La pandemia, que ha marcado claramente la política y la asistencia sanitaria durante los últimos dos años, empieza a permitir, gracias a la vacunación y la menor gravedad de la enfermedad actual, mirar al futuro. Esa mirada se debe realizar, sin embargo, analizando lo ocurrido para tratar de aprender las mejores lecciones y aplicarlas al sistema sanitario del mañana. Diariofarma ha querido, a través de una entrevista, conocer cual es la visión sobre la situación actual del consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, que es en la actualidad uno de los miembros del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS) de mayor veteranía.
Pregunta. Estamos a punto de enfilar la recta final de la legislatura y la pandemia no habrá permitido poner en marcha medidas que en principio estaban previstas. ¿Qué balance realiza de la legislatura?
Respuesta. Hemos estado sometidos a una prueba de estrés como nunca y nuestro sistema ha demostrado ser robusto ya que es capaz de tener una cierta elasticidad para hacer frente a la situación complicada que nos ha provocado la pandemia. Me refiero principalmente a nuestros profesionales, así como a la implicación y la actuación conjunta que han tenido determinados sectores fundamentales. Por ese motivo, deberíamos aprender para el futuro acerca de cómo debemos entender la colaboración público-privada ya que la pandemia nos ha dado la solución a esta ecuación. La colaboración de científicos, sanitarios, empresas privadas y gobiernos nos permite disponer de unas capacidades elásticas para hacer frente a una realidad tan complicada como la pandemia.
P. ¿Qué cuestiones se han visto afectadas por la pandemia?
R. La pandemia ha parado algunas cosas, pero ha acelerado muchísimas. Por ejemplo, la incorporación de la consulta no presencial, que viene para quedarse en una parte, no hubiese sido posible a esta velocidad sin que la población y el personal sanitario hubieran tenido que protegerse. Por el contrario, en el camino se ha quedado el marco estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, que se aprobó en 2019 y ya debía estar en marcha. Nos cogió la pandemia y ahora hay que poner toda la carne en el asador.
P. ¿Estamos en el principio del fin de la pandemia?
R. No sé si estamos en el principio del fin, pero lo que sí estamos es en una situación distinta a la anterior. Tenemos un elevado porcentaje de población vacunado y la sexta ola nos está dando muchos detalles. Es posible que la variante sea menos dañina, pero en esta situación, se ve que se está afectando a residencias con pacientes frágiles y la mayoría son asintomáticos o con síntomas muy leves. Eso nos permite utilizar otras métricas para la monitorización de la pandemia y que podamos dedicar ese tiempo que actualmente se destina a contar caso a caso a hacer otras cosas para el sistema sanitario para que siga siendo resiliente a futuro. También eso nos permite que la sociedad vaya recuperando aspectos de la vida normal a su día a día y que vayamos normalizando la situación. Ahora, vamos a seguir necesitando la incidencia y los indicadores de gravedad, pero la métrica tiene que cambiar hacia un sistema de vigilancia que vea los casos agudos leves y agudos graves.
P. Se habla mucho de la gripalización de la covid-19, ¿cómo lo ve?
R. Esto aún no es comparable a la gripe y podemos estar dando la sensación de que hemos salido de situaciones de las que no hemos salido. No obstante, se puede utilizar el sistema de vigilancia de enfermedades respiratorias ampliado a los casos de covid. Nosotros ya estamos en esta línea y no vemos diferencias. Además, dada la menor gravedad de la pandemia, en la actualidad se permitiría ir a esas otras métricas que descargarían el sistema.
P. Ha habido algunas decisiones, como las terceras dosis de vacunas generalizadas, la vacuna de los niños o la obligación de mascarillas en exteriores, que se han criticado por diversos expertos. ¿Cree que a lo largo de la gestión de la pandemia se han tomado decisiones impulsadas más por la política que por la evidencia?
