La dosis de refuerzo en residencias, a partir del 4 de octubre

La Comisión de Salud Pública decidirá este jueves 16 si finalmente se administra una dosis de refuerzo a las personas que viven en residencias de mayores, propuesta por la Ponencia de Vacunas y que hoy ha sido sometida a la consideración del pleno del Consejo Interterritorial.

En principio, y salvo que la Comisión de Salud Pública no lograra un acuerdo, algo realmente complicado, pues todas las comunidades han dado su visto bueno, la vacunación a los mayores en residencias se iniciaría el 4 de octubre.

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término de la reunión del pleno del Consejo Interterritorial, en la que también ha detallado que la propuesta realizada por la Ponencia de vacunas amplía la aplicación de esta dosis a todo el grupo 7 de la estrategia de vacunación.

Es decir, que ahora quedan incluidas las personas con trasplantes de órganos y médula ósea —a los que ya se les está administrando— pero también a los pacientes en tratamiento con hemodiálisis y diálisis peritoneal o con una enfermedad oncohematológica diagnosticada en los últimos cinco años y no controlada. Además, se incluye también a todas las personas con inmunodeficiencias primarias, los enfermos de cáncer con metástasis y en tratamiento con radioterapia o quimioterapia, los que sufren fibrosis quística y aquellos a los que se les ha diagnosticado sida en los últimos seis meses. También forman parte de este grupo las personas con síndrome de Down mayores de 40 años.

La ministra también ha indicado que conforme al proceso de “revisión permanente” que sigue la ponencia no se descarta la inclusión de otros colectivos como el de las personas mayores no residentes en centros. Y en cuanto a las preferencias de vacunación, Darias ha manifestado el interés del Ministerio por que coincidan con la vacunación de la gripe, si bien en esa cuestión "se irá de la mano con los expertos".

La ministra justificó la aplicación de la dosis adicional en las residencias con el mismo documento en el que la pasada semana la Agencia Europea del Medicamento aconsejaba un pinchazo extra para los inmunodeprimidos. En ese documento se hacía también una referencia a personas mayores y frágiles y para las que residen en centros de mayores.

Sanidad no obligará a los trabajadores de las residencias a vacunarse, como han hecho otros países como Francia, Italia o Grecia y como han reclamado las patronales de los centros de mayores, si bien Darias ha indicado que en sector existe “extraordinario nivel de vacunación”.

Igualmente, tampoco cabe prever que el inicio de estas vacunaciones pueda suponer una merma para el resto de la campaña de vacunación. Las Comunidades Autónomas cuentan, según los datos del Ministerio con siete millones de vacunas almacenadas. De hecho, el Ministerio ha tenido que pedir a Pfizer que frenem momentáneamente el actual suministro de vacunas ante el buen número de reserva y las difíciles condiciones de mantenimiento que necesitan.

“Seguimos en la misma”

Darias también ha descartado que vaya a haber una legislación estatal para regular el uso del pasaporte covid al margen de la acordada en la Unión Europea. Darias ha desoído a varias comunidades que así se lo han demandado y lo ha hecho justamente un día después de que el Tribunal Supremo haya fallado por primera vez a favor de que un gobierno autonómico, en este caso el de Galicia, pueda exigirlo para entrar a bares o restaurantes.

"Nosotros seguimos en la misma" asegura Darias quien considera que "la sentencia de alguna manera viene a acotar el uso, se admite en determinados ámbitos con un nivel de riesgo alto o muy alto, no de carácter general, sino en un ámbito temporal acotado”.

Para la ministra la sentencia del Supremo pone de manifiesto un "camino muy claro: que las comunidades que quieran implantar el uso del certificado covid deben recurrir a los tribunales”.

Darias usa la propia sentencia para argumentar a su favor recordando que la misma hace referencia a una incidencia "alta o muy alta". "La sentencia viene a acotar el uso del certificado, se admite en determinados ámbitos, con un nivel de riesgo algo o muy alto, y con un ámbito temporal acotado, no con carácter general”.

La sentencia, ha insistido, "establece que cualquier medida que afecte a derechos fundamentales ha de someterse a la correspondiente autoridad de ratificación judicial", alejando así la posibilidad de que el Gobierno central legisle para toda España.

Algunas comunidades no lo ven así. Es el caso de Murcia, cuyo consejero, Juan José Pedreño, ha reclamado al Gobierno un “marco legal consensuado con las comunidades autónomas respecto al uso del certificado covid en otras actividades”. Lo mismo ha argumentado Andalucía, que vio como el Supremo rechazaba una medida similar a la que proponía Galica. En su caso, el consejero Jesús Aguirre, ha ido más lejos y ha demandado al Ejecutivo nacional que apruebe una ley de pandemias.

3 de cada 4, vacunados

Tres de cada cuatro españoles han recibido ya la pauta completa de vacunación según los datos del Ministerio de Sanidad. Los datos que ha expuesto hoy la ministra Darias indican que la vacunación enla práctica totalidad de los mayores de 40 “está casi completada”.

En el caso de las personas entre 30 y 39 años, la cifra llega al 71,7%; mientras que en el grupo de 20 a 29 el porcentaje es del 69,5%. Los más jóvenes, en el grupo de 12 a 19 años, la pauta completa alcanza al 62,8% de la población.

En cuanto a la evolución de la pandemia, la ministra ha indicado que la incidencia acumulada por 100.000 habitantes a 14 días mantiene por quinta semana consecutiva su nivel descendente. De la semana pasada a esta ha bajado de los 160 casos a los 101, prácticamente un tercio menos.

En cuanto a la ocupación hospitalaria se ha fijado hoy miércoles en el 3,7%. La variante delta concentra prácticamente el 95% de los casos.