El PSOE reconoce que es necesario mejorar el acceso a los medicamentos, “garantizando la equidad y sostenibilidad dentro del Sistema Nacional de Salud”. Por ese motivo, su programa electoral para las elecciones del 23 de julio próximo incluye entre las medidas propuestas, la creación de una autoridad independiente de evaluación de la financiación y fijación de precio de los medicamentos y productos sanitarios, adscrita al Ministerio de Sanidad.
Esta no es la única medida incluida de interés para el sector farmacéutico incluida en el compromiso de los socialistas ya que plantean promover “una ley que permita adecuar la normativa a las necesidades y desafíos actuales y futuros en política farmacéutica del SNS, en el marco de la Estrategia Farmacéutica Europea”. A este respecto, también señalan que impulsarán un ecosistema farmacéutico equilibrado en el que el acceso a la innovación, el uso de medicamentos genéricos y biosimilares, y el cuidado de medicamentos antiguos que aun retienen valor sean compatibles y complementarios, para proporcionar la mejor asistencia a los pacientes y garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en el largo plazo.
Siguiendo con la línea marcada desde 2012, vuelven a incidir en la revisión de los copagos farmacéuticos. De este modo, aseguraran que reformarán “la aportación del usuario al pago de medicamentos para beneficiar a las rentas menores de 18.000 euros, y mantendremos la gratuidad para grupos vulnerables”.
En materia de farmacia indican que apoyarán a la farmacia rural como establecimiento básico en el medio rural de nuestro país, con especial atención a aquellas que prestan sus servicios en las zonas menos habitadas, de menos de 1.000 habitantes.
Respecto de la financiación autonómica, se comprometen a una revisión “en el plazo máximo de un año” que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad. El modelo planteado por los socialistas se baría “en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos”.
El programa, más allá de hacer una recopilación de hitos alcanzados a lo largo de la pasada legislatura, también compromete continuar con algunas de las cuestiones que han quedado sin culminar por la convocatoria de elecciones. En este sentido, mantienen la que es “prioritario” aprobar la llamada Ley de Equidad para “ampliar el acceso universal al SNS, recuperar la cartera común de servicios del SNS, y establecer las garantías necesarias para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios”. Igualmente, señalan que impulsarán la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública o un Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas para la salud pública.
Por otro lado, redefinirán el espacio de la Escuela Nacional de Sanidad, aumentando su autonomía y buscando sinergias con la universidad y el Consejo Interterritorial del SNS (CISNS) y completarán la implementación de la cartera de diagnóstico genómico de manera equitativa en todo el SNS. “De manera prioritaria, impulsaremos el diagnóstico genómico y la identificación de biomarcadores para pacientes con cáncer”, aseguran.
Adicionalmente, plantean la necesidad de un Acuerdo por la Sanidad, que incluirá medidas para las listas de espera y en favor de las y los profesionales sanitarios, así como la creación del Foro Abierto de la Salud o el desarrollo de un protocolo interministerial para la mejora de la atención de familiares y pacientes con ELA.
Alcanzar un pacto por la Salud Mental, la digitalización de la historia clínica, o la optimización de los programas de cribado de cáncer ya implantados o el impulso de una Ley de donantes vivos son otros de sus compromisos electorales.
Nicolas Gonzalez Casares: