Política

“Siempre hemos estado contra las subastas y ahora no vamos a cambiar”

Ana Mestre, vicesecretaria de Bienestar Social del Partido Popular en Andalucía, detalla las propuestas de su grupo para las elecciones del 2D. Piden más recursos para Sanidad, dicen 'no' a las subastas y proponen impulsar la farmacia asistencial.
Ana Mestre, vicesecretaria de Bienestar del PP de Andalucía.

Ana Mestre, vicesecretaria de Bienestar Social del Partido Popular en Andalucía, ha respondido a las preguntas de Diariofarma en relación con las propuestas de esta formación para las elecciones del próximo domingo, 2 de diciembre. Entre otras cuestiones, su candidatura defiende sacar la sanidad de la batalla política, un aumento de recursos para impulsar la mejora de la atención, abolir las subastas y fomentar la farmacia asistencial. Con esta entrevista, este periódico cierra la ronda abierta para conocer más detalladamente los programas de las distintas candidaturas, ya que el PSOE ha declinado su participación.

Pregunta. En Sanidad, proponen un Pacto para garantizar la sanidad "universal, gratuita y de calidad para todos los andaluces, en condiciones de equidad". ¿Qué medidas sería imprescindible incluir en ese Pacto para lograr esos objetivos?

Respuesta. El objetivo prioritario de ese Pacto es que la sanidad no esté en el pim-pam-pum de la batalla política, que no sea un asunto sobre el que hacer política, siendo que unos la hacen con más rigor y otros con menos. Lo primero que planteamos para alcanzar esos propósitos es que el presupuesto de Sanidad alcance el 7% del PIB, un aspecto en el que deberíamos converger todos. También abogamos por la equiparación salarial, ya que no puede ser que Andalucía sea la comunidad autónoma en la que menos cobran los profesionales sanitarios. Este asunto es crucial, porque son la columna vertebral del sistema. Finalmente, apostamos por fortalecer la Atención Primaria, para reducir las listas y los tiempos de espera, y para incidir en la prevención.

P. Hablan de elevar el presupuesto de Sanidad al 7% del PIB andaluz y, más concretamente, llaman en su programa a “abandonar la política de recortes”. ¿No se siente extraña utilizando ese lenguaje que tanto ha sido usado para criticar las políticas de su propio partido?

R. Yo no me siento extraña… A los recortes que nos referimos nosotros es a los que se han aplicado en Andalucía. En otras CCAA ya se ha devuelto lo que se había quitado antes a los profesionales, y aquí no. Para el Partido Socialista los males vienen cuando gobiernan otros, pero vemos que en Andalucía la gestión que se ha hecho es peor que la del resto de CCAA.

P. Con respecto a lo del 7% del PIB para Sanidad, coinciden con Adelante Andalucía, con quien no suelen coincidir en muchas cosas...

R. Es cierto, coincidimos con ellos en que ese porcentaje podría ayudar a impulsar la mejora que necesita el sistema sanitario. Son las cifras que hemos trabajado con el sector. No es extraño que hayamos llegado a los mismos números, porque es lo que nos están pidiendo los profesionales, y es una cifra que está basada en el rigor.

P. En materia de farmacia, una de las medidas en las que están más convencidos es en la abolición de las subastas. 

R. Sí, aunque esto no es nada nuevo. Lo venimos trabajando con los farmacéuticos, con las asociaciones de pacientes. Siempre nos hemos mostrado en contra, y ahora no vamos a cambiar. No hemos visto los efectos positivos, sino los perjuicios por desabastecimientos en farmacias, las dudas sobre eficacia de ciertos fármacos. No es un modelo innovador ni moderno, por lo que no lo podemos apoyar. Ahora que está la responsabilidad en nuestras manos, queremos acabar con ello, y lo haremos de manera coordinada con profesionales y pacientes.

P. Todo Gobierno regional tiene una medida preferida, o varias, para mantener el gasto farmacéutico bajo control. ¿Cuál o cuáles serían las suyas?