R. No se podían tomar decisiones en base a evidencia porque se está construyendo ahora mismo.
P. … Pero, por ejemplo, algunos inmunólogos están criticando que se actúa obviando las bases de la inmunología en algunas decisiones de vacunación…
R. Se cambia de criterio porque estamos obteniendo las evidencias a medida que avanzamos en la pandemia. Creo que hay que ser cauto con lo de las evidencias. Siempre que se legisla se está por detrás de las evidencias, nunca antes. Claro que se ha podido tener criterios distintos, pero los estudios que van saliendo indican que no hemos sido un país descabellado a la hora de tomar decisiones.
P. ¿Pero ha habido presión política?
R. Claro, especialmente en un país que se consideraba un país seguro y está pidiendo una solución inmediata. De lo que estoy seguro es de que en todo momento hemos intentado actuar desde el punto de vista del sentido común para generar, si no producíamos un efecto sobre la salud física, que la población estuviera más tranquila al ver que se estaban tomando determinadas decisiones. Creo que en ese sentido no se han hecho mal las cosas, lamentando que se haya tenido que cambiar tantísimas veces de protocolo en poco tiempo, que eso es verdad que ha influido mucho en la forma de trabajar de los profesionales, que han tenido que decir una cosa y la contraria.
P. La gobernanza ha sido uno de los aspectos que han marcado la gestión de la pandemia. Hace ya algunos años Ud. fue uno de los pocos responsables sanitarios socialistas que defendía un papel vinculante para el Consejo Interterritorial. ¿Cómo le gustaría que, de cara al futuro, evolucionara esta cuestión?
R. No sé cómo va a evolucionar, pero me gustaría que fuera en los mismos términos, que sea más vinculante de lo que es actualmente y, para ello, hay que afrontar un cambio del reglamento del Consejo Interterritorial. Se debería hacer sin desvincularlo de la Ley de Cohesión y Calidad, con una adaptación a la ley 40/2015 de régimen jurídico de las administraciones públicas, que es la que regula el resto de las conferencias sectoriales, para que sea más vinculante en la toma de decisiones. Cuando tenemos un objetivo común, como vencer el virus, la cogobernanza es más fácil. En próximas decisiones, a lo mejor no hay enemigo común y, por eso, reclamo que el reglamento de funcionamiento se adapte. Es distinto cuando hay que abordar la sanidad, en la que cada uno tenemos una visión desde la propia ideología. Es mentira que los sistemas sanitarios de una visión socialdemócrata sean iguales que los de una ideología liberal.
P. Ha defendido también la necesidad de una nueva política farmacéutica para, por ejemplo, acercar los medicamentos innovadores a los ciudadanos y también a los profesionales de atención primaria y farmacias comunitarias para que no se descapitalicen en materia de conocimiento. ¿Cree que es posible? ¿Es compartida por otros consejeros?
R. Sí. Lo que pido es que el proceso sea pacífico y que no genere guerras entre profesionales farmacéuticos y médicos de los ámbitos hospitalario y primaria. Pero todo esto tiene que estar basado en la evidencia….
P. … Y propiciado por una legislación central…
R. Sí, porque esto no se sustenta con una regulación autonómica, que puede llegar a la distribución farmacéutica. La solución no está en la distribución, sino en la autorización de los medicamentos. Si el medicamento es lo suficientemente seguro para que se pueda administrar en casa, no hay ningún motivo para que el diagnóstico sea hospitalario, o que, siendo de diagnóstico hospitalario, que se pueda dispensar legalmente en las oficinas de farmacia. Esto no es llevar la caja a la farmacia más cercana al paciente, sino que se realice el acto de dispensación. Aquí hemos banalizado el significado del acto de dispensación de medicamentos, que es una mezcla entre dar el medicamento y ofrecer al paciente una serie de conocimientos que constituyen la atención farmacéutica. Si no hemos entendido eso del modelo español de farmacia, entonces ni creemos en él ni pensamos que lo que se produce en una oficina de farmacia sea algo más que vender medicamentos y eso se podría hacer en cualquier sitio.
P. Ud. ha expresado en numerosas ocasiones que la innovación tecnológica pueden ser un problema para la sostenibilidad. ¿Cómo se debería manejar? ¿No cree que la innovación es parte de la solución para la sostenibilidad?
