en política de precios, en desabastecimientos... Nunca hay información clara, se dedican a transmitir comunicados oficiales. En este ámbito no vemos disposición a tener una posición propia, sino un cierto seguimiento de la política estatal. Y lo que no ocurre nunca es que es que se nos anuncien y se nos permita discutir las medidas. Creo que esa opacidad genera una imagen negativa, también de cara a la propia industria.

P. ¿Están satisfechos con el control del gasto en medicamentos?

R. El gasto crece cada año, por una cuestión demográfica, por un aumento de los crónicos y polimedicados. Y ahí nos falta un planteamiento real, basado en la evaluación, para que sepamos si se están haciendo bien las cosas o no. El Tribunal de Cuentas ha hecho observaciones a la Consellería de Sanidad por la cantidad de información que falta en relación con sus presupuestos, por su opacidad. Y luego, tengo que decir que nosotros estamos en contra de la aplicación del copago a los pensionistas, que pensamos que se está recargando el peso sobre ellos, y es una medida que hay que eliminar, algo que no ha hecho el Gobierno de Galicia.

P. Decía que no se anuncian medidas en materia de control del gasto, pero la Consellería ha apostado públicamente por el impulso de los biosimilares. ¿Qué les parece como medida de ahorro?

R. Nosotros estamos interesados en que toda atención, incluida la farmacológica, atienda a máximos estándares de seguridad, eficacia y eficiencia. Y sobre la medida concreta, tengo que decir que la conocemos no porque nos hayan dado explicación, ni se haya llevado a debate parlamentario, ni haya habido una comparecencias o se haya emitido un informe. Nos hemos enterado por la prensa. A veces, la prensa especializada consigue más información que los grupos parlamentarios y nosotros queremos que nos faciliten datos sobre todo esto.  

P. Pasemos al sector de las oficinas de farmacia. ¿Están de acuerdo con el Decreto por el que se adjudican 41 nuevas boticas?

R. Aunque algunos cambios pueden tener una buena intención, somos más partidarios de un mejor reajuste entre la experiencia profesional y los méritos académicos. La experiencia debería tener más peso, sin desprestigiar los méritos, que son importantes. Y luego, el baremo se debería dotar de una estabilidad y, en este sentido, tengo que decir que en ningún momento se nos consultó ni se nos preguntó. Estamos de acuerdo con que se consulte al sector, pero no estaría de más una comparecencia en la Comisión de Sanidad, porque podríamos haber encontrado puntos en común.

P. ¿Qué papel confiere su partido a las oficinas de farmacia? ¿Deberían estar más integradas en el Sergas? 

R. Cuando hablamos de sostenibilidad, no sólo hay que tener en cuenta las cuentas públicas, sino también los empleos directos e indirectos que se generan en torno al sistema sanitario, y ahí es donde se sitúa el sector de las oficinas de farmacia. Las farmacias son empresas, pero son empresas particulares, porque tienen una relación especial con el Sergas, y además cuentan con la confianza de los ciudadanos. Muchas veces, sobre todo en zonas rurales, ejercen de segunda opinión médica. Por eso es importante que estén integradas en el sistema, y que sean más partícipes de determinadas decisiones, ya que el contacto con el paciente que tiene el farmacéutico muchas veces no lo tiene el médico. En ese contexto, hay que idear modelos que las hagan sostenibles.

P. Algo más que quiera añadir...

R. Quiero aprovechar para manifestar que tenemos una necesidad elemental y básica como país de invertir en investigación, especialmente en el ámbito sanitario y el farmacéutico, íntimamente vinculado al I+D+i. En etse sentido, nosotros defendemos que los intereses particulares son legítimos, pero deben hacerse compatibles con los intereses comunes. Por eso, evaluando caso a caso, tenemos que ver si se comparten objetivos y la parte pública y la privada pueden colaborar en algunos proyectos. No vamos a avanzar en la satisfacción de las necesidades de los sistemas sanitarios solo con la investigación pública, pero tampoco si lo dejamos todo en manos de la privada.