R. Hemos trabajado en otras medidas, junto con los profesionales. Nuestro modelo será aquel que no cree problemas a las familias, sin que eso suponga un despilfarro, claro está. Pero es que el supuesto ahorro que se genera con la subasta ni siquiera hemos sido capaces de verlo en ninguna partida presupuestaria del Gobierno, ni el Gobierno ha demostrado dónde está el ahorro.

P. ¿Cuáles serían esas otras medidas?

R. Se pondrán las alternativas en marcha cuando lleguemos a gobernar. Hemos trabajado nuestras propuestas con cerca de 100 profesionales, lo que nos permite presentarnos, más que un paquete de medidas, con propuesta de modelo sanitario para dar respuesta a las necesidades actuales.

P. Entre los objetivos de su candidatura está también el de atraer inversiones en I+D. ¿Qué receta aplicarían para atraer a la industria farmacéutica a su región?

R. Pensamos que todo pasa por apoyar la investigación. Queremos poner en marcha una serie de medidas para hacer Andalucía más atractiva para la industria. Por ejemplo, con bonificaciones fiscales. Tenemos mucho territorio y hemos demostrado nuestra excelencia en la puesta en marcha de muchos proyectos. La capacidad la tenemos.

P. En lo que respecta a la oficina de farmacia, apuestan por la farmacia asistencial y, con ella, por los servicios farmacéuticos asistenciales. ¿Qué pueden aportar?

R. La labor que realizan los farmacéuticos, como decía recientemente el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, no está bien reconocida. Un análisis poblacional permite ver que el sistema sanitario va a necesitar más recursos para la atención a una población cada vez más envejecida. Cada vez va a haber más pacientes crónicos, pluripatológicos, que van a tener que ser atendidos en su entorno, primero por una cuestión de recursos, y luego por su preferencia. Y ahí los farmacéuticos, por su cercanía, sobre todo en enfermedades como diabetes, hipertensión, etc., tienen mucho que hacer. La farmacia asistencial ya es una realidad, pero con la evolución poblacional que se prevé, se le espera una labor más activa en este ámbito.

P. En relación con esto está la polémica suscitada en Madrid, a consecuencia del Proyecto de Ley del Gobierno del PP que abriría la puerta a los farmacéuticos hacer atención domiciliaria. ¿Están ustedes de acuerdo con esto sea así?

R. Si, de acuerdo con el sector y con los farmacéuticos se coincide en esa necesidad, se podría empezar a trabajar en ese sentido, por ejemplo, a través de un proyecto piloto que nos permita ver cómo funciona. Si los farmacéuticos están dispuestos, y los pacientes también, tendremos que estar abiertos. La evolución de la población va a exigir muchos cambios en el sistema sanitario. La ola no nos puede arrastrar.

P. Los profesionales de Enfermería no parecen estar muy de acuerdo…

R. Todos los profesionales son responsables para saber hasta dónde llega su competencia. La clave está en clarificar la competencia de cada uno. De esta forma, no deberían darse problemas. La clave es una actuación en coordinación, para, respetando las competencias de cada uno, dar la mejor atención. Obviamente, Enfermería tiene esa competencia, reconocida y respetada, por lo que la de los farmacéuticos no sería la misma.

P. Hablan también en su programa de servicios profesionales. ¿Remunerados adicionalmente o incluidos en el margen que ya percibe la farmacia?

R. Yo creo que esas cuestiones deben tratarse con el sector, valorarlo con ellos. A lo mejor habría que plantear ese reconocimiento. ¿Que tiene que ser económico? Tendríamos que ver hasta dónde se puede llegar con el conocimiento que atesora la farmacia. Si prestan una mayor labor, y se plantea una mayor asistencia, quizás deba ir acompañado de un reconocimiento, sí. Es un debate que no rehuimos. Igual que se evoluciona en otros aspectos, habrá que reconocer a los profesionales de la farmacia y habrá que avanzar con ellos de la mano, siempre que sea para mejorar la asistencia al paciente. Hay que escucharles, como a las otras profesiones sanitarias.

P. ¿Con qué mensaje cerraría usted esta entrevista?

R. La cerraría diciendo que, para el PP, el sistema sanitario tiene que ser eficiente, y no economicista, que es algo que este Gobierno ha confundido. No se pueden restar derechos a los pacientes ni extrangular la libertad y las competencias de los profesionales.

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