R. Sí, estoy de acuerdo. Mirando la sostenibilidad desde la óptica social, mi responsabilidad es ofrecer la innovación terapéutica cuanto antes a las personas cuando ha demostrado que es eficaz. Respecto de la sostenibilidad económica, creo que tenemos elementos para asegurarla por la potencia innovadora de nuestro sistema sanitario si sabemos aprovechar bien el data lake sanitario, ya que pocos sistemas sanitarios tienen más información que nosotros como para desarrollar una innovación y casi convertirnos en socio de la industria farmacéutica en el desarrollo de novedades terapéuticas. El SNS debe ser interpretado por la industria como una potencia fundamental para la innovación con muchas ventajas para ellos. Además, eso nos debería permitir ir a modelos de negociación con la industria bastante más adecuados que los actuales.
P. ¿Cree que el SNS está preparado para esas relaciones de partenariado en el desarrollo de medicamentos con la industria farmacéutica? ¿No cree que hay trabas ideológicas para esa colaboración y cesión de datos?
R. No creo que haya una traba ideológica. El sistema está preparado porque tiene los datos. Las dificultades que puede haber son de dos tipos. Por un lado, los que afectan a la interoperabilidad, para hacerlo además seguro y protegido frente a ciberataques y el otro problema que puede haber es habilitar en los sistemas de información un perfil de data manager que analice estadísticamente la información. Tenemos que preparar al sistema para que la utilización de los datos por parte de la industria sea la más adecuada posible preservando la confidencialidad y todo lo que se hace sobre el papel.
P. Entonces no le ve problemas a la aceptación social y política de la cesión de esos datos a empresas privadas…
R. Se está haciendo con los ensayos clínicos. De lo que se trata es de atraer más ensayos clínicos y en fases más tempranas. No le veo la dificultad. De todos modos, también hay que demandar a las empresas mayores componentes en materia de responsabilidad social y eso limaría algunas asperezas. ¿Por qué ha habido desencuentros en materia de patentes de las vacunas de covid? Porque no estaban llegando a determinados países. Desde mi punto de vista es un análisis simplista ya que las vacunas también se tienen que administrar en esos países y la cuestión es que son países con problemas sanitarios muy importantes y el primer mundo les pide que sitúen a la covid al frente de los problemas, porque es lo que nos interesa a nosotros. La cooperación internacional al desarrollo no es enviar vacunas, sino ayudarles a tratar los problemas de salud que ellos sufren. El acceso justo a medicamentos no se consigue solo con la extinción de las patentes sino también con la responsabilidad social corporativa. Podemos hablar e ir a un escenario ganador-ganador en la colaboración con la industria ya que, si se hace con la boca pequeña, el data lake no sirve.
P. Ud. también ha afirmado que es hora de empezar a recuperar normalidad en relación con la pandemia. ¿Cuándo llegará? Por ejemplo, el CISNS mantiene de momento las reuniones extraordinarias…
R. Bueno, se han ido intercalando algunos asuntos importantes. Por ejemplo, el plan Inveat, que es una inversión de una dimensión impresionante para pasar de un SNS con obsolescencia tecnológica y a situarlo en un nivel muy bajo. También se ha aprobado el Plan de Acción de Atención Primaria, entre otras cuestiones. Pese a ello tiene que seguir existiendo covid-19 porque los niveles de incidencia son muy elevados y los tiene que monitorizar el SNS. Además, hay que introducir una cierta normalidad política en todo esto y tiene que bajar el suflé. Ya está pactada una evaluación independiente de la gestión de la pandemia para aprender. El grupo de trabajo ya está aceptado y puede empezar a trabajar. Hay que ir dando pasos a una normalidad política también en estas cuestiones.
