2025 será un año de importantes cambios para el sector farmacéutico en casi todos los órdenes de la profesión, desde cambios legislativos que van desde la esperada Ley del Medicamento, hasta las reformas de normas europeas como la ley sobre la salubridad de aguas urbanas, pasando por las mejoras en el acceso a medicamentos innovadores. También se otean cambios en la profesión misma, que abogan, entre otras cuestiones por el desarrollo de la Farmacia Comunitaria, como agente sanitario y asistencial, especialmente en el ámbito rural, el papel del farmacéutico en la sustitución de medicamentos, o la mayor integración de la Farmacia Hospitalaria en los equipos asistenciales de los centros… En suma un buen número de retos, que en todo o en parte, van a desarrollarse durante este año que acaba de comenzar.
Una de las cuestiones clave que se espera vea la luz en breve es la nueva ley sobre Garantías y Uso Racional del Medicamento. Prometida para finales del pasado año por el Gobierno y con algún borrador circulando, 2025 cabe prever que se convierta en el año para el debate y aprobación de “nuestra ley”, en palabras del presidente del CGCOF, Jesús Aguilar.
Entre otras cuestiones la ley aborda la reforma del Sistema de Precios de Referencia (SPR) con la creación de un sistema de precios seleccionados, que podría dar lugar a un ‘abono extra’, o copago por parte del ciudadano, en caso de que el medicamento prescrito no se encuentre dentro de los fármacos seleccionados. A lo largo de diciembre el Gobierno está analizando la Memoria de Análisis de Impacto Normativo con el objetivo de llevar el anteproyecto a Consejo de Ministros, Posteriormente entrará en proceso de alegaciones, antes de que el Gobierno vuelva a recogerla y enviar el texto a Cortes para su tramitación parlamentaria.
Además de esta norma, consideraba clave, también hay otras normas que están en proceso de estudio de alegaciones, como es el caso del RD de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, cuyo texto definitivo se espera para enero y el nuevo RD de Precio y Financiación de los Medicamentos, cuyo plazo de alegaciones vence el día 15 de este mes y que seguro que aportará novedades en su redacción definitiva. Otra fecha importante fue el pasado 1 de enero, desde ese momento ha entrado en vigor la norma para el reciclaje de los envases de medicamentos, que permitirá a Sigre participar en el reciclado de residuos de medicamentos en hospitales, superando así el papel que hasta el momento ha venido desempeñando en la farmacia comunitaria.
Junto a las normas nacionales, están también las nuevas normas europeas. Aunque con un plazo máximo de aplicación en los países de 31 meses, a contar desde el pasado mes de noviembre, fecha en que fue aprobada por el Consejo de la UE, la directiva Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, supone actualmente uno de los mayores quebraderos de cabeza de la industria farmacéutica europea. El texto ratificado en el Consejo el pasado 5 de noviembre atribuye a esta industria y a la vinculada a la cosmética, el 90% de la responsabilidad de la presencia de microcontaminantes en aguas residuales urbanas.
Si bien la metodología para atribuir tal resultado y la estimación de costes que tendrá que asumir la industria en virtud del principio de ‘quien contamina paga’, no está aún demasiado clara; lo cierto es que ya se manejan cifras que sólo en España alcanzan los 560 millones de euros. El objetivo de Farmaindustria y del conjunto de entidades europeas es establecer por un lado una moratoria que permita determinar responsabilidades de forma más precisa, pero por otro lado recuerda que esta medida podrá poner en riesgo la productividad europea en medicamentos innovadores.
Precisamente la llegada de la innovación es otra de las cuestiones clave que a borda la nueva Estrategia de la Industria Farmacéutica, que será de plena aplicación en 2025. “Tenemos la oportunidad única de convertir a España en un referente mundial de innovación e industrialización biofarmacéutica”, aseguraba recientemente la presidenta de Farmaindustria, Fina LLadós, en su valoración de esta iniciativa abordada por el Gobierno y los fabricantes de medicamentos, que ha sido unánimemente bien valorada por el sector.
El plan del Ejecutivo aborda efectivamente incentivos para la fabricación y especialmente para dar más celeridad a la aprobación de nuevos fármacos, cuestión en la que nuestro país sigue en una senda deficitaria con respecto a Europa. También sienta las bases para el diálogo entre la Administración e Industria, sin embargo también existen algunas cuestiones que causan cierta perplejidad como la denominada Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que tendrá la facultad, entre otras, de aprobar los criterios de financiación, a propuesta de los Ministerio de Sanidad y de Hacienda.
La literalidad del texto de la Estrategia parece atribuir a esta Comisión aspectos clave sobre la prestación farmacéutica, que hasta ahora dependía exclusivamente del Ministerio de Sanidad. Igualmente el documento aprobado por el Consejo de Ministros atribuye que todas las modificaciones sobre el Programa Profarma “deberán ser en todo caso aprobadas” por esta Comisión.
Profesión farmacéutica
Mientras la normativa arroja luces y sombras cuyo desarrollo solamente se podrá ir conociendo a medida que transcurra el año, desde el plano de la profesión farmacéutica este 2025 se plantea abordar este 2025 en tres ejes que pasan por potenciar la dimensión asistencial de la farmacia, el papel social de la farmacia y la entrada dentro de las nuevas tecnologías.
Así se aseguró en la presentación de presupuestos del CGCOF el pasado mes de diciembre y que se centran, según explicó en su momento el presidente de la entidad, Jesús Aguilar, en “conseguir que donde haya un medicamento, haya siempre un farmacéutico”.
En este plano el CGCOF apuesta por el desarrollo informático y de las herramientas que ya están en marcha para situar a la farmacia como un colaborador del sistema en muchos campos, incluida la Salud Pública para lo cual el Consejo va a lanzar una estrategia integral que “incorpore al farmacéutico y a la farmacia comunitaria en las estrategias autonómicas en este campo”.
En ese sentido las experiencias como la red de farmacias centinela de Galica (la más reciente) y los diversos programas de conciliación, o de dispensación colaborativa, que ya existen en diversos territorios se plantean como pasos previos para dar una mayor extensión a este tipo de iniciativas en todo el país.
Cuestión aparte merecen las farmacias del ámbito rural, especialmente aquellas que se encuentran en la situación de Viabilidad Económica Comprometida (VEC), para las cuales desde el Consejo se reclama un apoyo más decidido por parte de las CC.AA.