A raíz de la reciente decisión de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM) de no financiar un nuevo tratamientos para la enfermedad de Alzheimer, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha lanzado una reflexión sobre los criterios esenciales que rigen la incorporación de fármacos al sistema público. El número dos del departamento ministerial sitúa la reforma de los indicadores económicos como una prioridad para contener la factura farmacéutica, acuñando la necesidad de instaurar un nuevo marco de evaluación.
El planteamiento de la administración sanitaria parte de un diagnóstico claro sobre la evolución de los costes: el crecimiento constante del gasto farmacéutico, uno de los factores que más empujan el conjunto del gasto sanitario, se encuentra distorsionado por variables ajenas al beneficio asistencial. Padilla indica que "si no todo es sanidad, hacen falta nuevas métricas".
Bajo este concepto, el secretario de Estado valora que el precio final de los fármacos innovadores se encuentra actualmente "absorbiendo" costes asociados a las diferentes etapas de la cadena del medicamento. Sanidad detecta que variables como las medidas gubernamentales encaminadas a aumentar la investigación, el fomento de la producción del fármaco en España o las intervenciones ligadas a la mejora de los procesos de fabricación para reducir el impacto medioambiental acaban repercutiendo directamente en el precio final de comercialización, a pesar de que "no sean políticas puramente relacionadas con su valor en salud o con la gestión farmacéutica".
Desglosar los costes del precio final
Para corregir esta distorsión en la gestión de los recursos públicos, el ministerio defiende la creación de herramientas de medición más precisas. Según detalló Padilla, "cada vez es más necesario generar métricas que permitan saber qué parte de lo que atribuimos al precio final responde a dinámicas abordables desde el final de la cadena y cuáles simplemente reflejan otro tipo de medidas de estímulo a lo largo de la cadena del medicamento". El objetivo es evitar que el presupuesto sanitario sufrague de forma directa políticas de desarrollo industrial o sostenibilidad ecológica que no se traduzcan en resultados clínicos para los pacientes.
Este reequilibrio metodológico coincide con el "empuje constante inflacionista de la innovación biomédica", una estrategia que la industria farmacéutica emplea para recuperar la inversión durante el periodo de protección de la patente y para ocupar una parte relevante del consumo una vez finalizado dicho periodo. Frente a este escenario, Padilla insta a avanzar en la reforma de la ley de medicamentos y productos sanitarios para dar mayor protagonismo a los genéricos y biosimilares en la fase de fuera de protección, garantizando que "los medicamentos innovadores se centren en el periodo de protección mediante una entrada más acelerada de aquellos que cumplan ciertas características" como una efectividad clínica relevante.
Incertidumbre y perspectiva social
El laberinto administrativo de la fijación de precios se cruza inevitablemente con el principio de incertidumbre, definido por Padilla como "probablemente la palabra central en todo proceso de financiación". El secretario de Estado recordó que la falta de certezas sobre la efectividad real o la seguridad de una molécula obliga a establecer una proporcionalidad económica estricta, ya que "con los medicamentos pagamos más cuando menor es nuestro conocimiento sobre el producto".
Para resolver este escenario en el momento de la toma de decisiones, Sanidad aplica filtros basados en el coste y el beneficio a través del nuevo Real Decreto de evaluación de tecnologías sanitarias. Padilla insistió en que "es necesario asegurar que lo que se incorpora al sistema vale el dinero que cuesta y que aquello que vale el dinero que cuesta se incorpora al sistema", un examen donde las nuevas métricas deben conjugar de forma equilibrada tanto la perspectiva del financiador público como la perspectiva social de la enfermedad.
Lilisbeth Perestelo: 