P. Una de las cuestiones pendientes en el ámbito farmacéutico es el Plan de Genéricos y Biosimilares. ¿Cómo lo valora?
R. Pues que después de la pandemia no lo voy a apoyar. No se pueden mezclar genéricos y biosimilares. Los genéricos ya están sometidos a unos precios de referencia sobre los que hay que reflexionar y que no se pueden aplicar directamente a los biosimilares. El desarrollo del tejido productivo del ámbito del genérico y biosimilar también es totalmente distinto. El Plan, que no había pasado por el CISNS, creo que no se puede aprobar si genéricos y biosimilares no van nítidamente separados. La pandemia nos ha enseñado que los principios activos se fabrican mayoritariamente fuera de nuestras fronteras y eso no lo podemos permitir. Cambiarlo significa que hay que hacer una inversión mayor para conseguir un sistema sanitario resiliente. El escenario previo a la pandemia en el que se trabaja el plan de genéricos y biosimilares no es igual que el que hay ahora.
P. ¿Ese debería ser uno de los aprendizajes clave de la pandemia?
R. Sí, hay que reducir la dependencia exterior en medicamentos estratégicos. No me imagino lo que ha podido pasar la pobre directora de la Agencia Española de Medicamentos para asegurar el suministro regular de determinados medicamentos que eran fundamentales y que una gran parte son genéricos. Eso ha cambiado completamente el panorama y debería variarse. Ahora mismo no es prudente aprobar un plan que contenga genéricos y biosimilares, que son distintos.
P. El plan anual normativo del Gobierno incluye la modificación de la Ley de Garantías. ¿Qué cree que se debería contemplar en esa modificación?
R. Insisto en lo anterior. Hay que hablar de política farmacéutica y la normativa debería acompañar a la política que se acuerde. Hace falta un plan de política farmacéutica para los próximos años y se debe diseñar teniendo en cuenta el escenario pospandémico, con los aprendizajes de la pandemia. Si las normas no tienen en cuenta eso no nos resultará muy positiva.
P. Nos adentramos en una época dura desde el punto de vista económico, con la posibilidad de una crisis. ¿Cree que el ámbito sanitario debería blindarse frente a posibles recortes?
R. Yo no creo que la situación económica sea mala. El crecimiento del Producto Interior Bruto está repuntando, aunque no sea en una ‘V’, la recaudación también está creciendo y la inflación se está moderando. En cualquier caso, la sociedad tiene que aprender que ningún derecho está fijo para siempre. Hay personas que creen que como nacieron con el SNS y con la educación pública, eso se queda para siempre. Y no, todo ello hay que cuidarlo cada día. Si nos hemos dotado de un sistema que se financia a través de impuestos, no se puede mandar el mensaje de que tendremos los mismos derechos reduciendo los impuestos.
P. Una de las asignaturas pendientes desde hace tiempo es la actualización del sistema de financiación autonómica. ¿Cómo lo abordaría?
R. Hay que empezar a pensar qué sistema de salud queremos. Una vez hecho ese ejercicio, que se debe realizar con participación comunitaria, hay que saber qué respuesta tiene que dar el sistema sanitario para obtenerlo, después calcular lo que cuesta y, por último, pensar en cómo financiarlo. El sistema basado en impuestos permite una población más sana, lo que es mejor también desde el punto de vista laboral; unas coberturas de contingencias cubiertas y que posibilita que se hagan inversiones en otras cuestiones y, por último, una sociedad más satisfecha. Esto hay que planteárselo a la sociedad y que elija. No puede haber los dos discursos.
P. Queda un año y tres meses para el fin de la legislatura y, más allá de la covid, ¿a qué va a dedicar sus esfuerzos José María Vergeles?
R. En atención primaria de salud, en salud mental, vigilancia de la salud y un paso muy decidido hacia la participación comunitaria en salud. Durante muchos años le hemos arrebatado a la sociedad el control sobre el proceso de salud y enfermedad y eso, claramente, ha sido un error. La ciudadanía tiene que volver a recuperar el control sobre su proceso de salud y enfermedad. De otro modo, la salud se convierte en un bien de consumo y no en un derecho. Al paciente se le ha estado diciendo lo que tiene que hacer, pero hay que hacerlo mucho más corresponsable sobre lo que significa salud y va más allá del sistema sanitario, que es una parte muy pequeña de los determinantes que condicionan la salud.