PNV y Junts evitan apoyar una moción sobre gestión pública del SNS del PSOE

Las abstenciones de PNV y Junts en la Comisión de Sanidad del Senado marcaron el debate sobre la Moción sobre la gestión pública de los servicios en el Sistema Nacional de Salud (SNS) presentada por el PSOE.

La iniciativa, antesala del próximo proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, evidenció diferencias entre los grupos parlamentarios en torno al papel de la gestión pública y privada en los servicios sanitarios o al menos en su regulación. Aunque el texto tenía mínimas probabilidades de prosperar debido a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, la posición de PNV y Junts sí que será relevante para su viabilidad en el Congreso de los Diputados.

La moción planteaba reforzar el carácter público del SNS y adoptar medidas legislativas y organizativas que consoliden su modelo de provisión sanitaria. En concreto, proponía garantizar el carácter universal, público y equitativo del sistema y promover la preferencia por la gestión directa de los servicios sanitarios frente a otros modelos de gestión.

El texto también incluía medidas dirigidas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de los conciertos sanitarios y a facilitar la reversión de modelos de gestión privada existentes en el sistema sanitario.

Durante la defensa de la iniciativa, Kilian Sánchez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, defendió que la sanidad pública es “uno de los pilares esenciales de nuestro estado del bienestar” y recordó que la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos velar por ella. En su intervención, subrayó que el Sistema Nacional de Salud de España ha sido históricamente “un ejemplo de universalidad, de equidad y de cohesión”, aunque advirtió de debilidades estructurales acumuladas en los últimos años, vinculadas a la infrafinanciación, el deterioro de la atención primaria o el envejecimiento de la población.

Sánchez alertó también del crecimiento de la sanidad privada y de los seguros de salud, citando datos del Ministerio de Sanidad que sitúan en el 32,6% el porcentaje de población con seguro privado. Según indicó, en comunidades como Madrid la cifra alcanza el 44,6%, frente al 19,5% de Navarra, lo que a su juicio puede reflejar diferencias en el acceso a servicios públicos de calidad. Asimismo, criticó el aumento de centros públicos con gestión privada y señaló que “se han incrementado un 37% los centros públicos de gestión privada”, con un gasto aproximado de 4.800 millones de euros, insistiendo en que “el 95% de los procesos clínicos complejos terminan en la sanidad pública”.

Ante esta situación, el senador socialista defendió la necesidad de reforzar el sistema público y respaldó el anteproyecto de ley de gestión pública aprobado por el Consejo de Ministros de España. Según afirmó, frente a “un modelo de negocio” su grupo apuesta por “un modelo de gestión pública”, en el que la gestión directa sea prioritaria y la indirecta tenga carácter excepcional y esté sometida a evaluación previa. En su opinión, esta futura norma permitirá “garantizar accesibilidad, sostenibilidad, calidad, eficiencia, transparencia, equidad, solidaridad, participación y colaboración”, con el objetivo final de situar al paciente en el centro del sistema sanitario.

Debate sobre competencias

Durante el turno de los grupos parlamentarios, la senadora Nerea Ahedo, del Grupo Parlamentario Vasco, explicó la posición de su formación. La representante del PNV situó su postura en la defensa de las competencias autonómicas en materia sanitaria, lo que motivó la abstención de su grupo en la votación de la iniciativa.

La intervención de Ahedo incidió en la importancia de preservar el ámbito competencial de las comunidades autónomas en la organización de los servicios sanitarios, en un contexto en el que la moción planteaba cambios en el modelo de gestión. Por ello, consideró que el ámbito de debate de las formas de gestión deberían ser los parlamentos autonómicos.

La senadora reiteró el compromiso de su grupo con una sanidad pública universal y resiliente, que debe constituir el eje principal de inversión y de políticas sanitarias. Aunque admitió que en “determinados momentos puede ser necesaria” la colaboración público-privada, insistió en que el núcleo del sistema debe seguir siendo la sanidad pública, que su formación continuará defendiendo.

Críticas del Partido Popular

Por su parte, el senador Enrique Ruiz Escudero, del Grupo Parlamentario Popular, mostró el rechazo de su grupo a la iniciativa. Durante su intervención, criticó el planteamiento del PSOE y cuestionó el contenido de la moción presentada en la Comisión de Sanidad, que plantea un “falso dilema entre la gestión directa y los conciertos sanitarios, como si este fuese el mayor problema que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud”.

El senador popular calificó la propuesta como una “una cortina de humo más para tapar el tiempo de acceso a los fármacos, para tapar el problema que existe con los médicos, para tapar el problema de la financiación”, cuestiones que, afirmó, el Gobierno no ha resuelto en los casi ocho años que lleva en el poder.

Ruiz Escudero recordó que los conciertos sanitarios existen desde hace décadas en distintas comunidades autónomas gobernadas por partidos de diferentes signos políticos. En este sentido, señaló que cuando la izquierda habla de privatización como un mantra, se olvida de que “los conciertos sanitarios existen desde décadas”, citando como ejemplo a Cataluña, donde el sistema integra centros de distinta titularidad dentro de la red pública. A su juicio, lo relevante no es quién gestiona, sino que “el ciudadano reciba una atención de calidad en tiempo y en forma”.

Por todo ello, consideró que “la clave no es el dogma, es la buena gestión, es la evaluación constante y es la rendición de cuentas”, afirmó, reivindicando medidas como la publicación de datos de contratos y listas de espera en el portal de transparencia. En este contexto, concluyó que España necesita “más médicos, menos lista de espera y mejor coordinación entre todos los niveles asistenciales con más financiación”, defendiendo un modelo sanitario “moderno, transparente y eficaz, que ponga al paciente en el centro”.

En el debate también intervino Carla Delgado, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, que defendió que el debate sobre la gestión sanitaria afecta al núcleo del modelo de sistema de salud. Según señaló, se trata de decidir “si la salud es un derecho garantizado desde lo público o un espacio abierto a la lógica del mercado”, y reiteró que su formación apuesta por una sanidad pública basada en controles y en gestión directa. En este sentido, anunció el apoyo de su grupo a la moción y defendió el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud aprobado por el Consejo de Ministros de España, que establece la prioridad de la gestión pública y limita la gestión indirecta a situaciones excepcionales sujetas a evaluación previa, memoria justificativa, análisis independiente y publicación de informes.

Delgado defendió que esta propuesta refuerza la transparencia y el buen gobierno del sistema sanitario mediante auditorías, indicadores comunes acordados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la publicación periódica de información sobre conciertos, contratación y resultados en salud. Además, sostuvo que “no existe evidencia favorable a la privatización en términos de eficiencia”, y afirmó que las evaluaciones realizadas en España han mostrado peores resultados en algunos indicadores de salud en modelos de gestión indirecta frente a hospitales públicos comparables. A su juicio, el objetivo debe ser proteger un sistema que garantice la igualdad, ya que “el derecho a la salud no puede depender jamás de ningún código postal, ni procedencia, ni de cuentas corrientes, ni de los apellidos”.