Airef: el voto en la CIPM, solo de las CCAA y en función de población

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha incluido en su informe Spending Review, en el que analiza el gasto farmacéutico a través de receta, una propuesta de cambio en la configuración de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), que podría ser aceptada al menos en parte por el Ejecutivo, dado que se mencionó en la Actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas hace unos días.

Según la Airef, las comunidades autónomas, que son las que disponen de las competencias en la planificación y gestión de la prestación farmacéutica, y son las que asumen en sus presupuestos el gasto farmacéutico, tienen un bajo poder de decisión regional en el mecanismo de fijación de precios y en las condiciones de financiación de los medicamentos (solo 3 de los 11 votos, 27%).

Por ese motivo, ha diseñado un modelo en el que toda la responsabilidad de votación recae sobre las comunidades autónomas y la administración central (Ministerio de Sanidad y de Hacienda) actuarían solo como coordinadores, presidiendo la Comisión de Precios con voz pero sin voto. Falta por ver si la Administración General del Estado considera oportuno, necesario y posible la cesión de todo el poder en una de las competencias exclusivas en el ámbito sanitario que tiene el Ministerio de Sanidad.

En cualquier caso, cabe recordar que ya en el último Consejo Interterritorial del SNS se dio un paso en la representatividad de todas las comunidades, en principio, con voz.

La Airef realiza una propuesta de reparto de votos en función de la población garantizando un mínimo a cada comunidad autónoma. En un ejemplo, sobre un 100% de voto, propone que cada autonomía disponga de dos (uno para la Consejería de Hacienda y otro para la Consejería de Sanidad) y el resto, hasta los 100, es decir, 66 votos, se repartiría proporcionalmente a la población.

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Diariofarma ha hecho una simulación tomando como referencia estos mismos parámetros y sale que Andalucía tendría un 14% del voto, Cataluña el 13% y Madrid un 11%. La Rioja tendría los dos ‘natos’, mientras que el resto de comunidades sí que accederían a un mayor número de votos que los inicialmente establecidos.

Autoridad independiente

Pero la propuesta de la Airef va mucho más allá de la formulación de la representatividad en la CIPM. También propone la creación de una Autoridad Independiente que elabore la documentación que se presenta en la comisión.

Esta nueva entidad, que se nutriría de los recursos técnicos y humanos de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, requeriría no obstante, “mayor dotación”, según la Airef. La financiación para lograr esa mayor dotación saldría de una tasa que se cobraría a los laboratorios por cada expediente.

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Esta autoridad tendría como funciones ser la Secretaría Técnica de la CIPM; la elaboración de proyecciones del gasto y presupuesto farmacéutico, considerando la información del pipeline de medicamentos y ofrecer apoyo a la toma de decisiones: elaboración de análisis técnicos y presentación a la CIPM.

De forma más operativa, se propone una estrategia de horizon scanning, la actualización e integración de sistemas de información y de revisión sistemática de las condiciones de reembolso, con la incorporación de cláusulas de revisión automática y revisiones periódicas de condiciones de financiación de medicamentos ya financiados e incorporar a su vez de forma sistemática el análisis coste-efectividad en la determinación del reembolso y condiciones de financiación de los medicamentos. “Todo ello supondría mejorar notablemente los procesos, la toma de decisiones y la eficiencia del SNS”, asegura la Airef.

Revisiones sistemáticas

Según se recoge en el Spending Review, “la revisión sistemática de las condiciones de reembolso y precios de los medicamentos no es una práctica común en España”. En este sentido, Airef considera que el Ministerio de Sanidad “centra la mayor parte de su esfuerzo en la entrada, y ocasionalmente se llevan a cabo revisiones si se detectan aumentos significativos de gasto”. Pero la entidad propone una revisión sistemática que incluya cláusulas de aplicación automática ya que las revisiones suelen ser “excepcionales con no cumplimientos muy significativos”.

Estas cláusulas entrarían en funcionamiento si “hay caídas de precios en los países de referencia; se incumplen previsiones en la financiación y fijación del precio (impacto presupuestario, desviación del volumen ventas, eficacia del tratamiento, indicación terapéutica, etc.); se financian equivalentes terapéuticos con aportación adicional (o menor precio)”. La implantación de un sistema de revisión de las condiciones de reembolso y precios tendría “impacto significativo en los precios y en el consumo de medicamentos”, asegura.

Los nuevos medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica entre 2008-2017 han supuesto entre un 1% y un 4% sobre el total del gasto farmacéutico durante su primer año de comercialización, pero suponen aproximadamente el 40% del gasto a los cinco años, según la Airef. Por eso, este organismo considera que es muy importante controlar las revisiones de los medicamentos en cartera.

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En cuando a la revisión de condiciones de financiación, la Airef no considera “necesario” aplicar una nueva desfinanciación de un amplio grupos de medicamentos como se hizo por última vez a través del Real Decreto-ley 16/2012. Según este organismo se trata de una “medida coyuntural y, dado el potencial en términos de eficiencia de introducir mejoras en el proceso de revisión de las condiciones de financiación, la Airef considera que no sería necesario aplicar nuevas medidas de urgencia”.

Comités Autonómicos de Evaluación y control de prescripción

Con respecto a las agencias y comités autonómicos de evaluación, la Airef explica que su funcionamiento supone la existencia de “duplicidades” ya que cada uno elabora su propio documento, aunque todos ellos contienen las mismas recomendaciones. Por ese motivo, y dada la existencia de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT), el Spending Review considera “deseable una mayor coordinación entre la AEMPS y las diferentes agencias regionales”.

Otros aspectos abordados en el documento son las políticas farmacéuticas en materia de prescripción. De las medidas analizadas se han realizado hasta seis propuestas diferentes. Desarrollar un protocolo basado en las mejores prácticas en lo relativo a la tutela de la prescripción, en el que sea obligatorio ligar la prescripción al diagnóstico, y que se vinculen además a las resoluciones de la CIPM; diseño de guías de prescripción e implementación de una metodología de sugerencias de prescripción; establecimiento de indicadores de rendimiento y de incentivos a la prescripción; realizar un seguimiento farmacoterapéutico de las prescripciones realizadas con la participación del farmacéutico de atención primaria; implantar controles periódicos en grupos de pacientes o medicamentos de alto impacto, para detectar desviaciones en el consumo de fármacos; implantar planes de educación sanitaria para concienciar a la población sobre la importancia del uso racional de los medicamentos.