El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, compareció este jueves en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados en sustitución de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien estaba previsto que acudiera según el orden del día de la comisión, para abordar las líneas generales de su departamento al cierre del periodo legislativo. Durante su intervención, centrada en hacer un balance antes del final de curso del Legislativo, Padilla anunció que el Proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios será aprobado en Consejo de Ministros en el mes de julio, una vez realizados los ajustes pertinentes tras la devolución del texto por parte del Consejo de Estado.
La reforma de la legislación farmacéutica ocupó buena parte del discurso del secretario de Estado, quien defendió la necesidad de avanzar en la reducción de los tiempos de llegada de la innovación al Sistema Nacional de Salud. El texto definitivo incluirá herramientas de sostenibilidad y acceso, pero también "elementos vinculados a la industrialización sectorial para ofrecer una respuesta diferenciada según la tipología y el momento de cada medicamento". En este sentido, el ministerio contemplará periodos precoces y condicionados de financiación para aquellos productos que requieran protección en su etapa inicial de mercado.
La gestión de los medicamentos genéricos y la madurez del mercado centraron gran parte de las explicaciones técnicas de la comparecencia. Para los fármacos que ya finalizaron su periodo de protección de patente, Sanidad pretende articular un marco normativo que acelere su incorporación inmediata. Asimismo, el secretario de Estado explicó la evolución del texto normativo tras el periodo de alegaciones, donde se sustituyó el sistema de precios seleccionados por un modelo de precios dinámicos, el cual aplicará una bajada inicial con la entrada del genérico que continuará disminuyendo de forma proporcional al aumento de su volumen de ventas.
La farmacia comunitaria recibió una consideración positiva por parte de la administración sanitaria nacional durante el desglose de las estrategias de control sanitario. El secretario de Estado valoró la utilidad de la red de oficinas de farmacia tras el acuerdo alcanzado con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, al que calificó como "notablemente favorable" para el sistema público. Sanidad trabaja con las comunidades autónomas para trasladar la dispensación de la profilaxis preexposición oral frente al VIH a las farmacias comunitarias, además de incorporar estos establecimientos sanitarios en la distribución de las campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual. Padilla justificó la idoneidad de la medida al defender que las oficinas de farmacia; "no es algo casual, pensamos que hay que sacar el máximo partido de las farmacia que operan como centros sanitarios capacitados para ofrecer un tipo de atención determinada en proximidad".
Plazos en salud pública
Otro bloque de la intervención del secretario de Estado se centró en las políticas de salud pública, donde el ministerio situó de igual forma en el mes de julio la remisión de la ley de tabaco al Consejo de Ministros con la previsión de iniciar el debate parlamentario en las Cortes durante el próximo periodo legislativo. El secretario de Estado situó antes del verano la designación oficial de la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública y estimó la culminación de sus estatutos de funcionamiento, definidos como ambiciosos y homólogos a las estructuras del entorno europeo, para antes de que finalice el presente año. Esta planificación regulatoria coincidirá con la finalización del plan estatal de preparación y respuesta ante crisis sanitarias, cuya tramitación sufrió demoras debido al rechazo autonómico a la comisión de coordinación asistencial propuesta en los órganos de gobernanza.
El balance del cierre de sesiones parlamentarias derivó en un debate político de fondo ante las críticas formuladas por los portavoces de la oposición, quienes cuestionaron la gestión del ministerio en materia de recursos humanos y cohesión territorial. La portavoz del Partido Popular, Elvira Velasco, reprochó al equipo ministerial "encontrarse en tiempo de descuento normativo y acumular retrasos en la tramitación de las iniciativas legislativas desde el año 2024". Velasco criticó la falta de designación de la sede de la Agencia de Salud Pública tras un año de su aprobación legal y censuró la negociación de la reforma del Estatuto Marco, acusando al ministerio de "actuar de espaldas a los consejeros autonómicos de sanidad, quienes asumen el impacto presupuestario y asistencial de las modificaciones de las condiciones laborales de los trabajadore"s.
Conflicto en el sector
La situación laboral del colectivo médico centró la réplica del grupo parlamentario Vox a través de su portavoz, David García, quien censuró la ausencia de la ministra en la comisión y acusó al departamento de "instrumentalizar la sanidad pública con fines ideológicos". García denunció el agotamiento de las plantillas de atención primaria, urgencias y quirófanos, y afeó las declaraciones ministeriales que tildaron de rehenes a los pacientes durante los conflictos sindicales del pasado 17 de diciembre. Desde la oposición se alertó sobre el incremento de la fuga de profesionales jóvenes hacia la asistencia privada o hacia otros países europeos debido al empeoramiento de las condiciones retributivas y la sobrecarga horaria en las guardias del sector público.
La defensa de la gestión gubernamental recayó en la portavoz del Grupo Socialista, Carmen Andrés, quien contrapuso la robustez actual del sistema sanitario frente al adelgazamiento presupuestario derivado de los recortes de legislaturas precedentes. Andrés reivindicó las ampliaciones realizadas en la cartera común de servicios, detallando la incorporación de la atención bucodental, el plan de salud visual y la extensión de los cribados neonatales convalidados en sede parlamentaria.
En el turno de réplica final, Padilla rechazó las acusaciones de parálisis legislativa comparando la producción regulatoria actual con la actividad de mandatos anteriores, citando el impacto del Real Decreto Ley 16/2012 y el proyecto fallido de troncalidad. El secretario de Estado recordó a las fuerzas de la oposición la delimitación de las competencias institucionales vigentes en España, señalando que la valoración diaria que realizan los ciudadanos en las encuestas oficiales responde de forma directa al funcionamiento de los centros de salud y los hospitales, cuya gestión y organización asistencial corresponden en exclusividad a las administraciones de las comunidades autónomas.
Lilisbeth Perestelo: 
