Un nuevo documento elaborado por José María Abellán (Universidad de Murcia), Jaime Espín (Escuela Andaluza de Salud Pública), Jorge Mestre (Universidad Carlos III)y Juan Oliva (Universidad de Castilla-La Mancha)para la Asociación Española de Economía de la Salud (AES), pone de manifiesto la diversidad de procedimientos para asignación de precio. Los autores subrayan que, en cualquier combinación de esquemas para optimizar el modelo, los criterios científico-técnicos y la transparencia son irrenunciables.
Con este trabajo, la AES quiere aportar algo de luz a “una cuestión clave para el sistema sanitario”, contribuyendo al debate social relacionado con el acceso de los ciudadanos a los avances terapéuticos que mejoren su salud y a la integración eficiente de estos avances en el sistema sanitario, sin comprometer su sostenibilidad financiera.
Sobre el procedimiento idóneo para establecer el precio de los medicamentos, los autores alertan “contra soluciones aparentemente sencillas para la fijación de precios que, sin embargo, pueden ocultar espinosas complejidades”.
Los autores realizan un análisis de las diferentes opciones existentes en nuestro entorno y apelan a que “se fije un horizonte al que aspirar, con las debidas correcciones y modulaciones derivadas, entre otras causas, de la naturaleza descentralizada de la gestión de las políticas sanitarias en España”.
Igualmente, los académicos advierten de que, cualesquiera que sean las opciones elegidas, éstas deben dotarse “de los recursos humanos, técnicos y organizativos suficientes para su puesta en funcionamiento”. De este modo, creen que “se podrán alcanzar los objetivos previstos y contribuir a mejorar la solvencia del Sistema Nacional de Salud de acuerdo con la evidencia internacional sobre la aplicación de las distintas opciones”.
Los coautores Jorge Mestre, Jaime Espín y Juan Oliva se muestran cautos en cuanto a proponer un esquema único de asignación de precios, haciendo hincapié en que cada mercado y cada nueva terapia tienen sus particularidades y a que lo más habitual es el empleo de una combinación de los cinco mecanismos analizados: precios basados en valor, precios de referencia internacionales, acuerdos de riesgo compartido, control de beneficios y cost-plus.
De acuerdo con sus conclusiones, a pesar de que existe una creciente presencia internacional de los precios basados en el valor, las políticas de los distintos países contemplan estas herramientas como elementos complementarios “antes que sustitutivos” en sus políticas de asignación de precios y financiación de nuevos medicamentos.
En España, si bien la normativa parece amparar los mecanismos de precios basados en el valor, la escasa transparencia en la fase de decisión sigue siendo un problema. Así, ante el inicio de una fase de reforma en los procedimientos de evaluación de los nuevos medicamentos los autores ponen de manifiesto la necesidad de que “los procesos evaluativos sean lo más sólidos posible desde el punto de vista científico-técnico, que se apliquen los mismos principios generales de buen gobierno y que se doten de los medios adecuados para su desempeño”.
Jorge Mestre ha declarado que la eficiencia tiene que ser una de las claves en el proceso evaluador, partiendo de un consenso sobre procedimientos que atiendan a criterios técnicos objetivos.
Por su parte, Juan Oliva apunta que no le inspiran confianza las propuestas de soluciones simples para una realidad tan compleja como la de la adopción de decisiones en cuanto a precio y reembolso de nuevos medicamentos. Considera que se han dado pasos en buena dirección, como la publicación de informes de posicionamiento terapéutico (IPT) con evaluación económica.
Para Jaime Espín, con las ventajas y desventajas de cada mecanismo, la participación de personal cualificado es determinante. A su modo de ver, también bajo esa lupa habría que analizar las propias políticas de precios de una forma desapasionada y al margen de los cambios de gobierno.
Con HispaNICE o sin él, personal especializado
Ante las propuestas de creación de una agencia evaluadora similar al NICE británico (HispaNICE), los expertos consideran que para garantizar la calidad en el proceso evaluador lo que más importa es la dotación de medios y recursos humanos adecuados, al margen de que adopte la forma de dicho instituto o no.
Preguntados por la posibilidad de que un organismo adicional suponga un retraso en el acceso a la innovación, Espín ha dicho que en un marco de procedimientos establecidos, con plazos predeterminados, no tendría por qué ser el caso.
Por otro lado, Jorge Mestre ha apuntado que una evaluación inicial exhaustiva y de calidad podría hacer que las sucesivas evaluaciones superpuestas fueran innecesarias, con los beneficios que eso reportaría en términos de agilidad.
