Amgen ha hecho público un documento, elaborado a partir de las aportaciones de Daniel Álvarez Cabo, director general de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos; Fernando Antoñanzas, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de la Rioja; Ion Arocena, director general de Asebio; Pedro Gómez Pajuelo, secretario general de la ONT; José Martínez-Olmos, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Senado; Agustín Rivero, ex director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, y Conxita Tarruella, miembro del Patronato de la Fundación Esclerosis Múltiple España, con propuestas para una adecuada financiación de los medicamentos innovadores.
El primero de los aspectos que se abordan en este trabajo es el relacionado con los recursos destinados a sanidad, que, como indican los autores, se han reducido con la crisis y siguen sin alcanzar los niveles previos. En cuestión de fondos, los autores apuntan que el sistema sanitario "cuesta más de lo que presupuestamos", por lo que, si la aspiración es a mejorar la atención y garantizar la equidad, dicen, "la financiación debe ser suficiente y, por tanto, necesariamente superior a la actual. De lo contrario, nos encontramos con un presupuesto destinado a la Sanidad que es insuficiente desde el principio, no realista, y que puede provocar, por tanto, desequilibrios en relación con la equidad dentro de la misma comunidad autónoma".
La asignatura pendiente, señalan, está en la "falta de planificación estratégica, que, además, puede provocar problemas para la incorporación al sistema público de nuevos medicamentos y/o de otras tecnologías sanitarias novedosas". Una posible solución inicial, indican, "partiría de que los presupuestos destinados a sanidad fueran realistas y finalistas, o, al menos, suficientes". También defienden la necesidad de "encontrar nuevas formas de gestión para racionalizar el gasto".
Todo esto pasa por disponer de un Plan Integral de Salud, de fondos de cohesión suficientes, así como por reformar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), para reforzarlo como un órgano real de planificación y coordinación del SNS. La apuesta por la Atención Primaria también sería fundamental, a su juicio.
Un marco para determinar qué es innovación
Los expertos que han participado en la elaboración de este documento también han abordado la cuestión de la evaluación de la innovación. En este sentido, señalan que "el marco regulatorio actual es, en principio, suficiente, aunque deja demasiado espacio a la interpretación y se puede perfeccionar para definir con claridad el concepto de innovación". A este respecto, opinan que "puede ser interesante la regulación precisa de una definición clara y concisa de lo que es un medicamento innovador y la adopción de sistemas de evaluación adecuados y fiables para la evaluación de la innovación de un medicamento, basándose en una metodología claramente definida". "El concepto de innovación debe definirse, pues, adecuadamente y la definición tiene que incluir la creación del valor que aporta en general a la sociedad, así como la aportación de resultados de mejora de la salud sustanciales, objetivables, parametrizables y que se transmitan adecuadamente a los agentes implicados", subrayan.
Sobre esta cuestión, proponen una batería de medidas como la "creación de un organismo que valore el grado de innovación, coordine las políticas y establezca criterios económicos y de financiación", la revisión y ampliación del punto f. del artículo 92.1 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, "de modo que se concreten los parámetros, no contemplados en este artículo, para medir el grado de innovación de los medicamentos", y, finalmente, "asegurar la financiación de la innovación con fondos adicionales aportados desde el Gobierno central a las CCAA cuando el impacto presupuestario sea relevante".
Concretamente, se refieren a la puesta en marcha del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, al que se alude en el artículo 95 del texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, en el que se podría contar con la participación de las CCAA, y que se encargaría de valorar el grado de innovación de los nuevos medicamentos, en función de
los parámetros establecidos.
Resultados en salud
En materia de financiación, también proponen la creación de fondos "para asistir a pacientes que precisan tratamiento en centros específicos de referencia, financiados por el Estado, en aquellos gastos generados
por pacientes de otras CCAA". Asimismo, abogan por el uso "de acuerdos específicos de financiación, como los de riesgo compartido y precio-volumen", cuya aplicación, dicen, "debe ser selectiva, ya que no son útiles para
todos los medicamentos". Y, como no podía ser de otra manera, apuestan por el impulso de "herramientas o indicadores clínicos que nos permitan medir los resultados en salud".
Finalmente, opinan que, precisamente en aras de poder conocer los resultados en salud de un medicamento innovador "es clave disponer de Big Data de ámbito estatal y contar con un registro de pacientes de cada patología". Para ello, sería necesario, culminan, "contar con un sistema homogéneo de captación de datos, en el que colaboraran todas las comunidades autónomas".
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: