El Gobierno aprueba el proyecto de ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública

Casi un año después el Gobierno ha dado por fin luz verde al proyecto de ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. En febrero de 2023, la entonces ministra, Carolina Darias avanzó la puesta en marcha de este organismo como “una demanda que daba respuesta a los profesionales sanitarios como a los ciudadanos”; hoy, ya en otra legislatura, la agencia será un vehículo para la “colaboración científica, con la industria y con las diferentes instituciones para dar respuesta las estrategias” ante una nueva crisis sanitaria, según explica la actual ministra Mónica García.

El proyecto de Ley que este martes ha recibido el visto bueno del Gobierno será ahora trasladado al Congreso de los Diputados, donde se espera que tras su tramitación pueda por fin ser aprobado.

Con respecto a la ubicación, ya que la nueva Agencia está afectada por  el decreto de descentralización de entidades administrativas, la ministra de ha limitado este martes a indicar en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que “el procedimiento será normal para designar cual va a ser la sede”. Zaragoza y Granada son dos de las localidades que han mostrado su disposición a albergar la sede con la preparación de sendas candidaturas.

Objetivos

El objetivo de la Agencia es “vigilar, identificar y evaluar el estado de salud de la población, así como reconocer los problemas, amenazas o riesgos que pueden surgir en materia de salud pública, prestando especial atención a las desigualdades en salud” y cuenta con cinco objetivos.

En primer lugar, la vigilancia, identificación y evaluación del estado de salud de la población y sus determinantes, así como de los problemas, amenazas y riesgos en materia de salud pública, prestando especial atención a las desigualdades sociales en la salud.

En segundo coordinará la información y comunicación pública sobre la salud de la población y los riesgos que puedan afectarla.

También coordinará las actividades de preparación y respuesta ante crisis y emergencias sanitarias en línea con la Estrategia de Seguridad Nacional.

Por otro lado reforzará la coordinación con los servicios de salud pública y los ervicios asistenciales de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para conseguir el mayor grado de protección y ganancia en salud de la población.

Y finalmente reforzará también las capacidades, la orientación y soporte para el ejercicio de las actuaciones de salud pública de las administraciones públicas y la sociedad civil, con especial atención a los determinantes sociales de la salud y las desigualdades sociales en salud, entre otras, a través del asesoramiento y la formulación de propuestas técnicas y científicas en materia de promoción y protección de la salud y prevención de la enfermedad; de la evaluación y seguimiento del resultado en salud de las políticas y estrategias sanitarias; de la participación en la elaboración de intervenciones en materia de salud pública; del impulso de la capacitación, investigación y de la innovación en materia de salud pública, destinadas a generar, intercambiar y explotar el conocimiento; así como del reforzamiento y la promoción de la cooperación técnico-operativa entre todos los actores que desarrollen funciones en materia de salud pública.

La Agencia nace con un enfoque ‘One Health’ y de esta forma, cooperará con la sociedad civil y las administraciones públicas, en particular, con las competentes en salud animal, salud vegetal, protección ambiental y seguridad alimentaria, para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reduciendo la carga de enfermedades, brindando orientación estratégica y asistencia técnica, creando capacidad, fortaleciendo la investigación operativa, promoviendo la cooperación de todas las partes y la mejora de la colaboración intersectorial.

Compartir datos

El proyecto de ley también prevé la obligación del suministro de datos a la AESAP por parte de todas las administraciones públicas, instituciones, entidades y organismos del sector público y privado, así como de las personas físicas y jurídicas, en especial aquellos necesarios para evaluar el estado de salud de la población, realizar las funciones de seguimiento y vigilancia en salud pública, así como la detección precoz y la evaluación de los riesgos para la salud.

Los datos a suministrar serán establecidos mediante real decreto, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), y cumplirán, en la medida en que sean de aplicación, las previsiones del Esquema nacional de seguridad, del Esquema Nacional de Interoperabilidad, del Reglamento General de Protección de Datos y su normativa de desarrollo, los estándares de interoperabilidad aprobados para el conjunto del SNS, los criterios de normalización y calidad del dato sanitario establecidos por la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS, así como las directrices aplicables al sector sanitario elaboradas por la Oficina de Dato de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.